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Durante su intervención, Fernández cuestionó que en establecimientos de salud se condicione la atención médica a la disponibilidad económica de los pacientes y relató el caso reciente de una persona cercana a quien, según explicó, le exigieron un depósito de 900 mil pesos antes de autorizar su ingreso.
"Esto es la mercantilización de la medicina a grado extremo”, expresó, al señalar que "en un gobierno de la Fuerza del Pueblo eso no puede ocurrir. Todo el que llega a un establecimiento de salud tiene que ser atendido y después hablamos de dinero. Pero dinero no puede estar por encima de la salud”.
El exmandatario sostuvo que los hospitales públicos deben ofrecer servicios de igual o mayor calidad que los centros privados y criticó las condiciones de deterioro, falta de higiene y equipos deficientes que, según afirmó, presentan numerosos establecimientos estatales.
Asimismo, cuestionó las desigualdades en el acceso a los servicios médicos y las limitaciones que enfrentan los afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social. "No podemos hablar de equidad, no podemos hablar de que exista seguridad social cuando hay inequidad o cuando hay discriminación”, manifestó.
Fernández señaló que, aunque el país cuenta con aproximadamente 10.6 millones de afiliados al sistema de seguridad social, persisten problemas de financiamiento y calidad de los servicios.
Indicó que el presupuesto destinado a salud representa alrededor del 2 % del producto interno bruto, mientras que el gasto de bolsillo de los ciudadanos alcanza, según las cifras que citó, el 43 % del gasto sanitario.
"El sector salud requiere una profunda reforma, una revolución necesita el sector salud en la República Dominicana”, proclamó, al plantear la necesidad de incrementar progresivamente los recursos destinados a la atención médica.
Como parte de sus propuestas, el presidente de la Fuerza del Pueblo planteó implementar un modelo de salud preventiva, sustentado en médicos de familia, enfermeras y trabajadores sociales que visiten los hogares para identificar enfermedades y factores de riesgo, facilitar medicamentos y garantizar el seguimiento de los pacientes mediante las unidades de atención primaria.
Explicó que el objetivo debe ser evitar que las personas enfermen, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en tratar las enfermedades cuando ya se han desarrollado.
Durante el acto, el secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, doctor Ramón Alvarado, dio la bienvenida a los profesionales incorporados al movimiento y destacó la credibilidad y responsabilidad social de los médicos para orientar a la población.
Cuestionó el abandono que, a su juicio, afecta a numerosos hospitales públicos y recordó que durante los gobiernos de Fernández fueron construidos centros hospitalarios considerados entre los más modernos del país en su momento, algunos de los cuales, afirmó, presentan actualmente condiciones precarias.
El movimiento Rescate de la Salud RD está coordinado por el doctor Wascar Antonio Roa de los Santos, cirujano general y cardiovascular, quien explicó que la iniciativa busca reunir profesionales de distintas especialidades para elaborar propuestas dirigidas a mejorar la atención sanitaria.
Entre sus planteamientos destacó la creación de un ecosistema integrado de salud, la implementación del expediente médico único y el fortalecimiento de la atención a pacientes con enfermedades crónicas.
De su lado, el doctor Juan Nathanael Morales expresó preocupación por los indicadores de mortalidad materna y neonatal, las deficiencias en vacunación y la incidencia de enfermedades cardiovasculares, al tiempo que llamó a los profesionales a contribuir con soluciones.
Fernández agradeció la incorporación de los nuevos profesionales y destacó la importancia de que los partidos políticos mantengan vínculos con los distintos sectores de la sociedad para conocer sus necesidades y formular políticas públicas.
En la actividad también estuvieron presentes el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez; el secretario general, Antonio Florián; el secretario de Organización y exministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, así como varios miembros más de la Dirección Política y representantes del sector sanitario.
Martínez abordó el tema tras escuchar a dirigentes peledeístas y ciudadanos en el marco de los encuentros denominados Café con Abel, a quienes animó a seguir trabajando en la reconstrucción de la esperanza de la gente para encaminar el país hacia un futuro seguro a partir de 2028.
