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El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por el Ministerio Público de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La decisión acoge como regular y válida la solicitud de medida de coerción depositada el pasado 29 de marzo por el Ministerio Público en la persona de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Mena en contra de Valdez Alcántara.
La jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, dictó la medida de coerción luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.
La jueza Muñiz estableció que, a partir de que se concretiza la entrega, se pasa a la fase de la tentativa y, por tanto, se entra en la flagrancia que obliga a las autoridades a intervenir para asegurar las pruebas e impedir que el sospechoso salga de la vigilancia controlada autorizada por la autoridad competente.
“Contrario a lo que ha alegado la defensa (del imputado), el Ministerio Público no necesitaba orden para realizar el arresto”, sostuvo.
Recordó que la entrega vigilada es una técnica especial de investigación en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
“La propia Ley 155-17, en su artículo 2, numeral 11, establece como delito precedente el soborno, el cual figura dentro de la calificación provisional dada a los hechos por el Ministerio Público a partir de la conducta atribuida al investigado”, indicó la magistrada Muñiz.
“La entrega vigilada, para su validez debe contar con una autorización judicial previa y tiene que estar controlada por la autoridad competente en el marco de la investigación que es el Ministerio Público. Y es necesario, porque lo dice así la propia ley, que no se incite de alguna forma a la provocación para la consumación del delito”.
En ese contexto, destacó “que en el presente caso reposa la autorización judicial al Ministerio Público para hacer la entrega vigilada del dinero”.
En cuanto al allanamiento, la jueza estableció que la autorización iba dirigida a allanar el domicilio del investigado, el señor Aurelio Valdez, y que la propia defensa admitió que la diligencia se llevó a cabo en su domicilio.
Respecto al peligro de fuga, Muñiz dijo que además del domicilio fijo, una identificación, solvencia laboral, social, familiar y económica, los tribunales deben analizar otras circunstancias que están vinculadas directamente al hecho punible objeto de investigación.
Explicó que esas circunstancias ligadas al hecho deben tener un peso importante a la hora de considerar el peligro de fuga, tales como: la gravedad del hecho, el daño producido, la importancia del daño a resarcir, la pena imponible y la conducta del imputado frente al proceso.
Durante el proceso el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Valdez Alcántara.
En la audiencia el procurador adjunto Wilson Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público, junto a la procuradora general de corte Carmen Alardo y el procurador fiscal Andrés Mena.
La jueza Muñiz celebró la audiencia luego de que el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la ratificara para conocer la medida de coerción contra el imputado tras declarar inadmisible la recusación interpuesta por su defensa el pasado mes de abril.
La jornada inició después de las 2:00 de la tarde del martes y concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada de este miércoles.
La revisión de la medida de coerción fue fijada para el próximo 29 de junio de 2026.
El caso
Conforme al expediente, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.
La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a la población, una vez más, que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución, un hecho que califica de muy grave.
El magistrado José Alejandro Vargas planteó, a través de una publicación en su cuenta de X —antiguo Twitter—, que ha llegado el momento de que el Congreso Nacional honre la memoria de Rafael Corporán De los Santos, una de las figuras más influyentes de la radio, la televisión y la filantropía dominicana, bautizando una calle con su nombre.
En el mensaje publicado en esa red social, Vargas afirmó que Corporán De los Santos no fue únicamente un comunicador exitoso, sino un símbolo de superación, solidaridad y compromiso con los sectores más humildes del país.
“Ya es tiempo de que el Congreso honre la memoria de Rafael Corporán De los Santos”, expresó el magistrado, al considerar que la nación tiene una deuda moral con quien convirtió sus medios de comunicación en instrumentos de ayuda social y esperanza para miles de dominicanos.
Vargas recordó que Corporán nació en la pobreza, alcanzó la fama y la fortuna gracias a su talento y trabajo, y terminó sus días sin grandes bienes materiales; sin embargo, dejó una riqueza mucho más trascendente: el testimonio de una vida dedicada a servir.
