En dicha operación especial participaron miembros del Equipo de Rescate de Rehenes (HRT), unidad especial del FBI, agentes del FBI de Miami encargados del caso y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), a bordo de un avión militar equipado para hacer frente a posibles ataques armados de pandillas en los alrededores del aeropuerto de Puerto Príncipe.
Estos 18 individuos forman parte de un grupo de 30 acusados contra los que un gran jurado del Distrito Sur de la Florida presentó auto de acusación por su participación, en distintos niveles, en el complot para asesinar al presidente de Haití.
Los cargos incluyen una trama entrelazada de fraude y lavado de activos que se valió de fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP), un programa de ayudas para hacer frente al COVID-19, con el fin de financiar el complot para cometer el asesinato.
“Hoy se inicia la fase más importante en nuestra búsqueda de justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moïse", declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de la Florida. "Nuestra labor no terminó con los hombres que planearon y llevaron a cabo este asesinato. Seguiremos las pistas hasta donde nos lleven, hasta aquellos que lo financiaron, lo facilitaron, lo apoyaron o cometieron delitos para hacerlo posible. Cinco años después, seguimos llevando a los acusados ante los tribunales estadounidenses, y no hemos terminado”.
“En julio de 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por personas que buscaban beneficiarse de oportunidades financieras ilícitas y contratos comerciales”, declaró el agente especial al mando Brett Skiles, de la oficina local del FBI en Miami.
“Las detenciones internacionales y en múltiples lugares llevadas a cabo hoy demuestran el compromiso constante del FBI de llevar ante la justicia a todos los implicados en este complot.
La oficina del FBI en Miami, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, se mantiene firme en su determinación de garantizar que todas las personas que presuntamente intentaron lucrarse con el asesinato de un jefe de Estado rindan cuentas por ello”.
“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ocupa una posición estratégica para investigar delitos complejos que traspasan fronteras, se aprovechan de los sistemas financieros y amenazan la seguridad de los Estados Unidos y de la comunidad internacional", afirmó José R. Figueroa, agente especial al mando de la oficina de HSI en Miami.
"El asesinato del presidente Jovenel Moïse fue un atentado atroz, y seguimos plenamente comprometidos a trabajar codo con codo con nuestros socios para seguir desmantelando la red criminal que lo perpetró, identificar a todas las personas que participaron en él y garantizar que hasta el último responsable sea llevado ante la justicia”, agregó.
Según documentos judiciales recientemente desclasificados, al menos 22 nuevos acusados participaron directamente en una conspiración multinacional coordinada que incluía financiamiento, reclutamiento y apoyo logístico para llevar a cabo el acto del 7 de julio del 2021.
Los siguientes acusados están imputados por delitos derivados de la presunta asociación delictuosa para asesinar o secuestrar al presidente Moïse:
1. Christian Emmanuel Sanon, también conocido como «Kumbe», «Pumba», «Bubba», «Mr. President» y «P»
2. Byron Sherrod Rainer, alias «B. Ellis Rains», alias «Byron Rain», alias «Byron Ellis»
3. Joseph Felix Badio, alias «Cousin»
4. Vitel’Homme Innocent
5. Carlos Giovanni Guerrero Torres, alias «Don Francisco»
6. Víctor Albeiro Pineda Cardona, alias «Pipe»
7. Juan Carlos Yepes Clavijo, alias «Woker»
8. Naiser Franco Castaneda, alias «Esneider»
9. Ángel Mario Yarce Sierra
10. Jheyner Alberto Carmona Flores, alias «Joseph»
11. Edwin Enrique Blanquicet Rodríguez, alias «Daniel»
12. Manuel Antonio Grosso Guarin, alias «Mauricio»
13. Jhon Jairo Ramírez Gómez, alias «Danny»
14. Francisco Eladio Uribe Ochoa, alias «Cristian»
15. Alejandro Giraldo Zapata, alias «Alexander»
16. Neil Cáceres Durán, alias «Anderson»
17. Jhon Jader Andela
18. Enalber Vargas Gómez, alias «Víctor»
19. John Jairo Suárez Alegría, alias «Ángel»
20. Gersain Mendivelso Jaimes
21. Alex Miyer Peña, alias «Holman»
22. Samir Handal
23. Ashkard Pierre
Los siguientes imputados están acusados de delitos relacionados con el presunto fraude del programa PPP-EIDL y la trama de lavado de activos:
1. Byron Sherrod Rainer, también conocido como «B. Ellis Rains», también conocido como «Byron Rain», también conocido como «Byron Ellis»,
2. Jameela Ammara Simmons
3. Marcel Williamson
4. Travis Barrett Nave
En caso de ser declarados culpables, varios acusados se enfrentan a una pena máxima prevista por la ley de cadena perpetua. Cualquier sentencia será dictada por un juez federal de distrito tras tener en cuenta las Directrices de Penas de los Estados Unidos y otros factores previstos por la ley.
