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POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El caos y la violencia que cada año acompañan la Gran Parada Dominicana en El Bronx, a la que anualmente asisten decenas de miles de dominicanos y es dirigida por Felipe Febles, siguió siendo protagonista el pasado domingo.
Los reportes sobre personas golpeadas, heridos de bala y agresiones con armas blancas son frecuentes cada año. Este año, durante la celebración del 37 aniversario del evento, múltiples jóvenes se involucraron en peleas y enfrentamientos a golpes, según muestran videos viralizados en redes sociales.
Se reportaron daños a vehículos estacionados en las calles cercanas a Grand Concourse, por donde transcurría el desfile.
Igualmente, durante una violenta refriega, agentes policiales incautaron un fusil que portaba el joven Maleek Drakeford, de 19 años, oculto debajo de su vestimenta. También arrestaron a otras16 personas a quienes ocuparon igual cantidad de armas de fuego.
Más de dos mil policías vigilaron el evento. La uniformada difundió un video grabado con la cámara corporal de un agente, en el que se observa el momento en que Drakeford es detenido y despojado del fusil de asalto, el cual estaba cargado.
Al detenido se le imputaron cuatro cargos por posesión ilegal de armas. De acuerdo con las autoridades, el fusil presentaba alteraciones que dificultaban su rastreo y aún no están claras cuáles eran sus intenciones con el arma.
Durante el desfile tampoco predominó la música típica dominicana. Se escucharon pocas bachatas y merengues tradicionales, pese a que ambos géneros fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El merengue en noviembre de 2016 y la bachata en diciembre de 2019.
De eso no se habló, tampoco de la dominicanidad, la cultura, tradiciones y otras identidades del país caribeño.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), agencia federal responsable de regular alimentos, medicamentos y cosméticos en Estados Unidos, emitió este lunes una alerta de retiro de mercado en NY para el queso ricotta blando, al clasificarlo con el nivel de riesgo más alto debido a una posible contaminación por listeria.
El producto se comercializa únicamente dentro del estado y fue vendido entre el 15 y el 18 de mayo en múltiples establecimientos comerciales frecuentados por miles de personas de diferentes nacionalidades.
Gran cantidad de dominicanos, entre otras etnias residentes en NY, consumen el producto. La listeria puede causar infecciones graves e invasivas, especialmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, personas de 65 años o más y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.
La empresa Nelson & Isa Lácteos LLC, con sede en Bay Shore, NY, fabricante del producto, también emitió un aviso de retirada del mercado para el queso.
Según la FDA, el queso venía envasado en un recipiente transparente tipo concha y no tenía información impresa en la etiqueta. En su lugar, los envases llevaban escrita a mano, con un rotulador negro, la palabra "Requesón".
Una investigación de la FDA determinó que los productos retirados del mercado podrían haberse vendido mayormente en establecimientos minoristas.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, valoró la disposición del sector empresarial a contribuir a la divulgación del nuevo Código Penal y su potencial como herramienta para tipificar delitos que el texto derogado no contemplaba por su antigüedad.
Reynoso se refirió al tema tras recibir en su despacho a una comisión del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), encabezada por su presidente Celso Juan Marranzini.
Marranzini estuvo acompañado de Rafael Izquierdo, Paola Ranieri, Julio Virgilio Brache, Lina García, César R. Dargan y Carlos José Martí.
En las etapas de reformas al Código Penal los representantes del sector empresarial aportaron observaciones orientadas a reforzar la seguridad jurídica del país.
En su conversación con la procuradora general, los empresarios plantearon algunas de las acciones que vienen realizando para fortalecer en las empresas áreas como la jurídica, encargada de reforzar los mecanismos que sigan las reglas y el cumplimiento de las normas legales.
“Todo nuestro sector siempre tiene la mayor disposición de trabajar en mejoras continuas”, resaltó Marranzini.
De su lado, Yeni Berenice Reynoso expresó la disposición del Ministerio Público a acompañar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de entendimiento y socialización del nuevo Código Penal.
“Valoramos el interés del Conep y de todos los sectores sociales. Queremos que toda la población conozca a fondo esta nueva herramienta; porque todos debemos esforzarnos en su aplicación para que sigamos construyendo una sociedad con más seguridad, con más garantías de Derecho y mayor protección para las víctimas”, dijo Reynoso.
El Gobierno de la República Dominicana designó al ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, como jefe de la misión especial que representa al país en los actos oficiales de transmisión del mando presidencial que se celebran en la ciudad de Lima, República del Perú.
En su condición de jefe de misión, el ministro Bisonó encabezará la representación oficial dominicana en la ceremonia de toma de posesión presidencial y en las actividades protocolares programadas por el Gobierno peruano.
La designación reconoce la experiencia del ministro en representación internacional del Estado dominicano y se produce en un contexto de estrechas relaciones entre la República Dominicana y el Perú.
Como parte de ese vínculo, Bisonó mantiene desde hace varios años una relación de diálogo y cooperación con la actual presidenta peruana, Keiko Fujimori, forjada en distintos espacios de intercambio político e institucional, lo que ha contribuido a fortalecer los lazos de amistad y entendimiento entre ambos países.
