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NUEVA YORK.-Zohran Mamdani anunció nuevas medidas de la alcaldía de Nueva York para defender las leyes de ciudad santuario y proteger a los inmigrantes.
El anuncio se hizo en el primer Desayuno Interreligioso (Interfaith Breakfast) anual del nuevo alcalde, que reunió esta mañana a cerca de 400 líderes religiosos y comunitarios de los cinco distritos.
Durante el evento el alcalde Mamdani firmó una orden ejecutiva integral para reafirmar el compromiso de la ciudad de ser un santuario para todos los neoyorquinos. La orden #13 busca proteger la privacidad y los datos de los inmigrantes y de todos los residentes; refuerza las restricciones a la aplicación de la ley federal de inmigración en propiedades de la ciudad; inicia una auditoría para garantizar que las agencias municipales cumplan con las leyes de ciudad santuario; y establece un comité para coordinar la respuesta ante crisis en todo el gobierno municipal en caso de que se intensifiquen las acciones federales de inmigración u otros eventos importantes.
El alcalde Mamdani también lanzó la campaña “Conozca sus derechos” para informar a los inmigrantes, distribuyendo cerca de 32,000 folletos en 10 idiomas para que los líderes religiosos los compartan con sus congregaciones.
El texto informa sobre los derechos de los neoyorquinos durante las interacciones con las autoridades federales de inmigración, incluido guardar silencio, hablar con un abogado y pedir un intérprete. “En todo el país, día tras día, somos testigos de una crueldad que conmueve la conciencia.
Agentes enmascarados, pagados con nuestros propios impuestos, violan la Constitución y aterrorizan a nuestros vecinos”, dijo el alcalde Mamdani, según el comunicado citado por su oficina.
“Por eso, esta mañana, firmo una orden ejecutiva que fortalecerá la protección que nuestra ciudad brinda a nuestros conciudadanos neoyorquinos contra la aplicación abusiva de las leyes de inmigración.
Esta orden es una reafirmación contundente de nuestro compromiso con nuestros vecinos inmigrantes” La Orden Ejecutiva #13 reafirma que la información recopilada por las agencias municipales para fines propios de la ciudad debe permanecer protegida y no puede compartirse con las autoridades federales de inmigración, salvo que lo exija la ley.
Según la orden, cada agencia tiene 14 días para nombrar un responsable de protección de datos, impartir capacitación y certificar el cumplimiento de las protecciones de santuario que limitan el intercambio de información.
La Orden también deja claro que las propiedades de la ciudad, incluidos estacionamientos, escuelas, albergues, hospitales y otros espacios públicos, son exclusivamente para fines municipales. Las autoridades federales no pueden ingresar a propiedades de la ciudad sin una orden judicial.
Además, se instruye a las agencias principales a desarrollar e impartir capacitación a los empleados municipales sobre cómo interactuar con las autoridades federales de inmigración.
Igualmente la Orden Ejecutiva #13 establece un Comité de Respuesta Interinstitucional para coordinar las políticas de acción entre las agencias municipales ante crisis “y garantizar una respuesta integral del gobierno municipal”.
El material “Conozca sus derechos” está disponible en inglés, español, mandarín, francés, bengalí, ruso, árabe, criollo haitiano, urdu y yiddish, los idiomas hablados por las personas más afectadas por las redadas de inmigración federales, según la alcaldía.
(FUENTE: EL DIARIONY)
La inversión es de RD$2,485 millones, 971 mil, 407 pesos con 80 centavos y está distribuida en 442 renglones que incluyen, además, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio requeridos para el óptimo funcionamiento de los centros hospitalarios que integran el Servicio Nacional de Salud.
El director de PROMESE/CAL, José Luis López Pérez, explicó que la naturaleza técnica de la institución, es comprar, almacenar y distribuir medicamentos a la red hospitalaria, así como a las Farmacias del Pueblo.
Indicó, además, que se trata del primer proceso de Licitación Pública Nacional lanzado bajo el amparo de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25 y su reglamento de aplicación también de reciente publicación, los cuales mejoran la competitividad entre oferentes, agiliza los procesos a la vez que robustece la transparencia y el sistema de consecuencias.
Las propuestas en sobre A y sobre B serán recibidas los días 23 y 24 de marzo en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sede central de PROMESE/CAL y el viernes primero de mayo a partir de las 9:00 a.m. serán conocidas las propuestas económicas.
