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Entre las principales designaciones figura la del coronel Pedro Radhamés Marte Báez como director Central de Recursos Humanos, en sustitución del general Jorge Miguel Perdomo Sena, quien pasa a dirigir la Dirección Regional Sur Central, con asiento en Baní.
En la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) fue designado el general Edgar Ramón Arnaud Volquez, en sustitución del general Ángel García Jaime, quien asumirá la Dirección de Área de Policía Comunitaria. Mientras que el general Werner Núñez Quezada fue designado director de Área de Policía Cibernética y el general Eddy Pérez Peralta asumirá la Dirección Central de Prevención, en sustitución del general Martín Tapia Sánchez, quien fue designado inspector general de la Policía Nacional mediante decreto del presidente Luis Abinader.
Cambios en direcciones regionales
Como parte de los movimientos, el general Orison L. Olivence Minaya asumirá la Dirección Regional Noreste, con asiento en San Francisco de Macorís, en sustitución del general Julio César Acosta Félix, quien pasa a dirigir la Dirección Regional Nordeste, con asiento en María Trinidad Sánchez. El coronel René Eurispides Luna Kunhardt fue designado director Regional Santo Domingo Oeste, en sustitución del general Eddy Pérez Peralta.
Asimismo, el coronel Edison Cabrera Concepción asumirá la Dirección Regional La Vega, en sustitución del coronel Ramón Dicló Mateo, mientras que el coronel Leuribis Urbaez Mancebo fue designado director Regional La Altagracia, en sustitución del coronel Edward Jesús Díaz Núñez.
Nuevas designaciones
El general César Ares Montás fue designado director Central de Planificación y Desarrollo (Diplan), mientras que el coronel Carlos Tapia Quezada asumirá la Dirección Central de Soporte y Servicio.
En el área especializada, el general Santo Guzmán Amparo fue designado titular de la Dirección Especializada de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), en sustitución del coronel Edwin Hernández Tejada.
Hernández Tejada, a su vez, fue designado director de Área de Prevención y Persecución de Invasores de Propiedades Públicas y Privadas. El general Frank de los Santos Encarnación asumirá la Dirección de Área de Policía de Protección de Servicios Especializados, mientras que el coronel Juan Félix Romero Rosario fue nombrado subinspector general.
También fueron designados el coronel Raymundo Estévez de Luna como subdirector de Área Administrativa del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), en sustitución del teniente coronel Bladimir Caraballo; y la coronel Flavia Montero Romero como directora Central de Asuntos Legales, en sustitución del general retirado Adelso Aibar Martínez.
Además, el coronel Dionisio Agüero asumirá la Dirección de Área de Derechos Humanos; el coronel Yldebrando de Jesús Guzmán Toribio, la Dirección de Área de Supervisión General de Cárceles bajo control de la Policía Nacional; y el coronel Eduardo Bautista Puello será titular de la Dirección Especializada del Metro de Santo Domingo.
La Policía Nacional indicó que los cambios forman parte de las acciones de la actual dirección general para dinamizar las estructuras operativas y administrativas, fortalecer la capacidad de respuesta y continuar acercando el servicio policial a las comunidades.
“Una contratación pública funciona cuando aquello que se contrató llega a tiempo, cumple con la calidad esperada y responde a una necesidad real de la gente. Ese debe ser siempre nuestro punto de referencia”, expresó el jefe de Estado.
Estas consideraciones las expresó al participar por segundo año consecutivo en el acto de apertura del II Foro de Contratación Pública: “Fortaleciendo la gobernanza para una gestión íntegra y transparente”, con miras a analizar los avances, desafíos y la implementación de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, y que se celebra este miércoles 19 y jueves 20.
Espero, sobre todo, que estos dos días sirvan para hablar con franqueza, para identificar lo que debemos corregir y para avanzar hacia una contratación pública cada vez más eficiente, competitiva y responsable”.