“Ahora vemos que ni los mismos perremeístas hablan de su famoso cambio porque les da vergüenza aceptar que sus acciones han dado como resultado más desempleo y más inseguridad. Son responsables de la pérdida en la calidad de vida de las familias dominicanas”, expresó.
El líder opositor dijo que al recorrer el país escuchando y hablando con la gente de pueblo, le ha permitido ponerse en los zapatos de la madre soltera desamparada y del joven que busca una oportunidad. También en los del padre de familia que despierta antes de salir el sol para enfrentarse a la pesadilla de buscar el sustento que ya no alcanza para echar hacia adelante su hogar.
“Ante una desesperanza generalizada, debemos trabajar muy duro para despertar la conciencia de la gente y evitar un nuevo engaño en el próximo proceso electoral porque en campaña todo el mundo habla bonito. Debemos enseñarles a nuestras familias, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a reconocer entre tanta parafernalia, al político que puede mostrar una trayectoria de resultados, que tenga la capacidad y experiencia para rescatar y enderezar el rumbo del país, pero, sobre todo, que le preocupe el sentir de la gente”, señaló.
El exalcalde de Santiago reflexionó sobre la necesidad de “ganarle la batalla a la apatía, al engaño, a las falsas promesas, a la incapacidad y al odio porque este es nuestro país. Aquí vivimos y aquí vivirán nuestros hijos, nuestros nietos”.
Abel Martínez se mantiene activo en contacto directo con las bases del partido, con líderes comunitarios y ciudadanos que buscan aunar esfuerzos para construir un proyecto presidencial sólido, que encarne el verdadero sentir del pueblo dominicano, con la mirada puesta en 2028 como punto de partida para rescatar el país.
El tribunal ratificó la prisión preventiva a los acusados Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra tras rechazar la solicitud de cese de la prisión preventiva presentadas por sus respectivas defensas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, adoptó la decisión tomando en cuenta que el plazo razonable aún se mantiene y que el cese de la prisión no es automático, sino, que el juez debe tomar en cuenta otros aspectos como lo es que el Ministerio Público está listo para presentar su discurso de apertura en el inicio del juicio el próximo 20 de noviembre de 2026.
También, por la gravedad de los hechos, la pena a imponer en caso de sentencia condenatoria y de que los presupuestos que presentaron en la audiencia de este viernes ya fueron ponderados con anterioridad por otros jueces y que son insuficientes.
Además, se tomó en cuenta que el juicio inicia en dos semanas y no ofrecen garantías para enfrentar su proceso en libertad, por lo que en su caso la medida de coerción más idónea es la prisión preventiva que pesa en su contra.
Con la decisión, Gabriel Santana Borsilea continuará cumpliendo la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, y Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
El proceso también se sigue en contra de los acusados Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como a Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
También, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.
Afectaron a más de 366 víctimas
Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.
El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.
La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
Durante el acto, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, afirmó que la fortaleza de un Estado constitucional no se mide únicamente por la amplitud de los derechos que proclama, sino por la eficacia de los medios que aseguran su protección.
Destacó que las garantías constitucionales representan un compromiso del Estado con la dignidad humana, la prevención de los abusos de poder y la preservación del orden constitucional.
«Si los derechos son las promesas que la Constitución hace a las personas, las garantías son los instrumentos jurídicos que le dan vigencia y exigibilidad», expresó Estévez Lavandier, quien sostuvo que la labor de los jueces constitucionales trasciende la preservación formal de la Constitución y tiene como propósito asegurar la vigencia de los principios y valores que sustentan el Estado social y democrático de derecho.
Las garantías constitucionales y su impacto en la ciudadanía
Como parte de la audiencia solemne, los magistrados del Pleno abordaron distintos instrumentos establecidos en la Constitución para proteger los derechos fundamentales, garantizar el debido proceso y fortalecer la participación ciudadana.
El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, explicó el alcance de la acción directa de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 185.1, como mecanismo para cuestionar ante el TC las disposiciones normativas contrarias a la Constitución.
Por su parte, el magistrado Domingo Gil abordó el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 69, y la importancia de que las personas puedan acudir a los tribunales para reclamar la protección de sus derechos.
