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Fallece monseñor Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona

Con profundo pesar comunicamos la partida al Padre de Monseñor Rafael Leónidas Felipe, Obispo Emérito de Barahona, ocurrida a los 87 años de edad, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, a las 11:44 p.m. de ayer miércoles 10 de diciembre de 2025. 

 

Agradecemos a Dios por su fidelidad pastoral, sencillez, entrega generosa y testimonio de servicio a la Iglesia.

 

Itinerario de los oficios fúnebres.

 

Hoy jueves 11 de diciembre en Santiago.

Su cuerpo será expuesto a las 9:00 a.m. en el Seminario San Pío X y a las 02:00 p.m. celebración de la Eucaristía. A las 3:30 p.m., traslado del cuerpo hacia la diócesis de Barahona.

 

Mañana viernes 12 de diciembre en Barahona.

A las 10:00 a.m., Misa exequial y cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, Barahona.

 

Nos unimos fraternalmente en la oración por el eterno descanso de su alma, confiando en la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega y amor.

 

Sobre Mons. Felipe Núñez

 

Mons. Rafael Felipe Núñez realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo. Recibió la ordenación sacerdotal el 25 de marzo de 1965.

 

Desempeñó los siguientes servicios pastorales: director espiritual del Seminario Menor San Pío X; luego, rector del mismo Seminario; responsable de la Obra Vocacional Sacerdotal de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros; animador vocacional en la Diócesis de Mao-Montecristi; director espiritual y sucesivamente rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino; párroco de varias parroquias en Santiago de los Caballeros; vicario para la Pastoral; párroco de la Parroquia Santa Ana, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, y director nacional de los Pontificias Obras Misioneras.

 

Designado segundo obispo de Barahona por el Papa san Juan Pablo II el 7 de diciembre del 1999. Su ordenación episcopal fue el 22 de enero del 2000. En el año 2015 pasa a obispo emérito. En el 2016 el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de San Pedro de Macorís, hasta el año 2017.

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Jueza NY destaca como vital labor realiza Prensa & Comunidad Hispana


POR RAMON MERCEDES

 

NUEVA YORK.- La jueza de la Corte de Familia en el condado de El Bronx, Fiordaliza Rodríguez, destacó como vital la labor que realiza la entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que dirige el autor de esta crónica.


 

Tras recibir un reconocimiento de manos del congresista Adriano Espaillat (NY-13), a nombre de la organización, la magistrada expresó su agradecimiento por la labor de PreCoHis, que «eleva nuestras voces, defiende nuestros derechos y fortalece nuestra unidad como comunidad hispana».

 

Espaillat, el primer y único congresista dominicano en Estados Unidos, subrayó la importancia de la entidad en la promoción y visibilidad de la comunidad latina.

 

«El trabajo incansable de PreCoHis demuestra el poder que tenemos cuando nos apoyamos mutuamente, celebramos nuestras raíces y luchamos juntos por la justicia y la dignidad de todos», señaló la jueza.

 

Rodríguez agregó: «Mi trayectoria representa no solo mi esfuerzo personal y profesional, sino también el sacrificio y la esperanza de nuestras familias inmigrantes, que llegaron a este país buscando oportunidades y una vida mejor». «Cada paso que doy está guiado por ese legado”.

 

Sobre su labor en la Corte de Familia, la jueza enfatizó: «Mi compromiso es servir con empatía, integridad y profundo respeto por cada persona que llega ante mí». «Sé que detrás de cada caso hay seres humanos con sueños, desafíos y una historia que merece ser escuchada».

 

«Haber nacido en una comunidad como la nuestra me da una perspectiva única que llevo conmigo cada día, y este reconocimiento reafirma ese deber», sostuvo.

 

La magistrada finalizó su carta expresando: «Gracias, Ramón Mercedes, por su liderazgo y por creer en la importancia de visibilizar a quienes trabajamos para que nuestras familias estén más seguras y nuestras comunidades más fuertes». 

 

«Recibo este honor en nombre de todos los que me han apoyado; mis colegas, familia y la comunidad dominicana y latina que me inspira continuamente».

 

Finalmente, destacó su gratitud hacia el congresista Espaillat, «por sacar tiempo de su agenda para hacer entrega del reconocimiento», añadiendo aún más valor al gesto.