Para lograrlo, el gobernante instó a contar con servidores públicos capacitados,proveedores responsables, órganos de control con pleno ejercicio de sus funciones y reglas aplicadas con equidad. Dijo, además, que la ley promueve mayor planificación y trazabilidad digital, nuevas modalidades de contratación y mecanismos de supervisión más efectivos.
Finalmente, reiteró que resulta primordial la alianza entre el sector público, la empresa privada, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales.
Mayor apertura, competitividad y oportunidades
En las palabras de apertura, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, detalló los avances registrados en la entidad y afirmó que reflejan un mercado más abierto, competitivo y con mayores oportunidadespara los proveedores, destacando que el 59.8 % de los participantes fueron adjudicados y las pequeñas y medianas empresas recibieron el 44.7 % del monto total adjudicado en 2025, equivalente a unos RD 123,000 millones.
Dijo que las ofertas recibidas aumentaron en más de un 370 %; el Registro de Proveedores del Estado creció un 56 %; las entidades obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones aumentaron un 121 %; la cobertura hospitalaria integrada al sistema se incrementó en 826 % y se incorporaron 195 nuevos municipios y distritos municipales, para un crecimiento superior al 400 %.
Responsabilidad penal
De su lado, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, instó a los servidores públicos a ser íntegros, recordando que el nuevo paradigma legal reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que en el marco actual se permite la acumulación de penas al incurrir en actos de corrupción, entre los que citó el soborno.
“Un acto de corrupción, seguido de otros actos de corrupción, más lavado de activos, puede llevarlo a una condena en la que dure décadas sin ver la libertad”.
Señaló que, con el nuevo Código Penal y las leyes de Compras y Contrataciones, Extinción de Dominio y la de Lavado de Activos, la República Dominicana tiene todo lo necesario a nivel legislativo para una persecución altamente efectiva.
Temas que se van a abordar
Durante estos dos días se abordarán temas decisivos: el régimen de sanciones, la prevención de riesgos, los mecanismos de monitoreo, la solución de controversias, el papel de los órganos de control y la participación de la ciudadanía. La actividad es coordinada por la DGCP, a través de su Centro de Estudios e Investigaciones en Contratación Pública (CEICP).
De acuerdo con las declaraciones del mandatario, es la primera vez que el país cuenta con la voluntad de un proceso nacional, dirigido por el Estado, para titular las áreas protegidas a su nombre.
El mandatario consideró la adquisición de estos títulos como un paso fundamental para prevenir ocupaciones ilegales, evitar la fragmentación de los ecosistemas, proteger los bienes del Estado y garantizar una gestión ambiental ordenada.
“Montaña La Humeadora es, en muchos sentidos, una verdadera fábrica natural de agua. Protegerla significa proteger la agricultura, el consumo humano, los ecosistemas y la capacidad de nuestro país para enfrentar los efectos del cambio climático”, indicó el gobernante al tiempo de señalar que desde sus montañas, ubicadas en la cordillera Central, nacen más de 16 ríos y 71 arroyos.
Por su parte, el Parque Nacional Loma Novillero, que se encuentra en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, contribuye a la regulación hídrica y a la conservación de importantes cuencas del país, de las que se benefician poblaciones como San Cristóbal, Villa Altagracia y Santo Domingo.
Además, se encuentran en trámite los procesos de titulación del Parque Nacional Los Haitises y del Parque Nacional Loma Siete Picos, dos áreas que el mandatario calificó como de gran importancia ecológica, hídrica y cultural.
Comisión permanente
Anunció que, mediante el Decreto 581-26, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Presidencial Permanente para la Identificación, Saneamiento, Regularización y Titulación de los Terrenos Estatales Ubicados en Áreas Protegidas.
Dicha comisión tendrá el objetivo de promover, facilitar y dar seguimiento a las sanciones dirigidas a la identificación, inventario, georreferenciación, depuración documental, saneamiento, regularización catastral y registral y titulación, a favor del Estado dominicano, de los terrenos estatales ubicados dentro de los límites legalmente establecidos de las áreas protegidas.