La misión oficial está conformada por el Ministro Ito Bisono, el embajador dominicano en Perú César Herrera Díaz, Don Frank Rainieri y doña Haydee Kuret de Rainieri, los que participaran en las actividades previstas los días 27 y 28 de julio en la capital peruana, reafirmando el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación regional.
Del total de detenidos, 2,321 fueron aprehendidos por agentes de la DGM y 668 fueron entregados por parte de las instituciones de defensa y seguridad del Estado dominicano. Durante los últimos tres días, además, la DGM deportó a un total de 2,946 extranjeros en condición migratoria irregular y de los cuales, al menos unos 1,440 (el 48.87%), retornaron a su país por el puesto de control de Dajabón.
Entre los detenidos por agentes migratorios, el Gran Santo Domingo registró 424 casos; Pedernales 139; Elías Piña 117; Santiago 106; La Altagracia 94. Estas seis demarcaciones junto a Dajabón con 167, concentraron en total 1,047 interdicciones, equivalentes al 45,10 % de las realizadas.
Durante el viernes 24 de julio, se realizaron operativos también en Puerto Plata, La Vega, Valverde, Barahona, Bahoruco, Azua y en San Pedro de Macorís. El sábado 25 de julio, la DGM reforzó su presencia en Villa Mella, Villa Duarte y Manoguayabo, así como en Santiago de los Caballeros, donde intervino en paradas de conchos y motoconchos; mientras que el domingo 26 de julio, se desarrollaron en Los Guarícanos y Cristo Rey en el Distrito Nacional, así como en San Cristóbal y en Monte Plata.
La DGM reitera que estas acciones forman parte de las acciones permanentes que desarrolla la institución para aplicar la Ley General de Migración y la normativa vigente, que fortalecen el control migratorio en todo el territorio nacional.
El Ministerio Público reiteró este lunes que resultan jurídicamente improcedentes las pretensiones de Jean Alain Rodríguez Sánchez de evadir la responsabilidad de enfrentarse a las pruebas del juicio con una reiterada solicitud de extinción de la acción penal que ya ha sido fallada en su contra.
Así lo planteó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien consideró imposible que un tribunal emita una sentencia de extinción de la acción penal en este caso.
“¿Qué va a suceder con este incidente? Lo mismo que ha acontecido con procesos anteriores”, dijo.
Recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido la forma en que se debe contabilizar el tiempo de un proceso. “El plazo para la extinción no es un plazo matemático, es un plazo que debe contemplar la magnitud del proceso y la complejidad, tal y como lo dice la norma”, indicó.
“Y también debe abordar los criterios de plazos razonables, que ahora vienen abordados en el artículo 146 de Código Procesal Penal, por tanto, jamás podrá intervenir una sentencia de extinción en este proceso y se verán conminados a tener que conocer el juicio de fondo”, subrayó.
Dijo que en el día de hoy el imputado y sus abogados, una vez más quisieron retrasar el proceso, pretendiendo que el tribunal les ampliara el plazo de dos horas que les había concedido para la presentación de su incidente. “Pasamos, prácticamente, tres horas para que el tribunal les estableciera nueva vez que solo disponían de dos horas para la presentación de su incidente de extinción”, señaló Ortiz, al responder a los periodistas que la abordaron en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ortiz representa al Ministerio Público con el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y los fiscales Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
Durante la jornada de este lunes el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y rechazó el pedimento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, quienes pretendían que se les concediera más tiempo para presentar las conclusiones del incidente que depositaron por escrito en la secretaría del tribunal.
A solicitud del Ministerio Público, el pasado miércoles el tribunal ordenó la continuación del juicio tras rechazar un recurso de oposición a decisiones anteriores presentado por varias barras de la defensa, incluyendo la petición de la extinción del proceso penal.
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Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, aplazaron la audiencia pasado el mediodía de este lunes y ordenaron su continuación en horas de la tarde, donde Rodríguez Sánchez terminó de presentar su pedimento.
Posteriormente, luego de concluir con la agenda del día, alrededor de las 4:30 de la tarde, el tribunal dispuso el aplazamiento de la audiencia hasta el miércoles 29 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Persecución a la red
El expediente acusatorio establece que Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El Poder Ejecutivo, promulgó mediante Decreto No 507-26 de fecha 27 de julio de 2026, las mejoras incorporadas recientemente al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional.
El presidente de la República dispuso además, la creación de una comisión de seguimiento y socialización para coordinar posibles futuras mejoras al Código, presidida por el doctor Milton Ray Guevara expresidente del Tribunal Constitucional.
Como parte de las acciones orientadas a garantizar la socialización del nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión de seguimiento para discutir futuras mejoras del Código, quien además del doctor Milton Ray Guevara, la conforman la doctora Leyda Margarita Piña Medrano, el doctor Pedro Balbuena, el doctor Ricardo Rojas León, el doctor Julio César Castaños Guzmán, la doctora Luz Díaz, el doctor José Lorenzo Fermín, el doctor Eduardo Jorge Prats, el doctor Alejandro Moscoso Segarra y los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo pone a disposición del país un Código Penal fortalecido mediante el consenso democrático y un proceso de revisión institucional y técnico de los aspectos reformados, reafirmando su compromiso con la modernización del ordenamiento jurídico, el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, el respeto al debido proceso y la consolidación de instituciones cada vez más sólidas y transparentes.
El Código tipifica nuevos delitos adoptados para la realidad del siglo XXI.