Según la acusación, los miembros de la asociación delictuosa coordinaron la financiación de las armas, viajaron hacia y desde Haití durante las fases de planificación y utilizaron comunicaciones cifradas para organizar la operación.
Varios acusados presuntamente proporcionaron apoyo material a sabiendas de que la misma daría lugar a un ataque violento que provocaría la muerte del presidente.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de la Florida; el agente especial al mando Brett Skiles, de la oficina local del FBI en Miami; y el agente especial al mando José R. Figueroa, de HSI Miami, hicieron público el anuncio.
La oficina del FBI en Miami y la oficina de HSI en Miami están investigando el caso, con la colaboración de las autoridades haitianas y socios internacionales.
Los fiscales federales adjuntos Sean T. McLaughlin, Jason Wu y Altanese Phenelus se encargan del procesamiento de este caso.
Este proceso judicial forma parte de la iniciativa de la Fuerza Especial de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante el Decreto Ejecutivo 14159, «Protección del pueblo estadounidense contra la invasión».
La HSTF es una alianza que abarca a todo el Gobierno y se dedica a eliminar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y el extranjero.
A través de una colaboración interinstitucional sin precedentes, la HSTF canaliza todo el poder de las fuerzas del orden de los Estados Unidos hacia la identificación, la investigación y el procesamiento de toda la gama de delitos cometidos por estas organizaciones, que llevan mucho tiempo alimentando la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras.
En el desempeño de esta labor, la HSTF hace hincapié en la investigación y el procesamiento de quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que afectan a los niños. Además, la HSTF utiliza todos los medios a su alcance para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros delincuentes más violentos. La HSTF de Miami está formada por agentes y oficiales del FBI de Miami y de HSI de Miami.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso que Jhonny González cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) Najayo Hombres y fijó para el 22 de diciembre la revisión obligatoria.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Julia Laury Vásquez.
Conforme con la investigación, la madrugada del 12 de septiembre de 2026, Jhonny González, a bordo de una motocicleta marca X1000, modelo CG-200, año 2016, de color negro, interceptó a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk cuando llegaba a su residencia y le manifestó: “Entrégame todo”.
La solicitud, presentada por el fiscal José Guillermo Soriano, adscrito al Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, establece que, aunque Mejía-Ricart Risk logró entrar al lobby de la torre, fue perseguido por el imputado, quien lo alcanzó y le ocasionó múltiples heridas con un arma blanca tipo cuchillo.
Durante el hecho también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad de la torre, quien intentó intervenir al escuchar los gritos. Posteriormente, el imputado emprendió la huida a bordo de la motocicleta.
La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de las heridas de arma blanca.
El Ministerio Público indicó que, a través del levantamiento de las cámaras de seguridad, logró trazar la ruta de escape utilizada por el imputado hasta su residencia, ubicada en el sector Capotillo, del Distrito Nacional.
En el lugar, al realizar un allanamiento el pasado 14 de septiembre, ocuparon un cuchillo, prendas de vestir, un pasamontañas y otros objetos utilizados por el procesado para cometer el hecho. Asimismo, fue ocupada la motocicleta utilizada para el traslado.
Tras la intervención, Jhonny González fue arrestado por el capitán Edison Vásquez Pérez, en virtud de la orden de arresto emitida en su contra. La medida de coerción fue impuesta por el juez Rigoberto Sena.
El órgano persecutor otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 14, 46, 47, 91, 225 numerales 1, 4 y 6, 226 numerales 2, 3 y 4, y 228 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley No. 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata interpusieron el recurso de apelación contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, de fecha veinticinco (25) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, que declaró culpable por los citados delitos a Franco Aybar, pero le concedió un perdón judicial que lo exime del cumplimiento de una sanción penal.
