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NUEVA YORK.-Los agentes federales de inmigración ya no podrán ingresar a áreas privadas de escuelas, hospitales, refugios y otras instalaciones públicas sin una orden judicial, la policía local tendrá prohibido firmar acuerdos para actuar como brazo de La Migra y los estudiantes indocumentados recibirán mayores garantías para asistir a las escuelas públicas, sin temor a que su información migratoria sea compartida.
Estas son algunas de las medidas más significativas del nuevo paquete de leyes firmado por la gobernadora Kathy Hochul como parte del presupuesto estatal 2026-2027.
El plan presentado por la mandataria estatal como respuesta al endurecimiento de la aplicación federal de las leyes migratorias, busca redefinir la relación entre las autoridades estatales y los oficiales federales de inmigración.
“Los abusos flagrantes de poder del gobierno federal no se tolerarán en Nueva York”, afirmó Hochul al anunciar este paquete normativo, que según la administración estatal pretende proteger derechos constitucionales y mantener el enfoque de las autoridades locales en la seguridad pública y no en el control migratorio.
Hay que aclarar que las nuevas leyes no eliminan la presencia, ni la autoridad del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ni impiden investigaciones o arrestos autorizados por órdenes judiciales. Lo que hacen es limitar el uso de recursos y personal estatal o local para la aplicación del control migratorio civil.
Aunque el paquete representa uno de los esfuerzos estatales más ambiciosos para limitar la colaboración local con ICE y reforzar protecciones para inmigrantes, la gobernadora continúa bajo presión desde ambos extremos del debate migratorio.
Mientras legisladores republicanos la acusan de obstaculizar la aplicación de leyes federales y de debilitar la seguridad pública mediante políticas cercanas al modelo “santuario”, líderes demócratas progresistas y organizaciones proinmigrantes, sostienen que las medidas aún se quedan cortas y reclaman acciones más contundentes para restringir por completo la cooperación con las autoridades migratorias federales.
El plan busca cortar al máximo las alas a La Migra en la vida cotidiana de los neoyorquinos, aunque deja abierta la puerta para que tengan carta blanca para perseguir a criminales.
Aun así algunos sectores como el exgobernador demócrata, David Paterson, calificó ante medios locales el paquete como un “error grave”, advirtiendo que podría provocar más litigios, mayores costos para los contribuyentes y una respuesta más agresiva del gobierno federal.
Se espera que ejecutivos de condados republicanos probablemente demandarán a Hochul por restringir su capacidad para ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes migratorias.
1.- Policía enfocada en delitos locales
Uno de los cambios más importantes es la prohibición de los acuerdos conocidos como 287(g), mediante los cuales departamentos policiales y cárceles locales colaboran formalmente con el gobierno federal para tareas de control migratorio civil.
La nueva ley impide que gobiernos locales, policías y centros penitenciarios estatales o municipales utilicen personal o instalaciones para funciones de inmigración civil. También limita la participación local en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.
2.- ICE fuera de lugares sensibles
Otra de las disposiciones con mayor impacto es la restricción del acceso de agentes migratorios a instalaciones públicas administradas por el estado o gobiernos locales.
Sin una orden judicial, empleados públicos no podrán permitir el ingreso de autoridades migratorias a áreas no públicas de hospitales, escuelas, bibliotecas, parques, albergues, residencias estudiantiles, centros comunitarios o centros de votación.
La norma también autoriza a instituciones privadas, incluyendo hospitales, guarderías, escuelas y lugares de culto, a aplicar restricciones similares.
El objetivo declarado es reducir el temor de migrantes y familias mixtas a utilizar servicios básicos.
3.- Más protección en escuelas
La legislación establece además barreras específicas para proteger información migratoria. Las agencias civiles estatales y locales, así como las escuelas públicas, tendrán prohibido utilizar personal o recursos para investigaciones migratorias civiles, salvo que exista obligación legal o judicial.