 

La Honorable Jueza Rodríguez ha sido árbitro en la Corte de Familia de Manhattan, maneja casos de servicios infantiles, derecho familiar, abuso infantil, negligencia, adopciones y cuidado de crianza, constituyendo un orgullo para la comunidad dominicana y un ejemplo destacado dentro del sistema judicial de Nueva York.

 

Además, es miembro activo de asociaciones de jueces, lidera comités importantes, mentoriza a estudiantes de derecho.

 

Ramfis visita NY y Providencia; anuncia «megatón de empadronamiento»

 POR RAMON MERCEDES 

NUEVA YORK.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, visitó el pasado fin de semana esta ciudad y el estado de Rhode Island, reuniéndose con dirigentes, militantes y simpatizantes de su organización, con empresarios, líderes comunitarios y representantes de otros sectores para reafirmar el estrecho lazo que une su partido con la comunidad dominicana en el exterior. 


En documento, la entidad política expresa que el PED se consolidó desde sus inicios en el exterior y el partido continúa expandiéndose con fuerza, tras ser señalado como la cuarta fuerza política nacional, según la más reciente encuesta de la prestigiosa y reconocida compañía Gallup.

En la Gran Manzana asistió a la Cena-Gala que ofreciera «Prensa & Comunidad Hispana» (PreCoHis) el pasado viernes en El Bronx, donde compartió con los galardonados, líderes comunitarios, amigos allí presentes, tomándose múltiples fotos con sus connacionales. 

Asimismo, sostuvo una serie de encuentros con representativos de diferentes sectores, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo de la comunidad dominicana en el exterior, el fortalecimiento de las estructuras del PED y los aportes constantes que los dominicanos residentes fuera del país realizan al bienestar de la República Dominicana. 

Domínguez Trujillo reiteró su gratitud por el apoyo histórico que los dominicanos en el exterior han brindado al PED, recordando que el partido «es la única organización política dominicana nacida del corazón mismo de esta comunidad laboriosa y generosa». 

Participó en el tradicional aguinaldo del PED, realizado en las oficinas de la entidad, ubicada en el 410 E. de la avenida Tremont, entre las avenidas Webster y Park, en El Bronx. Al mismo acudió más de medio centenar de sus seguidores. 

En RI visitó las ciudades de Johnston, Cranston y Providencia, escuchó las inquietudes de los dominicanos y supervisó los avances estructurales del partido en esa demarcación. 

Participó en el popular programa «Club Ambition Podcast», un espacio digital que ha logrado un alcance sobresaliente entre la juventud dominicana, convirtiéndose en uno de los de mayor influencia. 

Durante su intervención, se comprometió a continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad dominicana, destacando que él mismo fue parte de esa comunidad durante más de 30 años de su vida. 

Asimismo, destacó los aportes de los dominicanos, que representan hoy más del 12% del Producto Interno Bruto (BID), reafirmando su determinación de ser un interlocutor de esa gran comunidad que tanto ha hecho por la nación. 

Fueron juramentados como nuevos miembros del PED en RI: José Santana, Marcos Corona, Federico Pion, José Bolívar, Renato Tejada, Chelo Sánchez, Facundo Almonte, Esterlín Germán, Juanito Alcántara, Marcos Guerrero, Miguel Lasala, Justo Rodríguez, Henry Chávez, y Warlys Marte. 

Asimismo, Elvira Díaz, Clemente Lorenteen, Simón Carvajal, Julio Ramírez; Pedro Quezada Corona, Ramón Félix, Radamés Jáquez, Frank Félix, y Ramón Martínez, entre otros. 

«Esta juramentación, igual a la que hiciéramos recientemente en El Bronx-NY, reflejan el crecimiento sostenido del partido en territorio estadounidense», sostuvo Domínguez Trujillo.

 


Valoran en NY dedicaran torneo softbol empresarial a ministro Deportes de RD

POR RAMON MERCEDES

NUEVA YORK.- El connotado empresario y dirigente deportivo, tanto en esta ciudad como en la República Dominicana, Roberto Rojas, valoró como positivo que le dedicaran el XV torneo de softbol empresarial de la provincia Sánchez Ramírez al ministro de Deportes, Kelvin Cruz. 


Rojas, oriundo de dicha provincia y quien fuera director general de los recién celebrados juegos deportivos Juan Pablo Duarte en Estados Unidos, expresó que Cruz ha demostrado desde el ministerio que dirige, que es un hombre «para el deporte», «con el deporte», y «hacia el deporte». 