El magistrado destacó que las obras filantrópicas de Corporán deben permanecer vivas en la memoria colectiva dominicana, no como un simple recuerdo nostálgico, sino como una invitación permanente a practicar la solidaridad y el bien común.
“Corporán no fue solo una voz de la radio y la televisión: fue esperanza para los humildes”, sostuvo Vargas, al resaltar que desde sus plataformas impulsó planes sociales, tendió la mano a los pobres y utilizó su influencia para acompañar causas sensibles del pueblo dominicano.
Asimismo, subrayó que Rafael Corporán De los Santos también tuvo un rol importante en momentos democráticos del país, al levantar su voz y poner su emisora Radio Popular al servicio de la democracia cuando la nación así lo requirió.
Para el Juez Constitucional, el homenaje propuesto no responde únicamente a la necesidad de reconocer a una figura pública, sino a la obligación institucional de preservar los referentes positivos de la sociedad dominicana.
Aunque señaló que Corporán no necesita homenajes póstumos para descansar en paz, el magistrado insistió en que el país sí necesita mantener vivo su ejemplo, especialmente en tiempos donde la gratitud pública y la memoria histórica deben traducirse en acciones concretas.
“La gratitud también se legisla para que quede plasmada en el corazón de los pueblos”, manifestó en su publicación.
Con este planteamiento, José Alejandro Vargas eleva un llamado directo al Congreso Nacional para que asuma la iniciativa de reconocer formalmente a Rafael Corporán De los Santos, cuyo nombre permanece ligado a la comunicación popular, la ayuda a los más necesitados y la historia social de la República Dominicana.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó este martes un recorrido de supervisión por el sector Las Lilas, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, para constatar el avance del proyecto “Recuperación del margen oriental del río Ozama”, una intervención integral ejecutada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), con una inversión de RD$409.5 millones, orientada a recuperar y sanear el borde del río, mejorar la infraestructura urbana y dignificar las condiciones de vida de miles de familias.
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Durante la visita, Paliza resaltó que esta obra forma parte de la política integral del Gobierno para transformar comunidades vulnerables en espacios seguros, organizados y con oportunidades reales de desarrollo humano, mediante proyectos que combinan infraestructura, sostenibilidad ambiental e inclusión social.
“Estamos apostando a una transformación profunda del ordenamiento urbano y la recuperación ambiental del río Ozama, pero sobre todo que prioriza a las familias devolviéndoles su dignidad y esperanza, porque nadie merece vivir en incertidumbre”, expresó el ministro.
El proyecto, respaldado por el decreto 521-25, contempla la creación de un corredor ambiental y social que integrará espacios públicos seguros, áreas verdes, infraestructura vial, equipamientos comunitarios y deportivos, así como servicios esenciales remozados y de nueva construcción. Se estima que esta intervención impactará a 62,815 habitantes de la zona.
Actualmente se ejecuta la primera etapa, que abarca aproximadamente 16,000 metros cuadrados de intervención urbana. Los trabajos se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como parte de los esfuerzos del Gabinete Ozama-Isabela, iniciativa creada por la Presidencia para dirigir y transparentar las acciones de rescate, saneamiento y recuperación integral de estas cuencas hidrográficas.
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En ese sentido, la coordinadora general de URBE, Rocío Vidal, aseguró que la obra avanza conforme al cronograma, priorizando la calidad de los trabajos y el acompañamiento social a las familias impactadas.
“Estamos desarrollando una intervención integral que combina infraestructura, medio ambiente y componente social. Nuestro compromiso es garantizar que cada familia reciba un trato justo y que el resultado final sea un espacio digno, funcional y sostenible para toda la comunidad”, afirmó Vidal.