NUEVA YORK. – La República Dominicana avanza de manera sostenida hacia un modelo de envejecimiento activo, saludable y digno, sustentado en un enfoque de derechos humanos y en el fortalecimiento de su sistema de protección social.
Así lo afirmó el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), doctor Demetrio Vicente Ureña, durante su participación en la 64ª Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (CSocD64).
El funcionario destacó que el país ejecuta programas integrales dirigidos a las personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad, que incluyen servicios de cuidado, atención domiciliaria, gestión de pensiones solidarias, así como apoyo psicosocial y legal gratuitos, amparados en la Ley No. 352-98, que garantiza los derechos fundamentales de este segmento poblacional.
Vicente Ureña explicó que estas acciones fortalecen progresivamente un sistema de cuidados basado en la corresponsabilidad social y familiar, como parte de una política pública que coloca el desarrollo social en el centro de la agenda nacional.
“El desarrollo social es un eje transversal de las políticas públicas dominicanas, con un enfoque de derechos humanos, ciclo de vida y territorialidad, orientado a reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social”, puntualizó.
Asimismo, señaló que la República Dominicana consolida un modelo inclusivo para las personas con discapacidad, a través del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), con iniciativas como la certificación y valoración de la discapacidad y el fortalecimiento de sistemas de información desagregados.
El titular del CONAPE resaltó que el sistema de protección social dominicano acompaña a las personas desde la primera infancia hasta la vejez, con programas como el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, INAIPI, la Jornada Escolar Extendida, iniciativas para la juventud y políticas de apoyo a más de 1.6 millones de hogares mediante el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el programa Supérate.
La CSocD64 se celebra del 2 al 10 de febrero en la sede de la ONU, bajo el lema “Impulsar el desarrollo social y la justicia social mediante políticas coordinadas, equitativas e inclusivas”, y reúne a Estados miembros para analizar estrategias de erradicación de la pobreza, trabajo decente, economía social y sistemas de apoyo a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
En el marco de este encuentro, el doctor Vicente Ureña se reunió con sostuvo un encuentro con el embajador Wellington Bencosme, representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, durante cual comentaron sobre del CONAPE en favor de los envejecientes, así como el compromiso con las políticas de desarrollo social y protección de los sectores más vulnerables.
El encargado de Asuntos Agropecuarios del Partido Fuerza del Pueblo, Héctor Acosta, expresó serias preocupaciones sobre el manejo del Banco Agrícola de la República Dominicana y la situación actual del sector agropecuario en el país.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, donde Acosta señaló que la cartera del Banco Agrícola se sitúa entre RD$127 mil y RD$130 mil millones, lo que representa entre 10.5 % y 11.5 % de la cartera total de préstamos de la banca comercial, estimada en unos RD$2.1 billones.
El dirigente agropecuario afirmó que existe una queja generalizada de los pequeños y medianos productores, quienes aseguran que los préstamos a tasa cero, destinados a respaldarlos en momentos de dificultad, no están llegando a quienes más los necesitan.
Acosta advirtió que las estadísticas del propio Banco Agrícola reflejan un incremento en el monto promedio de los préstamos, lo que, a su juicio, indica una reorientación del crédito hacia productores de mayor escala, dejando en desventaja a los pequeños agricultores, que son los más vulnerables ante fenómenos naturales, altos costos de insumos y pérdidas de cosechas.
Asimismo, sostuvo que los rumores y denuncias reiteradas sobre préstamos otorgados a personas sin vinculación directa con la actividad agropecuaria, incluyendo dirigentes políticos, ameritan la realización de una auditoría exhaustiva por parte de la Cámara de Cuentas, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Banco Agrícola.
En cuanto al panorama del sector agropecuario, Acosta aseveró que este atraviesa una de sus etapas más difíciles, debido al aumento de las importaciones, la desaparición de los servicios de extensión y capacitación del Ministerio de Agricultura y las deudas millonarias del Estado con distintos sectores productivos, lo que impacta negativamente en los niveles de producción nacional.
El dirigente también criticó la decisión del gobierno de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura, pese a que este último enfrenta serias limitaciones operativas. Destacó que el IAD administra alrededor de 10 millones de tareas de tierra, agrupa 600 asentamientos campesinos y beneficia de manera directa a más de 115 mil productores, impactando a más de medio millón de dominicanos.
Acosta reiteró la propuesta de Fuerza del Pueblo de transformar el IAD en un Instituto de Desarrollo Rural (INDER), orientado al desarrollo sostenible del campo, la mejora de la calidad de vida de los campesinos y el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria de la República Dominicana.