Precisó que ha mantenido una estrecha relación con las diferentes disciplinas a nivel nacional, antes de ser funcionario gubernamental, y por eso la asociación de Softbol de dicha provincia lo ha homenajeado.

Rojas sostiene que ha demostrado entrega al deporte a sabiendas que el mismo es «mente sana en cuerpo sano», lo cual resalta la importancia de cuidar tanto la salud física como mental para lograr un bienestar integral. 

En dicho torneo, iniciado el pasado día seis en el estadio 5 de octubre del club, participan 67 equipos con más de 1,300 softbolistas, compitiendo y compartiendo en un ambiente fraterno, fomentando la amistad y la familiaridad, explicó Favio de León Sánchez, presidente de la Asociación de Softbol.

Los domingos se jugará en los estadios de la provincia, desde las 9:00 de la mañana, en Fantino; La Cueva; Platanal; Chacuey; Quita Sueño; Maguana y Zambrana. 

Al acto inaugural asistieron Garibaldy Bautista, presidente de la Federación Dominicana de Softbol (FEDOSA), Luis Mejía Oviedo (Luisín), miembro de las comisiones de Mujeres en el Deporte y de Asuntos Públicos y Desarrollo Social a través del Deporte del Comité Olímpico Internacional (COI); asimismo, autoridades civiles y militares de la ciudad.

 

 

MP apelará medidas de coerción impuestas a imputadas por muerte Stephora Joseph

El Ministerio Público informó este miércoles que someterá un recurso de apelación en rechazo a la medida de coerción que la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, impuso a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci imputadas por el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne- Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo.



En respuesta a la solicitud del órgano acusador, que solicitó la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos, el tribunal respondió imponiendo una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento a salir del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.


Entre tanto,  el juzgador ordenó la libertad sin imponer medidas de coerción a favor de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.


El Ministerio Público reitera que las medidas de coerción que solicitó son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados a las cuatro procesadas, por lo que se abocará a apelar esta decisión.

 

"No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente", dijo tras su salida de la sala de audiencias la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).


Junto a Llaverías subió también en representación del Ministerio Público, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.


El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. 


La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.


Sobre los hechos


La muerte de la niña se produjo el pasado 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.


El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.


Asimismo, se ha podido evidenciar en un vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.

 

 

Cooproharina celebró su XXXIV Asamblea General Ordinaria

 La Cooperativa de Servicios Múltiples Procesadores de Harina (COOPROHARINA) realizó su trigésima cuarta Asamblea General Ordinaria, un espacio fundamental para la evaluación anual de la gestión cooperativa y la definición de las líneas estratégicas que guiarán el accionar del próximo período.

Durante el encuentro, los socios tuvieron la oportunidad de revisar los informes administrativos, financieros y operativos mediante la memoria anual que se realiza para conocimiento de todos, reafirmando así el compromiso institucional con la transparencia y la participación democrática.

En el marco de la asamblea, se llevó a cabo el proceso de elección de los nuevos directivos con la votación de sus asociados para integrarán el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito establecidos en sus estatutos.

Este proceso, realizado de manera ordenada y conforme a la normativa cooperativista y de ley, garantiza la continuidad de la misión de COOPROHARINA y el fortalecimiento de sus principios.

Las autoridades electas serán responsables de dar seguimiento a los proyectos en curso, impulsar nuevas iniciativas estratégicas y asegurar la conducción de la cooperativa en beneficio de todos sus asociados.

La celebración de la reunión es un paso significativo en elcompromiso permanente con la mejora continua y la consolidación institucional. COOPROHARINA reitera sudeterminación de seguir trabajando de manera conjunta, con responsabilidad y visión, para seguir impulsando el bienestar de los miembros y aportar al desarrollo.

“Estamos en desarrollo y crecimiento, y estableciendo un sistema de dirección horizontal, para fortalecer aún más la gobernanza y la integración de nuestros procesos operativos y estratégicos”, dijo el presidente de COOPROHARINA, Marino de Dios.

En el acto, Jorge Guerra Mirabal, representante de Idecoop resaltó la importancia de que el sector abrace la iniciativa legislativa del senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar que crea el código cooperativo. 

“Nosotros queremos dejar claro que el IDECOOP como órgano regulador está comprometido con el cooperativismo, y que vamos a hacer todos nuestro esfuerzo para sacar lo bueno de ese proyecto y por eso que quiero motivarlo a que formen parte de las discusiones sobre esta importante iniciativa”, señaló. 

