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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) reforzar las investigaciones sobre el caso de la niña de 11 años de edad Stephora Anne-Mircie Joseph, fallecida durante una excursión realizada por su colegio a un centro de recreación.
La procuradora conversó en su despacho con Lovelie Joseph Raphael, madre de la niña que estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
El hecho ocurrió el pasado viernes 14 en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.
Reynoso instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, de la Dinnaf, para que, tomen las acciones inmediatas necesarias para reforzar la investigación y esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.
La procuradora escuchó a la madre, quien llegó a la sede del Ministerio Público acompañada de los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz y dos funcionarios de su país.
Reynoso adelantó que el resultado de las investigaciones, que se iniciaron desde que la Fiscalía de Santiago tuvo conocimiento del hecho, determinarán los pasos que deberá seguir el Ministerio Público para dar respuesta a la familia sobre la que pesa un dolor que merece y espera justicia.
El Ministerio Público reiteró que se encuentra preparado para la audiencia preliminar, aplazada ya en al menos 19 ocasiones, del proceso por corrupción administrativa seguido contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes, imputados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Los fiscales Melbin Romero y Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución, y Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recordaron que la primera audiencia del expediente derivado de la Operación Calamar se fijó para el 17 de junio de 2024.
Desde el pasado 26 de agosto de 2024, la audiencia preliminar se ha aplazado unas 19 veces, por recusaciones, licencias por razones de salud, desgloses de imputados y otras por falta de notificación.
“La posición del Ministerio Público es que siempre hemos estado disponible para conocer la audiencia, sin embargo, diferentes partes de las defensas de este caso de Operación Calamar se han dedicado a la tarea de utilizar licencias médicas como instrumento dilatorio para que no se conozca”, dijo el fiscal Melbin Romero.
En respuestas a periodistas que cubren el proceso, Romero indicó que hoy, cuando estaba pautado el inicio de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el imputado Juan Tomás Polanco Céspedes, presentó un certificado médico con licencia de cinco días.
Este jueves, la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 4 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
El órgano acusador sostiene que los imputados desarrollan una estrategia con el interés de evitar que se conozca el proceso judicial y que los tribunales dicten las sanciones que espera la sociedad dominicana.
Según la acusación derivada de la Operación Calamar, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
El Ministerio Público reiteró que recurrirá la sentencia dictada en el proceso seguido contra Juan Alexis Medina y compartes, cuyos plazos comenzaron a correr para todas las partes a partir de este miércoles con la notificación de la decisión íntegra, de 10,841 páginas, en formato digital.
“Las partes, incluido el Ministerio Público, estuvimos de acuerdo con la notificación en formato digital. Vale destacar que somos pioneros en el uso de dispositivos electrónicos para la entrega y notificación de las evidencias recabadas en las investigaciones”, señaló la fiscal Elizabeth Paredes Ramírez, quien recibió el dispositivo USB con la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo.
La jueza presidenta, Claribel Nivar, explicó detalladamente el procedimiento de acceso al dispositivo y el contenido almacenado. Posteriormente, el secretario del tribunal procedió a verificar y abrir el dispositivo USB, poniendo en conocimiento de todas las partes la totalidad de la información incluida.
“Aunque en su momento hubo discusiones con algunas defensas, los jueces han asumido esta modalidad como parte de la nueva realidad virtual”, explicó la fiscal Paredes Ramírez, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Señaló que esta modalidad, con un USB debidamente identificado y sellado, representa un avance significativo en la modernización del sistema de justicia, porque agiliza la notificación, aumenta la seguridad y reduce el uso de papel.
En el proceso, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, por lo que fue condenado a siete años de prisión.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
Sobre Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que el acusado, valiéndose de diferentes empresas en violación a la Ley 340, obtuvo innumerables contratos, los hechos tienen impacto en el Ministerio de Salud Pública con los medicamentos de alto costo, equipamiento de los hospitales, en el Ministerio de Obras Públicas con el material asfaltico, y la participación de las compras en EdeEste. En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los que no entregó un aproximado de 32 millones.
El tribunal pudo constatar que a la empresa Fuel América le faltaron requisitos básicos para participar en el proceso de compras para suplir el combustible a la Policía Nacional.
Además, constató y verificó la afectación de diferentes bombas de la Policía Nacional que completan los más de 32 millones que señaló el Ministerio Público en su acusación.
En la lectura se destacó con relación a la Policía Nacional: “Las anomalías que el tribunal identificó son asombrosas”.
También, se confirmó que se dieron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas aportadas por el órgano acusador, estableciendo que en la recolección de las mismas se cumplió con el debido proceso de ley.
