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El Ministerio Público desplegó desde la madrugada del jueves, en una acción conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia del Estado, la Operación LGTCA, con la que desmanteló una compleja estructura criminal dedicada a la recepción, acopio y redistribución de cargamentos de sustancias controladas procedentes de Sudamérica.
La base operativa del entramado criminal estaba en el litoral este del país, específicamente en las zonas turísticas comprendidas entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe.
Las investigaciones de inteligencia operativa arrojaron que la organización delictiva desarrolló la capacidad de movilizar múltiples cargamentos transnacionales de estupefacientes al año, sirviendo además como puente a otras redes internacionales para el posterior envío de las sustancias hacia Puerto Rico a través de lanchas rápidas.
En la operación, coordinada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD y de otras agencias.
El Ministerio Público ejecutó 14 allanamientos simultáneos que impactaron múltiples propiedades vinculadas a la red, ubicadas en las provincias de La Romana, La Altagracia y Puerto Plata.
Como resultado del despliegue de las fuerzas, fueron arrestadas unas 11 personas y se incautaron 10 vehículos de diversos modelos, varias embarcaciones, dispositivos de geolocalización (GPS) y múltiples equipos electrónicos de comunicación, dinero y documentos, entre otras evidencias vinculantes con la investigación.
Las autoridades han confirmado 10 integrantes dentro de la organización, varios de los cuales cuentan con condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico en Puerto Rico.
Las personas arrestadas serán presentadas por el Ministerio Público ante los tribunales para que los jueces les conozcan medidas de coerción.
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que hoy, viernes 7 de agosto, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, ejecutará trabajos de mantenimiento correctivo en las torres de la línea de transmisión 69 kV Cruce de Cabral – Duvergé, orientados a reforzar las condiciones técnicas de esta infraestructura y avanzar en la consolidación de una red de transmisión más resiliente, eficiente y preparada para los nuevos retos del sector eléctrico.
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Para garantizar una ejecución segura de estas labores, será necesario interrumpir el servicio eléctrico en el municipio de Jimaní, provincia Independencia. De manera transitoria, también se verán afectados los circuitos que suministran energía a Neiba y Las Damas, pertenecientes a la provincia Bahoruco; Salinas, perteneciente a la provincia Barahona; así como a la empresa Khoury Industrial.
Con estas acciones, la ETED continúa optimizando la red de transmisión para fortalecer la estabilidad operativa del sistema, incrementar su capacidad de respuesta y respaldar un suministro de energía más seguro y eficiente, en consonancia con su rol de habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.
La ETED agradece la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes temporales que estos trabajos puedan ocasionar, reiterando que estas intervenciones son esenciales para garantizar una infraestructura de transmisión más robusta, moderna y preparada para responder a las necesidades energéticas del país.
El Ministerio Público arrestó este jueves a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en un edificio de un residencial del sector Naco, el pasado año 2025.
Pumarol Fernández fue arrestado luego de que la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le impusiera prisión preventiva, como medida de coerción, tras revocar, a solicitud del Ministerio Público, el auto de no ha lugar emitido por el juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La fiscal Andry De Los Santos, titular de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), ejecutó el arrestó autorizado en la Resolución Penal núm. 502-2026-SRES-00301, luego de que el acusado se entregara en la sede de esa dependencia, ubicada en el sector de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional.
Los jueces Ysis B. Muñiz Almonte (presidenta) y Teófilo Andújar Sánchez, de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revocaron el auto de no ha lugar y ordenaron el envío a juicio del acusado, tras declarar admisible el recurso interpuesto por el Ministerio Público, querellantes y los accionantes civiles en calidad de parte acusadora.
En la sentencia se hace constar el voto salvado del juez Teófilo Andújar Sánchez.
El órgano acusador estableció en el recurso que la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso penal seguido contra Pumarol Fernández.
En ese sentido, indicó que procedió con la apelación por los méritos de los elementos de prueba aportados. Además, indicó que la decisión del juez de la Instrucción incurre en contradicción, ya que en principio no acogió la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar en favor del procesado y liberarlo de responsabilidad penal.
Con la decisión, la corte admitió las pruebas aportadas y la acusación formulada por el Ministerio Público a la que se adhirió la parte querellante y accionante civil, dictando auto de apertura a juicio contra el procesado por la violación de las disposiciones de los artículos 2, 295, 299, 302 y 304, párrafo II, del antiguo Código Penal de la República Dominicana, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631- 16 para el Control y Regularización de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y los artículos 3, numeral 5; 61, numeral 6, y 66, de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable en la República Dominicana.
El tribunal de segundo grado declaró con lugar los recursos de apelación y revocó la Resolución Penal núm. 063-2026-SRES-00164, dictada en fecha diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contentiva de auto de no ha lugar dictado a favor del encartado Pumarol Fernández.
El Ministerio Público realiza las coordinaciones de lugar para el traslado de Pumarol Fernández al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, donde cumplirá la prisión preventiva por tres meses impuesta por el tribunal de segundo grado.
El caso
La acusación presentada por el Ministerio Público explica que el acusado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y a Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
En el recurso el Ministerio Público hace un relato cronológico del proceso, estableciendo que los hechos que dieron origen al proceso se remontan al día veintitrés (23) de julio del año dos mil veinticinco (2025), aproximadamente a las cuatro treinta de la tarde (04:30 p.m.), en el citado residencial.
Detalla que el acusado, encontrándose en su apartamento en compañía de la señora Griselda Ozuna Torres, quien laboraba en el referido lugar, y el señor Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, padre del procesado, tomó dos cuchillos desde la cocina y, sin mediar palabra, agredió a la señora Griselda Ozuna Torres, ocasionándole una herida en el brazo derecho.
Ante los gritos de auxilio, intervino el padre del acusado, empujando a este, lo que permitió que la víctima escapara del lugar. Posteriormente, mientras el señor Pumarol Castellanos intentaba calmar al imputado, este último se abalanzó contra su progenitor, produciéndose un forcejeo en el que intentó apuñalarlo, no logrando su propósito debido a la resistencia de este, quien logró huir hacia el lobby del edificio para solicitar ayuda y llamar al 9-1-1, logrando sobrevivir.
El juicio será conocido por un tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