Por otro lado, el señor Julito Fulcar, presidente Advitan del Cooperativismo Dominicano, resaltó la loable labor que realiza COOPROHARINA, encargada de llevar el pan en las mesas de todos los dominicanos. 

“Ojalá que todos los productos de la harina en la República Dominicana se sirvan desde aquí, porque esto además de llegar con transparencia es también con la eficiencia con la que se maneja esta institución; esto no es propiedad individual de nadie, esto es propiedad colectiva de cientos de personas, de hombres y mujeres que han abrazado esta modalidad de asociación económico-empresarial, un sector sumamente importante en el que hay que hay que hablar siempre para decidir todo lo que tiene que ver con los productos derivados de la harina en la República Dominicana”, subrayó. 

Mientras que el director del Inabie el señor Rafael Adolfo Pérez resaltó la importancia del diálogo, la transparencia y el compromiso institucional en los procesos de contratación pública. 

“Vengo en la mañana de hoy a ponerme a disposición de cada uno de ustedes agradecido por la maravillosa oportunidad de compartir este evento, pero al mismo tiempo también para entregar toda nuestra responsabilidad de que los procesos venideros de contratación de pan y galletas se hagan dentro del marco de la ley, del respeto, de la equidad, de la transparencia y ajustado también a las mejores prácticas de contratación pública para beneficio del sector y de los estudiantes”, precisó el funcionario. 

Esta asamblea fue dedicada a Eva Rojas, quien fue presidenta del Consejo de Vigilancia y una gran cooperativista, que lamentablemente falleció en la tragedia del Jet Set, por lo que la institución aprovechó el espacio para realizar un homenaje póstumo en su memoria y la entrega de un reconocimiento a sus hijos por el legado que esta tuvo en vida.

*Nuestra trayectoria y compromiso comunitario*

Fue fundada y constituida, en asamblea constitutiva, el 27 de febrero de 1991 y autorizada mediante el Decreto No. 364-91, emitido por el poder ejecutivo el 25 de septiembre de 1991; amparada bajo la ley 127-64 de Asociaciones de Cooperativas de la República Dominicana.

Entre riqueza y dignidad: la deuda pendiente con los derechos humanos en RD

Por Ricardo González Camacho

 Activista social

 La República Dominicana vive una paradoja difícil de ignorar. En un territorio capaz de generar riqueza suficiente para asegurar bienestar a toda su población, persisten desigualdades tan profundas que millones de personas continúan atrapadas en precariedades que vulneran su dignidad: hambre, malnutrición, viviendas inadecuadas, empleos informales, falta de agua potable, servicios de salud inaccesibles y un sistema de protección social que llega tarde o no llega. 

 El contraste es evidente: mientras un porcentaje mínimo del país exhibe niveles de consumo comparables con los estándares más altos del mundo, amplios sectores apenas sobreviven. Este escenario refleja un problema que va más allá de lo económico.

Es un fallo estructural en la forma en que se organizan nuestras instituciones, se diseñan las políticas públicas y se distribuyen las oportunidades. Si la Constitución reconoce que la dignidad es la base del ordenamiento jurídico, ¿por qué aún no logramos traducir ese mandato en una vida digna para todos y todas?

 Avances formales, brechas reales

 Es justo reconocer que el país ha avanzado en marcos normativos, instituciones, protocolos y reformas orientadas a fortalecer los derechos sociales y económicos. La sociedad civil ha impulsado durante tres décadas una agenda persistente que ha logrado conquistas importantes en la formalidad del derecho. Pero estos avances, aunque valiosos, siguen siendo insuficientes. 

La distancia entre la ley escrita y el ejercicio efectivo de los derechos continúa marcada por una visión de clase que condiciona el acceso a los bienes y servicios esenciales. La calidad de la educación, la salud, la seguridad social o la vivienda depende todavía —en gran medida— de la capacidad de pago o de la influencia política. 

 La evidencia está a la vista. Tras diez años de mayor inversión educativa, la calidad sigue rezagada. La seguridad social, concebida para garantizar salud y retiro digno, se ha transformado en una maquinaria que beneficia más a las élites financieras y al sector privado que a los y las trabajadoras que la sostienen. 

El sistema protege la estabilidad macroeconómica, sí, pero no necesariamente la vida de la gente. 