La comisión está integrada por Manuel Alexis Read Ortiz, quien la preside; Víctor Alfonso Ynoa Gómez, secretario técnico; el ambientalista Luis Carvajal; el representante del observatorio de políticas ambientales y áreas protegidas, Rafael Delgado Suriel (el padre Chelo), y la periodista Altagracia Salazar.
Con esta acción, el presidente Abinader reafirma la voluntad y continuidad formal de los trabajos de titulación de terrenos en los parques nacionalesiniciados en su administración, una acción sin precedentes que impactará positivamente la protección y conservación de más de 43 mi
Ante las altas temperaturas que se registran en esta época del año, el ministro de Salud, Víctor Atallah, recomendó a la población reforzar las medidas de prevención para evitar deshidratación, agotamiento y otras complicaciones asociadas a la exposición prolongada al calor.
A solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra otro hombre vinculado a la estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos y que fue desmantelada con la Operación XL526.
El caso fue declarado complejo y se impuso la prisión preventiva al procesado Argenis Natanael Peña Cabrera, quien enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología, actividad que le permitió generar recursos que luego colocaba en el sistema financiero.
Además, según la acusación, adquirió bienes suntuosos, viviendas, vehículos y prendas de alto valor en el mercado, los cuales no puede justificar.
La investigación confirmó que el procesado adquirió y utilizó dinero proveniente de sus actividades ilícitas de crímenes y delitos de alta tecnología. Posteriormente, para ocultar el origen ilícito del dinero inició un proceso de colocación mediante transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo para estratificarlos y convertirlos en bienes y derechos adquiridos. De esa manera, el imputado buscaba poseer, transferir, ocultar y encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación y propiedad de los bienes o derechos adquiridos con dichas actividades ilegales.
Peña Cabrera empezó a registrar movimientos no acordes con su perfil económico en el que se resalta la recepción de dólares americanos por medio de remesas y divisas cuyo origen no se corresponde con ningún tipo de actividad económica lícita o relevante en el ámbito financiero o laboral.
Por el caso también son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, los artículos 14, 15 y 16 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El expediente está sustentado con más de 700 elementos probatorios.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago sometieron a los imputados a la justicia y solicitaron que el proceso fuera declarado complejo por la pluralidad de imputados y de víctimas, además por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, también, al lavado de activos, por lo que se necesita tiempo suficiente para profundizar la investigación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal Dominicano.
La Operación XL526, ejecutada el pasado 2 de junio contra la estructura criminal, la encabezó un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas también fueron arrestadas con fines de investigación.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Los miembros de la red atacada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas.
Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
La organización del crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.
Los integrantes de la red se apoyaban en su dominio del idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas.
El modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Los fondos así obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó la fusión de expedientes en el proceso penal por corrupción administrativa que se sigue contra Donald Guerrero y compartes.
En su decisión el tribunal ordena la fusión del expediente presentado contra el exsenador Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con el documento matriz de la acusación presentada contra Donald Guerrero y compartes para conocerlo en un solo proceso.
El Ministerio Público estuvo encabezado por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, así como por los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor y Melbin Romero.
Durante la primera audiencia para conocer el fondo, que estaba programada para conocerse este miércoles, las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, rechazaron la solicitud de reposición de plazos presentada por las barras de la defensa y fijaron la continuación del juicio para el próximo 2 de septiembre del año 2026, a las 9:00 de la mañana.
El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente de la Operación Calamar, entre ellos, contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una errónea apreciación de varias pruebas.
El Ministerio Público acusa al grupo de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
El proceso penal
En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura además sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.
En el proceso el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de pruebas.
La Operación Calamar se puso en marcha el 18 de marzo de 2023, con la ejecución de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
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