El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, alertó este martes sobre la situación de la mortalidad infantil en la República Dominicana, al señalar que durante los últimos seis años se han registrado 14,688 muertes de niños menores de un año, de las cuales el 78 % ocurrió durante los primeros 28 días de vida.
Durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el dirigente político presentó seis puntos que, de acuerdo con el análisis expuesto por la organización, reflejan problemas que afectan actualmente al sistema sanitario dominicano.
El dirigente del sector salud de la Fuerza del Pueblo colocó la mortalidad infantil entre los principales indicadores que requieren atención y precisó que solamente durante 2023 fallecieron 3,012 menores de un año, incluidos 2,346 recién nacidos.
Alvarado también se refirió a la situación registrada recientemente en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde señaló que durante los meses de julio y agosto fallecieron 30 niños antes de cumplir el primer mes de vida, situación que motivó la visita de legisladores al centro hospitalario.
Como segundo aspecto, el titular de Salud de la FP señaló dificultades en la prestación de servicios en hospitales públicos, incluyendo falta de espacio físico y camillas, principalmente en las áreas de emergencia. Indicó que familiares de pacientes se ven obligados en algunos casos a llevar abanicos, sábanas y detergentes, además de adquirir medicamentos, insumos y material gastable, así como pagar pruebas de laboratorio e imágenes en establecimientos privados.
Al referirse al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Alvarado, quien fue director del Servicio Nacional de Salud (SNS), planteó que existen problemas relacionados con los tiempos de respuesta, la disponibilidad de ambulancias, el mantenimiento preventivo de las unidades y la alta rotación del personal médico, técnico de transporte y de enfermería.
Otro de los puntos presentados corresponde al Programa de Medicamentos de Alto Costo. Sobre este aspecto, Alvarado advirtió acerca de dificultades en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos e insumos, que estarían provocando situaciones de desabastecimiento y afectando a pacientes que dependen de estos tratamientos.
El médico y dirigente político llamó además la atención sobre el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, al considerar que sus deficiencias dificultan conocer oportunamente los problemas sanitarios de la población y diseñar e implementar políticas y acciones dirigidas a la prevención y protección de la salud colectiva.
Como sexto punto, abordó la situación del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y sostuvo que las irregularidades señaladas en esa institución han tenido consecuencias sobre la población, al tiempo que planteó la necesidad de cuantificar sus daños y determinar su impacto sobre la salud de los dominicanos.
Alvarado sostuvo que la mortalidad infantil, las condiciones de los hospitales, el funcionamiento del 9-1-1, la situación del Programa de Medicamentos de Alto Costo, las deficiencias de la vigilancia epidemiológica y el caso SeNaSa conforman seis puntos críticos que, a juicio de la Fuerza del Pueblo, evidencian problemas en áreas fundamentales del sistema sanitario.
Al concluir su intervención, el titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo consideró que estos indicadores requieren respuestas concretas de las autoridades y una mayor capacidad de planificación, supervisión y atención, con el objetivo de garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para la población dominicana.
“La profundización de los graves males en el sector no solamente está limitando la capacidad de los agricultores para iniciar nuevas siembras, sino que se ampliará las importaciones que ya sostienen mas del 50% de las habichuelas que consume el país”, dijo el exadministrador del Banco Agrícola.
Sánchez Roa señaló que, los reclamos planteados por productores y representantes del sector, se sustenta por las obligaciones incumplidas que alcanzan RD$510 millones, distribuidos en RD$205 millones adeudados a los productores de cebolla; RD$210 millones a los productores de habichuela; y a los dueños de maquinarias agrícolas le deben RD$95 millones.
El dirigente agropecuario sostuvo que la falta de pago afecta directamente el ciclo productivo, debido a que los agricultores necesitan esos recursos para adquirir semillas, fertilizantes, preparar los terrenos y cubrir compromisos financieros antes de iniciar nuevas siembras.
Sánchez Roa cuestionó que los recursos que deberían regresar al campo mediante el pago oportuno a los productores permanezcan pendientes y advirtió que esto reduce la capacidad de inversión de quienes sostienen la producción agropecuaria.
“El Gobierno, en vez de invertir para producir, le incauta los escasos recursos aportados por los productores, agravando la crisis del campo y poniendo en riesgo la producción agropecuaria de San Juan”, dijo.
El secretario agropecuario del PLD consideró necesario que las autoridades establezcan un mecanismo urgente de pago y un programa de apoyo que permita recuperar la capacidad productiva de San Juan, especialmente de los pequeños y medianos productores.