Violaciones que persisten y poblaciones que quedan atrás Cada vez se documentan con mayor frecuencia vulneraciones a derechos fundamentales: despidos injustificados, negación de servicios sanitarios, discriminación contra personas que viven con VIH, trato desigual hacia personas migrantes y dificultades para acceder al debido proceso en casos de deportación. 
 
La situación de la población haitiana —o dominicana de ascendencia haitiana— sigue marcada por prácticas discriminatorias y por la existencia de redes de extorsión y abuso que operan frente a una institucionalidad débil o indiferente.

 En los barrios, las dinámicas del microtráfico evidencian otro rostro del problema: la convivencia entre estructuras delictivas y sectores del Estado que toleran o ignoran su expansión. 

Estas realidades afectan de manera directa la seguridad y el tejido social de las comunidades más empobrecidas. Una crisis silenciosa: la salud mental Mientras tanto, la salud mental se deteriora sin que exista una respuesta estatal acorde a la magnitud del problema.

 Las cifras de la OMS indican que cerca del 5% de la población padece trastornos depresivos o de ansiedad, y la tasa de suicidios aumenta especialmente entre jóvenes y adultos mayores. Pese a ello, la inversión pública en servicios de salud mental es casi inexistente, y más del 60% de quienes requieren atención no la reciben.

 La consecuencia es un sufrimiento silencioso que atraviesa hogares, escuelas y espacios laborales sin que se convierta en prioridad nacional. Políticas públicas insuficientes y derechos aún sin conquistar .

 El déficit de políticas públicas impacta a múltiples sectores: adultos mayores sin programas efectivos, mujeres víctimas de violencia sin la protección integral que necesitan, adolescentes en riesgo sin orientación adecuada, personas dentro del espectro autista con apoyos insuficientes y una accesibilidad urbana que sigue siendo excluyente. 

La población con discapacidad continúa enfrentando barreras persistentes. La inclusión educativa sigue siendo más discurso que realidad: una rampa no hace una escuela inclusiva; se necesita inversión, formación docente y adaptación curricular. Lo mismo ocurre en salud, transporte y espacios públicos.

 La comunidad LGBTIQ+ también continúa enfrentando discriminación laboral, educativa y social. Y aunque los feminicidios han mostrado una leve disminución, los números siguen siendo alarmantes. 

A noviembre, ya se registraban 49 mujeres asesinadas y cientos de agresiones que evidencian fallos en prevención, atención y justicia. En el ámbito territorial, los desalojos compulsivos en comunidades consolidadas se han convertido en una de las expresiones más graves de la vulneración del derecho a la vivienda. 

Las familias expulsadas rara vez reciben soluciones dignas o procesos acordes al debido proceso establecido en la ley. Lo que necesitamos cambiar: una ruta para garantizar derechos Los desafíos son enormes, pero no imposibles de enfrentar si existe voluntad política y compromiso social. 

Garantizar los derechos humanos en la República Dominicana exige acciones claras: 
 1. Lucha efectiva contra la corrupción y fortalecimiento institucional Sin instituciones fuertes, ningún derecho se sostiene. La corrupción debilita servicios, desvía recursos y erosiona la confianza pública. 

2. Veeduría social y rendición de cuentas La supervisión ciudadana debe ser un componente estructural del Estado, no una excepción. 

3. Un Pacto Fiscal verdaderamente progresivo Se requiere aumentar la recaudación al menos al 6% del PIB mediante reducción de la evasión y revisión de privilegios fiscales. Sin justicia tributaria, no habrá justicia social.

 4. Revisión del Pacto Eléctrico Las distorsiones que favorecen a sectores privilegiados en detrimento del Estado deben corregirse para garantizar acceso justo y sostenible a la energía. 
5. Políticas públicas universales con enfoque de derechos y territorialidad Educación, salud, vivienda, accesibilidad y protección social deben diseñarse para quienes más lo necesitan, no para quienes más pueden pagar. 

Un compromiso ineludible 

El país tiene capacidad. Tiene talento, instituciones, organizaciones sociales y experiencias comunitarias que demuestran que es posible construir bienestar colectivo. Lo que falta es un acuerdo nacional que coloque en el centro la dignidad humana y que transforme la desigualdad en oportunidad. 

Los derechos humanos no pueden seguir siendo una aspiración; deben convertirse en garantía. Esa es la deuda pendiente. Y es una deuda que, como sociedad, todavía estamos a tiempo de saldar.