Sobre la acción de habeas corpus (art. 71), el magistrado Fidias F. Aristy Payano afirmó que esta esuna garantía para la persona frente a toda detención que obliga a las autoridades a presentar al detenido inmediatamente ante un juez.
El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se pronunció sobre el art. 69.9, destacando que el TC ha sostenido que el derecho al recurso constituye una garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, cuyo ejercicio se encuentra, necesariamente, sujeto a la satisfacción de condiciones legalmente establecidas.
En cuanto a los mecanismos de participación democrática, la magistrada Sonia Díaz Inoa explicó el alcance del referendo, previsto en los artículos 22.2 y 210, como instrumento que permite la participación directa de la ciudadanía en decisiones de interés público.
Sobre las garantías vinculadas al orden constitucional, el magistrado José Alejandro Ayuso explicó el control preventivo de los tratados internacionales, establecido en el artículo 185.2, que permite verificar su conformidad con la Constitución antes de su ratificación.
La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera destacó el derecho de toda persona a ser escuchada dentro de un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, conforme al artículo 69.2 de la Constitución.
A continuación, la magistrada Army Ferreira resaltó la relevancia del habeas data (art. 70) y aseguró que en la actualidad no puede verse como una concepción estática de la información personal, pues su interpretación constitucional debe ser capaz de responder a una realidad en la que el dato deja de ser simplemente información y se convierte en una fuente de poder.
Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó la presunción de inocencia, establecida en el artículo 69.3, que garantiza que toda persona sea considerada inocente hasta que se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.
La Constitución vive contigo
La audiencia solemne forma parte de las actividades organizadas por el Tribunal Constitucional con motivo del Mes de la Constitución, que este año se desarrolla bajo el lema «La Constitución vive contigo».
A través de esta iniciativa, el TC procura acercar la carta magna a la ciudadanía, promover el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales y explicar cómo las garantías establecidas en ella se manifiestan en la vida cotidiana de las personas.
La actividad, celebrada en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, reunió a jueces, abogados, académicos, funcionarios y autoridades civiles y militares, en conmemoración de la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844.
SAN FRANCISCO DE MACORIS, Duarte.- Con la presencia de obispos, sacerdotes, familiares y feligreses, fueron sepultados los restos de monseñor Jesús María De Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís, en la cripta de los obispos de la Catedral Santa Ana, tras su fallecimiento el miércoles 4 de noviembre de 2026.
En la Eucaristía presidida por Mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, se leyeron las condolencias enviadas por el Papa León XIV, quien “ofrece sufragios por el eterno descanso de este pastor y expresa su profundo pésame a todos los miembros de esta Iglesia particular, así como a los familiares y conocidos del difunto”.
Durante la homilía de la Misa exequial, el padre Paulino Paredes, vicario general de la diócesis, valoró el trabajo pastoral del obispo al señalar que “su misión apostólica la realizó como maestro, enseñando los valores del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y cuidando el depósito de la fe”.
Sus familiares y allegados también resaltaron las virtudes que distinguieron a Mons. Moya durante su ministerio sacerdotal y episcopal, manifestando que “su verdadera grandeza no estuvo en los títulos, sino en su humildad, fe, cercanía, sencillez y amor a los demás”.
En ese orden, destacaron el compromiso de Mons. Moya con la promoción de la educación, convencido de que esta constituye una vía para el desarrollo humano y social. “La educación es una forma de amar y gobernar es una forma de servir”, solía expresar el obispo emérito, cuya vida sacerdotal estuvo marcada por la entrega y el servicio, así como por su capacidad de mediación ante diversas problemáticas sociales.
Sobre Mons. Jesús Moya
Nació el 28 de noviembre de 1932. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1961. Realizó estudios de postgrado en Madrid, España, y Quito, Ecuador. Fue elegido obispo titular de Maxita, y nombrado auxiliar de la entonces Diócesis Santiago de los Caballeros el 13 abril del 1977.
Recibió la ordenación episcopal el 21 de mayo del mismo año. El 20 de abril de 1984, el Papa san Juan Pablo II, lo designó segundo obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís. En el 2012 es sucedido por Mons. Fausto Ramón Mejía Vallejo, pasando así a ser obispo emérito.
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