Los empleados públicos tampoco podrán compartir información personal con ICE para fines migratorios civiles, permitir acceso a áreas restringidas, utilizar agentes migratorios como intérpretes y transferir estudiantes a custodia migratoria sin orden judicial, incluso cuando un padre haya sido detenido.
4.- Derecho a la educación pública
El paquete legislativo también incorpora explícitamente el derecho de estudiantes inmigrantes a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio. La ley limita prácticas relacionadas con la recopilación o divulgación de información sobre estatus migratorio que puedan desalentar la matrícula o asistencia escolar.
La medida codifica protecciones ya reconocidas por precedentes legales, pero ahora las fortalece a nivel estatal.
5.- Agentes sin mascarillas
Entre las disposiciones más novedosas figura la prohibición del uso de cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales cuando interactúan con el público, salvo excepciones médicas o tácticas.
La violación intencional podría constituir inicialmente una infracción y posteriormente un delito menor. Asimismo, Nueva York creará un mecanismo estatal que permitirá demandar a funcionarios federales, además de estatales y locales, por presuntas violaciones de derechos constitucionales.
Hasta ahora, ese tipo de acciones legales contra agentes federales enfrentaba mayores limitaciones bajo la ley federal.
(FUENTE: ELDIARIONY)
El expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y exdiputado Rafael Méndez rechazó la afirmación de su colega Juan Bolívar Díaz, quien en su libro de memorias Con las riendas tensas “nos atribuye la división del gremio profesional que encabezábamos por el acuerdo al que arribó la dirección del Colegio con la Sociedad Dominicana de Diarios en 1991, con lo que se puso fin a un conflicto jurídico-legal que llevaba más de una década.
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) explicó que, debido a la presencia del fenómeno El Niño de este lado del Atlántico, se producirán menos precipitaciones en el país, y la temporada ciclónica que se inicia este lunes será ligeramente inferior a lo normal, pero eso no quiere decir que se vaya a bajar la guardia en el trabajo de monitoreo, prevención y mitigación que normalmente ejecutan las autoridades.
La ingeniera Gloria Ceballos recordó que lo normal es que se produzcan 14 tormentas nombradas, y para el 2026, la Universidad de Colorado, que hace su pronóstico todos los años previo a la temporada ciclónica, del cual se alimenta la institución que dirige, indica que se pueden producir 13 tormentas nombradas.
Ceballos explicó que de esa cantidad, seis podrían alcanzar la categoría de huracán, que es cuando una tormenta supera los 118 kilómetros por hora; y se espera que dos de ellos sean intensos, que estarían en las categorías tres, cuatro o cinco.
Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, la funcionaria sostuvo que, aunque la temporada que se inicia este lunes sea ligeramente inferior a lo normal, un solo fenómeno que afecte al país puede ser muy peligroso.
Advirtió que, por tales motivos, siempre hay que estar preparado, y en tal sentido recordó lo que sucedió en el 1930, cuando el país fue devastado por el huracán San Zenón. En ese año solo se formaron tres ciclones nombrados y uno de ellos fue el citado ciclón de no grata recordación para la República Dominicana.
“Hemos dicho que será una temporada ciclónica, ligeramente menos activa de lo normal; lo normal es que se formen 14, y la Universidad de Colorado, que anualmente hace su pronóstico, el cual nos sirve como guía, indica que se pueden nombrar 13 tormentas para este año, seis de ellas podrían llegar a huracán y de las cuales tres serían intensos”, reiteró la directora de Indomet.
Sobre las altas temperaturas, la ingeniera Gloria Ceballos recordó que cada año ha sido más cálido que el anterior.
“Hay gran preocupación porque casi estamos superando los dos grados que teníamos antes de la era industrial; lo que eso implica es que el globo terráqueo se está calentando”, alertó.
La experta en meteorología advirtió que, al inicio de la temporada de huracanes que comienza este lunes, en la República Dominicana tendrá temperaturas muy calurosas, aparte de que el 21 de junio entraremos en verano, y ya con la llegada del polvo del Sahara, no debe sorprender que tengamos temperaturas mucho más altas.
