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La decisión del tribunal ratifica la medida privativa de libertad además a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y a Ramón Alan Speakler.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió, atendiendo a una condición médica presentada por la defensa, la medida de coerción contra Rafael Martínez Hazim, quien pasará a cumplir arresto domiciliario con el uso de un dispositivo electrónico. Además, le impuso la obligación de presentar una garantía económica de 15 millones de pesos, a través de una aseguradora, e impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el equipo litigante estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien estuvo acompañado por los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
Al solicitar al juez de la Instrucción que rechazara el pedimento de variar la medida de coerción establecida, Camacho manifestó que “no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”.
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de su decisión.
En las motivaciones de la decisión, el juez citó los criterios jurídicos tomados en cuenta por el tribunal que impuso la medida de coerción, atendiendo a la gravedad de los hechos cometidos contra una entidad dedicada a facilitar los servicios de salud a amplios sectores de la población. Recordó, además, el peligro de fuga de los procesados y el daño a resarcir al Estado y a la sociedad.
Recordó la decisión del Tribunal Constitucional que manda a realizar un test de ponderación al momento de revisar la medida de coerción. En ese sentido, hizo referencia a Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles en torno a quienes persisten las razones que dieron origen a la medida de coerción.
La defensa de los imputados Alan Speaker y Rafael Martínez solicitó al juez Timoteo Peguero desglosar la audiencia de revisión obligatoria de la medida, dado que sus defendidos están a la espera de la celebración de una audiencia de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, el próximo martes 10 de noviembre del año 2026.
En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, manifestó que el conocimiento de la revisión obligatoria no impide el conocimiento de la apelación.
Luego de analizar los planteamientos, el juez declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, como solicitó el Ministerio Público, y ordenó iniciar la revisión obligatoria de la medida de coerción a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
La medida de coerción había sido ratificada el pasado mes de agosto.
Por este caso también es imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.
El proceso judicial que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, pago de garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde el mes de mayo pasado en el citado centro penitenciario.
Persecución contra la red
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva y Vargas Sánchez arresto domiciliario.
Igualmente, el pasado mes de septiembre el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A. En el proceso les fueron impuestas medidas de coerción a 24 personas, incluyendo varios médicos.
El CONEP desplegó una intensa agenda institucional y de posicionamiento económico al participar en el cónclave, celebrado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, donde acompañó al presidente dominicano, Luis Abinader, durante la clausura del evento encabezado por el anfitrión, el rey Felipe VI de España, y los jefes de Estado de la región.
“Iberoamérica representa una fuerza económica determinante a nivel global, y la República Dominicana ha demostrado contar con la competitividad, la visión innovadora y la confianza necesarias para posicionarse como un destino estratégico de atracción de inversiones y diversificación productiva”, afirmó Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, sobre el evento.
El encuentro culminó con la adopción del "Compromiso empresarial por el futuro de Iberoamérica", hoja de ruta de diez puntos impulsada por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) que prioriza la formalización productiva, la seguridad jurídica, el impulso a las mipymes y la profundización de alianzas público-privadas como motor esencial del 80% del valor agregado regional.
Alianza comercial estratégica con Portugal
Como resultado directo de su agenda bilateral, el CONEP formalizó un memorando de entendimiento con la Confederação Empresarial de Portugal (CIP). El instrumento abre canales formales de cooperación directa en logística, facilitación comercial, atracción y promoción recíproca de inversiones, productividad, sostenibilidad e innovación tecnológica.
Este acuerdo bilateral sienta las bases para vincular directamente a los sectores productivos y asociaciones de ambas naciones, impulsando misiones conjuntas, foros de negocios y sinergias comerciales estratégicas aprovechando el marco de integración comercial con la Unión Europea.
Al respecto, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, destacó que este convenio consolida puentes directos con el mercado europeo: “Esta alianza marca un paso decisivo para dinamizar el tejido productivo nacional mediante el intercambio de conocimientos y la atracción de inversiones estratégicas, lo que se traduce directamente en empresas más competitivas y, sobre todo, en más empleos de calidad y mayor bienestar para la gente”.
Cierre de gestión en FEDEPRICAP
La agenda internacional del CONEP coincidió con la conclusión formal de su mandato al frente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP), cuya presidencia fue traspasada formalmente al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Al rendir balance de la gestión, Celso Juan Marranzini, presidente el CONEP, destacó la revitalización institucional del organismo regional, marcada por el retorno de los encuentros presenciales —incluyendo la asamblea de agosto en Santo Domingo— y la reincorporación del CONEP de Panamá a la Federación.
"Nuestra cercanía con grandes mercados, nuestra capacidad productiva y el potencial de integración de nuestras economías nos colocan en una posición favorable para aprovechar la reorganización de las cadenas globales de valor, atraer nuevas inversiones y generar empleos de calidad. Pero no hay prosperidad duradera sin confianza, estabilidad y reglas claras", puntualizó Marranzini.
Asimismo, resaltó la interlocución directa con el Gobierno dominicano y la participación en plataformas estratégicas como el Foro Internacional META RD 2036 para impulsar reformas estructurales de productividad.