El procesado fue hallado culpable de violar las disposiciones del artículo 396, literales b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), relativas al abuso sexual y abuso psicológico de una persona menor de edad.
El órgano acusador, luego de presentar sus conclusiones, solicitó al tribunal de alzada declarar admisible en cuanto a la forma el recurso de apelación parcial por ajustarse a los plazos y reglas de forma requeridos por la ley que la rigen.
Y en cuanto al fondo, solicitó que la corte, actuando por su propia autoridad e imperio declare con lugar el recurso y disponga la revocación de dicha sentencia por ser desproporcionada frente a las agravantes probadas y al grado de participación.
El Ministerio Público pidió que revoque el ordinal primero de la sentencia recurrida y en consecuencia dicte sentencia condenatoria, imponiendo al acusado una pena de cinco (05) años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.
También, que sea confirmada la sentencia de 10 años de prisión dictada a la madre de la adolescente por explotación sexual comercial y lavado de activos, decisión que no fue recurrida por el Ministerio Público.
Durante la jornada, la corte conoció los recursos de apelación presentado por el Ministerio Público, así como por los procesados a través de sus respectivas defensas.
El fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Claudio Alberto Cordero Jiménez, y el fiscal de Puerto Plata, José Martínez Montán, quienes representaron al Ministerio Público en la litigación, solicitaron a los jueces del tribunal de segunda instancia que rechacen los recursos de los procesados por no tener asidero jurídico.
Los jueces de la Corte de Apelación de Puerto Plata, integrada por Miguelina Beard (presidenta), Germán Martínez y Manuel Ureña, se reservaron el fallo para el próximo 20 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público interpuso el recurso contra la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez (presidente), Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, luego de establecer que se hizo una incorrecta aplicación de la ley y que resulta incompatible con la gravedad de los hechos acreditados por el propio tribunal.
Los fiscales se mostraron confiados de que la corte realizará un examen riguroso de los argumentos planteados y adoptará una decisión conforme a la Constitución, la ley y la protección reforzada que merecen los niños, niñas y adolescentes.
El recurso de apelación fue presentado por los magistrados Ramona Nova Cabrera, Kelmi Ricardo Duncan Torres, Claudio Alberto Cordero Jiménez, José Martínez Montán y Olga Diná, quienes sostienen que la decisión impugnada incurre en una errónea interpretación de la figura del perdón judicial, concebida por el legislador para situaciones excepcionales que, a juicio del órgano persecutor, no concurren en el presente caso.
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Durante el encuentro, el presidente Abinader y el director general de la Unesco conversaron, además, sobre la posibilidad de establecer, en el Centro de Innovación de Punta Bergantín, un instituto para impulsar la educación STEM, inspirado en el modelo que la Unesco desarrolla en Shanghái.
La iniciativa, que se encuentra en fase de conversaciones, estaría dirigida a impulsar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y fortalecer la formación en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
Avances educativos de la República Dominicana
El reconocimiento se produce en un contexto en el que el Global Education Monitoring Report 2026 de la Unesco registra progresos de la República Dominicana en indicadores relacionados con el acceso y la finalización educativa. El informe de este año está dedicado precisamente al seguimiento de los avances en acceso y equidad de cara al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
Los datos muestran que la República Dominicana está mejor en 2024 que en 2015: la finalización de primaria aumentó de 90 % a 96 %; la de secundaria baja, de 83 % a 89 %, y la de secundaria alta, de 56 % a 64 %.
Además, muestra que hay avances concretos y RD supera a varios países de América Latina en finalización de secundaria alta. El próximo desafío es seguir reduciendo la exclusión y las brechas para que cada vez más jóvenes completen su educación.
El modelo tomado como referencia para la iniciativa planteada en Punta Bergantín corresponde al Instituto Internacional de la Unesco para la Educación STEM (IISTEM), con sede en Shanghái, concebido para promover una educación inclusiva y de calidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además de fomentar la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades.
En la reunión, el presidente Abinader estuvo acompañado por el canciller Víctor “Ito” Bisonó y el representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, embajador Wellington Bencosme.
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