“Eso, además de inhibir las formaciones nubosas generadoras de lluvias, provoca temperaturas mucho más elevadas, o sea, que el mes de junio que se inicia este lunes va a ser bastante caluroso”. Insistió.
Ceballos recordó que las temperaturas que se han registrado en este mes de mayo que termina han sido propias de la época de verano, cuando todavía estamos en primavera. “Nosotros tuvimos temperaturas en algunas estaciones que superaron los 35 grados, a lo que se le agrega la sensación térmica que puede hacerla sentir en el cuerpo humano en 41 grados”.
Propugna por un sistema de alerta más eficiente
La directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que los aguaceros ocurridos en Santo Domingo Oeste la madrugada del 8 de abril que provocaron graves inundaciones se deben a la “concentración en una nube de desarrollo vertical, lo que, combinado con la inestabilidad de la atmósfera, produce acumulados extraordinarios en un periodo de tiempo relativamente rápido”.
“Esa situación que se nos presentó la noche del 7 de abril y la madrugada del día 8, ese núcleo que estaba precipitando se desarrolló aún más, y se trasladó hacia Santo Domingo Oeste. Los acumulados de lluvias que se produjeron fueron en esa zona; fueron lluvias tan significativas que casi alcanzaron los 400 milímetros en menos de 12 horas”, explicó.
Agregó que la institución que dirige emite boletines de muy corto plazo para informar que esa situación se está presentando, porque su trabajo es de 24 horas los siete días de la semana, “por la evolución del tiempo, y más que estamos en el trópico, que es más significativo”.
“Esa fue la situación que se nos presentó el 8 de abril; aunque se emitieron los boletines de muy corto plazo, el último kilómetro hasta llegar a ese punto específico donde está la población que va a ser afectada, ya tiene que ver con la parte comunicacional, que es la que tenemos que trabajar”, sugirió la experta.
Ceballos admitió que son lecciones aprendidas, y se está trabajando en buscar la forma de que esa población sea informada cuando esa situación se presente, “buscar la alarma para que esos ciudadanos estén informados en ese breve espacio de tiempo sobre lo que está ocurriendo”.
Informó que el Centro de Operaciones de Emergencias y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones están trabajando en un sistema de alertas, en el cual deben intervenir las prestadoras de servicios de comunicación, porque lo del 8 de abril dejó lecciones aprendidas.
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Durante la actividad, realizada en el municipio de Haina, el mandatario destacó que más de 700 de los títulos entregados corresponden a residentes de esta demarcación, mientras que los demás beneficiarios proceden de comunidades como Jardines de Gautier, Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Los Frailes, Los Mameyes, Maquiteria, Los Minas y Brisas de las Américas.
El presidente Abinader afirmó que el programa de titulación constituye una de las iniciativas más transformadoras impulsadas por su gestión, debido al impacto directo que tiene en la vida de miles de familias dominicanas.
Explicó que la entrega de estos documentos otorga seguridad jurídica, tranquilidad y estabilidad a los beneficiarios, quienes pasan a ser propietarios legales de los terrenos y viviendas que han ocupado durante años.
Mayoría de los títulos fueron para madres
El jefe de Estado resaltó además el significado especial de la jornada por celebrarse en vísperas del Día de las Madres. Señaló que la mayoría de las personas favorecidas con los títulos son mujeres, por lo que consideró la entrega como una forma de reconocer, dignificar y brindar mayor tranquilidad a las madres dominicanas.
“Cuando se entrega un título de propiedad se entrega también seguridad y esperanza. A partir de hoy, estas familias cuentan con un patrimonio que aumenta su valor, les permite acceder al crédito formal, ampliar sus viviendas, emprender negocios y garantizar un mejor futuro para sus hijos”, expresó el mandatario.
Asimismo, destacó que la formalización de la propiedad incrementa significativamente el valor de los inmuebles y abre nuevas oportunidades económicas para las familias beneficiadas, al permitirles acceder a financiamientos bancarios y realizar transacciones de manera legal y segura.