Sánchez Roa planteó que, además de honrar los compromisos pendientes, las autoridades deben garantizar que los productores dispongan oportunamente de los recursos necesarios para continuar sembrando y evitar que la falta de liquidez profundice el deterioro de la producción agropecuaria en el Valle de San Juan.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.— Al cierre de septiembre de 2026, la violencia armada ha dejado 9,663 personas muertas y 18,026 heridas en Estados Unidos, algunas de ellas residentes en esta ciudad, según las estadísticas de la organización Gun Violence Archive (GVA), con sede en Washington, D. C.
Entre las víctimas figuran 24 agentes policiales fallecidos y 229 heridos, algunos de gravedad. El policía dominicano Mario García, de 55 años, quien residía en el número 2500 de la avenida Johnson, en el sector de Riverdale, en El Bronx, se encuentra entre los fallecidos.
Asimismo, se registran 172 fallecidos y 290 heridos entre menores de 0 a 11 años. Entre los 12 a 17 años, se reportan 353 fallecidos y 1,931 heridos, muchos de los cuales quedaron en estado crítico.
Durante el 2025, murieron por armas de fuego 38,859 personas: 14,769 por homicidio y 24,090 por suicidio.
Ese año también se registraron 227 fallecidos y 463 heridos entre menores de 0 a 11 años. Entre los 12 a 17 años, hubo 1,042 fallecidos y 2,756 heridos, algunos en estado crítico. Entre los agentes policiales, se reportaron 81 fallecidos y 340 heridos, algunos de gravedad.
La misión de GVA es documentar diariamente los incidentes de violencia armada y los delitos cometidos con armas de fuego en el territorio estadounidense.
POR RAMON MERCEDES
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Falleció por causas naturales el pasado fin de semana. Sus restos fueron velados en la funeraria Jorge Rivera Home Inc., ubicada en el 4543 de John F. Kennedy Boulevard, en North Bergen.
La comunidad dominicana ha recibido con profundo pesar el fallecimiento de quien desempeñó funciones de representación política y servicio público, incluidas labores vinculadas a la Junta Central Electoral (JCE) y al servicio consular dominicano.
Durante su trayectoria, fue vicecónsul en Nueva York y Nueva Jersey. Familiares y allegados recuerdan que, a pesar de las dificultades de salud que enfrentó, mantuvo hasta sus últimos días su interés por la política, el deporte, los acontecimientos de su país y de la comunidad dominicana en el exterior.
Tito Báez deja una huella entre familiares, amigos, compañeros de lucha, dirigentes políticos, deportistas y miembros de la comunidad que compartieron parte de su trayectoria. Fue amigo del autor de esta crónica.
A su velatorio asistieron políticos dominicanos de diferentes organizaciones, empresarios, profesionales, líderes comunitarios, periodistas, funcionarios electos y ciudadanos en general.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La prestigiosa e influyente organización de medios políticos City & State eligió al dominicano Henry Garrido entre los 100 latinos más influyentes en el estado de Nueva York.
La institución organiza cada año debates entre los diversos candidatos de la ciudad y se especializa en temas políticos.
Eligió a Garrido por su desempeño como director ejecutivo del DC 37, el sindicato de empleados municipal más grande de Nueva York, con casi 150.000 trabajadores de todo el mundo empleados en mil puestos diferentes.
Los miembros del sindicato trabajan en parques públicos, hospitales, bibliotecas, museos, escuelas, servicios sociales y en el mantenimiento de infraestructura para la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Autoridad de Construcción Escolar, y la Autoridad del Puente y Túnel Triborough, entre otras agencias.
Garrido, arquitecto de profesión, es el primer latino en dirigir el consejo del DC 37, desde el 31 de diciembre de 2014. Antes de convertirse en director ejecutivo, se desempeñó durante cuatro años como director asociado bajo la administración de la veterana líder del DC 37, Lillian Roberts, quien se jubiló en 2014.
Con las negociaciones contractuales a la vuelta de la esquina, Garrido se encuentra en una posición envidiable y mantiene una relación sólida con el alcalde Zohran Mamdani.
El DC 37 fue uno de los pocos sindicatos que lo apoyó, aunque ocupó el segundo lugar en las primarias demócratas, Garrido fue el único líder sindical que figuró en la lista del círculo íntimo de Mamdani publicada por el New York Times el año pasado.
Respalda la iniciativa del alcalde de aumentar los impuestos a los más ricos y de establecer un salario mínimo de 30 dólares. Este año logró extender un programa piloto de trabajo híbrido para más de 20.000 empleados municipales.