Detalles del proyecto
La intervención completa incluye 800 mts lineales a la orilla del Río de los cuales de primera fase incluye construcción de una vía de 350 metros lineales a orillas del río, con estabilización de suelos y protección de márgenes.
Asimismo, contempla el remozamiento de infraestructuras comunitarias clave como el dispensario médico, el destacamento policial y canchas deportivas, junto con el mejoramiento del entorno residencial y el fortalecimiento de los servicios básicos.
El proyecto también incluye 5,800 metros cuadrados de áreas verdes y paisajismo, así como nuevas instalaciones comunitarias como un campo de béisbol infantil, un centro comunitario y parques recreativos.
Hasta la fecha, han sido demolidas 198 estructuras, entre viviendas y locales comerciales, y quedan 98 pendientes. Se estima que el proceso impactará un total de 365 familias, las cuales serán reubicadas e indemnizadas conforme a los levantamientos técnicos.
Próxima fase
La segunda etapa del proyecto, cuya adjudicación está prevista para julio de 2026, dará continuidad a la recuperación del margen oriental del río Ozama, enfocándose en consolidar el sistema de estabilización de bordes y suelos, así como en fortalecer el corredor verde mediante vegetación y espacios que garanticen sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo.
Esta intervención se enmarca dentro de las Metas Priorizadas de la Presidencia, como parte de los esfuerzos nacionales orientados a reducir la vulnerabilidad climática y construir resiliencia territorial en comunidades expuestas a riesgos ambientales.
La coordinadora de los gremios de enfermería anunció la convocatoria a un paro nacional de labores por 48 horas los días 18 y 19 de mayo, en todos los hospitales públicos y unidades de atención primaria del país, en reclamo del cumplimiento de una serie de demandas laborales que, aseguran, continúan sin respuesta por parte de las autoridades.
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La decisión se produce tras la realización de un paro previo de 24 horas que, según el colectivo, concitó un respaldo masivo del personal de enfermería a nivel nacional, así como el apoyo de la ciudadanía. Durante esa jornada, los servicios críticos como emergencias, cuidados intensivos y atención neonatal fueron preservados, criterio que se mantendrá en la nueva convocatoria.
En representación del movimiento, la vocera Sol Amantina Delgado afirmó que el gremio mantiene su disposición al diálogo, aunque lamentó la falta de convocatoria oficial. “A pesar de la contundencia de nuestro paro, las autoridades no han dado señales de apertura. Seguimos firmes, pero abiertos a una solución concertada”, expresó.
La dirigente subrayó que las reivindicaciones del sector responden a derechos laborales pendientes y no deben ser interpretadas como demandas coyunturales. En ese sentido, aclaró que los reclamos trascienden el ámbito salarial, al tiempo que cuestionó que algunos beneficios aplicados a otros segmentos del sector salud no han sido extendidos de manera equitativa.
Entre las principales exigencias figuran la aplicación de incentivos por tiempo en servicio y distancia, cambios de asignación, nombramientos en los distintos niveles de enfermería, así como pensiones equivalentes al 100% y el cumplimiento de acuerdos previamente firmados.
La coordinadora reiteró que, durante el paro de 48 horas, se garantizará la continuidad de los servicios esenciales en áreas críticas, a fin de no poner en riesgo la atención a pacientes en condiciones delicadas.
Bajo la consigna “Sin enfermeras no hay salud”, los gremios advirtieron que podrían intensificar las acciones si no se produce una respuesta concreta a sus demandas en el corto plazo.
El documento está suscrito por dirigentes de los principales gremios del sector, entre ellos Aracelis De Salas Alcántara, secretaria general de SINATRAE; Sol Amantina Delgado, presidente de UNASED; Jesús Frías, presidente de ADEISS; Berta De La Cruz, presidenta de CODOPENF; Rafaela Figuereo, secretaria general de UNASE-CASC; Secundino Sánchez, presidente de CONAENDILAC; y Mariano Suazo, secretario general de ASONAEN.