Rafael Burgos Gómez
De su lado, el director general de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Rafael Burgos Gómez, valoró la entrega de los títulos como un acto de justicia social.
Burgos Gómez explicó que el programa forma parte de la meta gubernamental de entregar un millón de títulos de propiedad durante las dos gestiones del presidente Abinader.
En ese sentido, destacó las acciones impulsadas para agilizar los procesos de titulación y liberar cientos de miles de expedientes que permanecían pendientes durante décadas.
El funcionario resaltó el trabajo conjunto desarrollado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Bienes Nacionales, el CEA y la Jurisdicción Inmobiliaria, instituciones que han permitido avanzar en la regularización de propiedades y cumplir con una demanda histórica de miles de familias dominicanas.
Gobierno ha asumido importantes costos
Asimismo, señaló que el Gobierno ha asumido importantes costos administrativos para facilitar la entrega gratuita de los títulos, incluyendo la condonación de deudas vinculadas a los contratos de adquisición de terrenos, con el propósito de garantizar que los beneficiarios reciban sus documentos sin cargas económicas adicionales.
Burgos Gómez agradeció el esfuerzo de los equipos técnicos y administrativosinvolucrados en el proceso, destacando que han recorrido todo el territorio nacional para hacer realidad este programa.
Gobierno trabaja cada día
“Hay un Gobierno que trabaja cada día, cada hora y cada minuto para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó el mandatario, antes de enviar un mensaje de felicitación y bendición a las madres dominicanas.
Estuvieron presentes la gobernadora, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara; el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez Peña; el alcalde de Bajos de Haina, Osvaldo Rodríguez;los directores de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux, y del Instituto Agrario Dominicano, Darío Castillo Lugo.
A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar.
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El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, consideró que los 40 procesados deben ir a juicio a responder por los delitos que se les imputan.
En ese sentido, adelantó que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitido por el tribunal en el caso de José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas, y otros 3 acusados.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
“En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy, hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal”, dijo Camacho a periodistas de la fuente judicial que lo abordaron luego de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.
La jueza Altagracia Ramírez rechazó las peticiones de las defensas para que se declarara la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.
“El tribunal dictó algunos autos de no ha lugar a apertura a juicio a cinco personas, y, desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión”, adelantó.
“Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, subrayó.
En ese sentido, dijo que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. “Esos mismos testimonios, a viva voz del tribunal, y está grabado en la audiencia; el tribunal, ni se refirió, cuando dictó estos autos de no ha lugar; por ende, no valoró correctamente esta prueba”.
“El tribunal, incluso, dio un auto de no ha lugar a uno de los acusados que, en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra, por seis personas, incluyendo algunas de ellas que estaban fallecidas”, dijo.
“Es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar que otorgó y esa es la razón por la que el Ministerio Público los va a apelar”, enfatizó.
“Yo creo que se hace necesario repetir, que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda de ese momento está enviado a juicio en este proceso junto a otras 34 personas”, precisó el director general de Persecución.
Asimismo, agregó “eso deja al Ministerio Público con un caso en el que ofertó pruebas suficientes para que fueran enviados a juicio y están enviados a juicio”.
La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal desmantelado con la Operación Calamar.
El equipo que representó al Ministerio Público en la litigación lo encabezó el procurador adjunto Wilson Camacho junto a los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
El expediente había quedado en estado de fallo el pasado 27 de marzo del año 2026. Ese día se cerraron los debates y todas las partes quedaron convocadas para el viernes a las 3:00 de la tarde, para escuchar la decisión. La audiencia inició pasadas las 7:30 de la noche del viernes y concluyó pasadas las 11 de la noche.
El tribunal entregó la sentencia en formato digital a cada una de las partes. Por lo avanzado de la hora la jueza Ramírez hizo una lectura sucinta de los puntos más importantes.
El proceso penal
En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura además sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.
En el proceso el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de pruebas.
La Operación Calamar se puso en marcha el 18 de marzo de 2023, con la ejecución de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