Además, formó parte de la Comisión de Eficiencia Gubernamental de Mamdani y también ha estado dirigiendo discretamente el influyente Comité Laboral Municipal (MLC).
Entrevistado en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, el exdirector general de Migración abordó el origen de las Naciones Unidas y explicó que la organización surgió del orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la Sociedad de Naciones fue creada tras la Primera Guerra Mundial.
En su análisis, ambas organizaciones deben ser entendidas dentro de la realidad geopolítica y de la distribución del poder existente en el momento de su creación. Taveras explicó que, a su juicio, una de las diferencias que permitió a Naciones Unidas mantenerse en el tiempo fue el tratamiento dado a Alemania occidental y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, frente a la situación generada con las potencias derrotadas tras la Primera Guerra Mundial.
A partir de esa comparación histórica, consideró que el riesgo de que Naciones Unidas pueda correr una suerte similar a la Sociedad de Naciones permanece latente. Vinculó esa posibilidad con la evolución del sistema internacional y con la forma en que las organizaciones multilaterales ejercen sus funciones.
Uno de los aspectos centrales de su planteamiento fue el respeto a los “dominios reservados de los Estados”, particularmente en materias que corresponden directamente a sus decisiones soberanas.
En ese contexto, cuestionó lo que definió como “pujos de gobierno mundial” por parte de organizaciones públicas internacionales y burocracias transnacionales, al considerar que determinadas actuaciones pueden desbordar las competencias que corresponden a los Estados.
Taveras situó la política migratoria dentro de esos ámbitos reservados y sostuvo que República Dominicana debe conservar la capacidad de definir y ejecutar sus propias políticas migratorias. Señaló, además, que situaciones similares se presentan en otros países cuando organismos o actores internacionales pretenden incidir sobre decisiones que corresponden a los Estados.
Su planteamiento se inserta en un debate que también ha tenido presencia reciente en el escenario internacional. Durante su intervención ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader defendió la aplicación de las leyes migratorias dominicanas y la facultad del Estado para establecer sus políticas en esta materia.
Taveras sostuvo que esta discusión también debe analizarse desde la realidad del poder dentro del sistema internacional. Explicó que, aunque los Estados son formalmente iguales en el ámbito de las Naciones Unidas, existen diferencias significativas en cuanto a su poder político, económico y geopolítico.
En ese sentido, se refirió al Consejo de Seguridad y al derecho de veto de sus miembros permanentes como una expresión de las diferencias existentes entre la igualdad jurídica de los Estados y el poder efectivo de las grandes potencias.
Desde la perspectiva de la realpolitik, planteó que el peso de las principales potencias tiene una incidencia determinante en las decisiones internacionales. Como ejemplo, se refirió a una eventual reunión entre Xi Jinping y Donald Trump y al peso que, desde esa perspectiva, pueden tener los encuentros entre líderes de las grandes potencias frente a los espacios multilaterales.
El secretario general de la FNP también vinculó el funcionamiento del sistema internacional con su dimensión económica y señaló la influencia que ejercen las grandes potencias sobre las organizaciones internacionales, entre otras razones, por su capacidad económica y los recursos que aportan a esas estructuras.
Al referirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Taveras cuestionó la influencia que, a su entender, pueden alcanzar determinados organismos transnacionales en la elaboración de políticas públicas y legislaciones nacionales.
En particular, sostuvo que estas estructuras pueden generar recomendaciones y propuestas que posteriormente son trasladadas a los Estados para su incorporación en sus respectivos ordenamientos jurídicos, una dinámica que, a su juicio, puede reducir el espacio de decisión de países con menor capacidad de influencia.
Pese a sus cuestionamientos, Taveras reconoció la importancia de las Naciones Unidas como un espacio permanente para que los Estados puedan encontrarse, dialogar, alcanzar consensos y coordinar acciones frente a problemas que trascienden las fronteras.
Entre esos desafíos mencionó el crimen internacional, cuya naturaleza requiere cooperación entre distintos países y mecanismos que permitan coordinar respuestas comunes.
En ese sentido, Taveras planteó que las instituciones multilaterales continúan teniendo una función importante en las relaciones internacionales, pero deben actuar respetando la soberanía y los ámbitos de competencia de los Estados.
Su análisis vinculó así la evolución de Naciones Unidas con la distribución del poder internacional, el papel de las grandes potencias y la necesidad de preservar espacios de cooperación entre los Estados, sin desconocer los “dominios reservados” que corresponden a cada nación.
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