Castillo Semán sostuvo que la prolongación de los procesos judiciales y la ausencia de condenas definitivas contra funcionarios y dirigentes políticos acusados de corrupción han generado un clima de frustración, desconfianza y descrédito hacia el sistema de justicia dominicano.
Afirmó que, durante las últimas tres décadas, el país ha sido escenario de numerosos procesos judiciales por presuntos actos de corrupción administrativa que, según señaló, no se han traducido en condenas definitivas con cumplimiento efectivo de penas de prisión contra funcionarios o dirigentes políticos.
“El Ministerio Público somete los casos, se estremece la opinión pública, se ordena prisión preventiva contra exfuncionarios y, con el paso del tiempo, una vez obtienen su libertad bajo fianza, los procesos se prolongan indefinidamente y terminan en impunidad judicial. Esa ha sido la triste realidad de los últimos 30 años”, expresó.
El dirigente político manifestó que esta situación ha debilitado la confianza ciudadana en la capacidad del Poder Judicial para sancionar los actos de corrupción administrativa, especialmente cuando involucran a figuras de alto perfil político.
En ese sentido, consideró que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, junto a los demás integrantes del alto tribunal, tiene ante sí el importante desafío de contribuir al fortalecimiento de la credibilidad institucional y promover una justicia más ágil, efectiva e independiente, respetando las garantías del debido proceso.
“Ese es el gran reto de la nueva Suprema Corte de Justicia: lograr que los procesos de corrupción no se eternicen en los tribunales y que puedan culminar con decisiones judiciales definitivas. La sociedad dominicana necesita recuperar la confianza en que la justicia funciona y que nadie está por encima de la ley”, enfatizó.
Castillo Semán advirtió que la falta de consecuencias judiciales efectivas frente a los actos de corrupción constituye, a su juicio, uno de los principales factores que favorecen la repetición de estas prácticas en las distintas administraciones gubernamentales.
“Sin sentencias condenatorias definitivas contra funcionarios públicos responsables de corrupción administrativa, la impunidad judicial se convierte en el mayor estímulo para que estas prácticas se repitan en cada gobierno. El mensaje que recibe la sociedad es que, sin importar lo que se haga, no habrá consecuencias penales reales”, concluyó.
POR RAMON MERCEDES
De acuerdo con la fuente, Tapia fue ingresada de urgencia en un hospital de Yonkers y luego trasladada al Centro de Rehabilitación Burke, ubicado en el 785 de la avenida Mamaroneck, en White Plains, condado de Westchester.
La fuente indicó que la legisladora ocupa la habitación 259, recibe terapias diariamente y cuenta con el acompañamiento de familiares cercanos. Tanto la gobernador de NY, Kathy Hochul, como el Presidente de la Asamblea Estatal, Carl Heastie, la han visitado, se informó.
Tapia, representante del Distrito 86 -que abarca los sectores de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont-, fue reelegida en los comicios del pasado 3 de noviembre.
Obtuvo 13,027 votos (82.30%) frente a los 2,120 sufragios de la candidata republicana María Díaz (13.39%).
El Centro de Rehabilitación Burke, con más de un siglo de trayectoria y parte del Sistema de Salud Montefiore, ofrece rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, incluidas terapias físicas, ocupacionales y del habla.
El centro atiende a pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales y de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos.
Así como afecciones cardíacas y pulmonares, artritis, fracturas complicadas, amputaciones y otras condiciones ortopédicas.
Además de pacientes de distintas partes de Estados Unidos, Burke también ofrece atención a personas del extranjero mediante su Programa Internacional de Pacientes.
La institución cuenta con 150 camas, aproximadamente 600 empleados y 17 médicos a tiempo completo. Si quieres, lo ajusto al estilo de tu medio.
POR RAMON MERCEDES
Las imágenes muestran al envejeciente, visiblemente enfurecido, gritando e insultando al voluntario antes de mostrarle el dedo medio y abofetearlo con el dorso de la mano.
"¡No tienes ni idea de quién soy!", gritó el hombre antes de la bofetada. “¿Te atreves a mirarme a la cara y decir: 'No sé nada'?” “Eso es lo que sé. Que te jodan”, añadió mientras se inclinaba sobre la mesa y lo golpeaba, antes de marcharse furioso.
Ni la víctima ni el agresor fueron identificados. El activista de TPAction apenas reaccionó al recibir el golpe. El incidente ocurrió en la escuela Woodland Heights, en Laconia, según el Comité Republicano del Condado de Belknap.
La entidad es una organización sin fines de lucro, clasificada bajo la sección 501(c)(4), y grupo de defensa política que trabaja directamente con los votantes proporcionando recursos para elegir líderes conservadores.
TPAction lanzó “Chase the Vote”, una iniciativa centrada en desplegar miles de organizadores de campo en estados clave para interactuar con los votantes mediante estrategias basadas en relaciones personales y contribuir a la elección de Donald Trump.
“Más comportamiento despreciable de la izquierda”, publicó en X Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca y oriunda de New Hampshire. “Confío en que las fuerzas del orden se encargarán de esto lo antes posible.”
