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La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, expresó su preocupación ante las denuncias sobre mercancías declaradas con destino hacia la República de Haití que no completan su salida del territorio nacional y terminan siendo comercializadas en el mercado dominicano sin el correspondiente pago de las obligaciones tributarias.
ADOCCO considera que la gravedad de las informaciones divulgadas amerita una investigación inmediata, exhaustiva y coordinada por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio Público y los demás organismos competentes.
Las informaciones señalan que comerciantes y exportadores han comprobado que determinadas mercancías que llegan declaradas con destino hacia Haití son descargadas en naves y almacenes tanto en Santo Domingo, como en las inmediaciones de la frontera dominico-haitiana y comercializadas en territorio dominicano sin completar el proceso correspondiente.
Para ADOCCO, estas prácticas recurrentes, no solo constituyen irregularidades administrativas, si no hechos con implicaciones tributarias, aduaneras y penales, cuya magnitud económica debe ser determinada por las autoridades mediante una auditoría integral de las operaciones involucradas.
ADOCCO pide reconstruir la ruta de las mercancías
La organización entiende indispensable establecer un mecanismo de trazabilidad que permita determinar, operación por operación, cuáles mercancías fueron declaradas para exportación o tránsito hacia Haití, cuáles efectivamente cruzaron la frontera y cuáles eventualmente permanecieron o retornaron al mercado dominicano.
Las exportaciones hacia Haití tienen un tratamiento fiscal específico. La orientación oficial de la DGII establece que deben sustentarse mediante comprobantes para exportaciones, aplicarse una tasa de 0 % de ITBIS y conservarse la Declaración Única Aduanera (DUA) como soporte de la exportación.
Por esa razón, ADOCCO considera que el destino efectivo de la mercancía es un elemento fundamental para determinar la legitimidad del tratamiento fiscal recibido.
La organización recordó, además, que este tipo de riesgo no constituye un fenómeno desconocido para las autoridades tributarias dominicanas. Documentación institucional de la DGII ha reconocido antecedentes de operaciones con destino a Haití que no llegaban a concretarse y cuyos productos terminaban comercializándose en el mercado nacional sin el correspondiente pago de impuestos internos, situación que motivó mecanismos conjuntos de control entre DGII y Aduanas.
Perjuicio millonario debe ser cuantificado
ADOCCO entiende que las autoridades deben establecer la magnitud económica real de las operaciones denunciadas y determinar cuánto habría dejado de percibir el Estado dominicano en caso de comprobarse la evasión.
La organización advierte que cualquier esquema mediante el cual mercancías reciban un tratamiento fiscal correspondiente a operaciones destinadas al exterior, pero finalmente sean introducidas al mercado interno sin satisfacer los tributos aplicables, produciría una doble afectación: perjudica las recaudaciones del Estado y genera competencia desleal frente a comerciantes y empresas que cumplen regularmente sus obligaciones fiscales.
La propia DGII establece que declarar datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de las obligaciones tributarias puede constituir defraudación tributaria. El régimen vigente contempla, dependiendo de la infracción comprobada, multas, comiso y otras consecuencias, además de posibles penas privativas de libertad.
Investigar también posibles niveles de complicidad
ADOCCO considera que la investigación no debe limitarse a determinar quiénes son los propietarios, exportadores o comercializadores de las mercancías.
Debe establecerse también cómo se desarrollaron las operaciones, qué controles fueron aplicados, quién certificó cada etapa del proceso y si existió participación, tolerancia, omisión deliberada o complicidad de funcionarios públicos o particulares que hubiese permitido la eventual desviación de mercancías hacia el mercado nacional.
La organización entiende que las autoridades cuentan actualmente con herramientas tecnológicas suficientes para realizar cruces entre declaraciones aduaneras, comprobantes fiscales, manifiestos de carga, empresas exportadoras, transportistas, mercancías despachadas y registros de salida por los puntos fronterizos.
ADOCCO reclama auditoría especial
ADOCCO propone realizar una auditoría especial de las operaciones declaradas con destino hacia Haití durante un período suficientemente representativo, priorizando mercancías de alto valor fiscal y operaciones realizadas de manera recurrente.
La auditoría debería permitir establecer:
Volumen y valor de las mercancías declaradas.
Impuestos dejados de percibir, si los hubiere.
Empresas y personas participantes en las operaciones.
Evidencia efectiva de salida del territorio dominicano.
Trazabilidad desde el origen hasta el cruce fronterizo.
Eventuales beneficiarios económicos.
Participación u omisión de funcionarios.
Posibles patrones repetitivos que permitan determinar si se trata de hechos aislados o de un esquema organizado.
ADOCCO entiende que no basta con investigar determinados cargamentos. Si existen indicios razonables de una práctica reiterada, debe reconstruirse retrospectivamente el comportamiento de las operaciones para determinar su verdadera dimensión económica.
“Si mercancías que reciben tratamiento fiscal por estar destinadas a Haití terminan siendo comercializadas en República Dominicana sin pagar los impuestos correspondientes, el Estado y los contribuyentes cumplidores estarían siendo perjudicados. Corresponde a las autoridades determinar si estamos ante hechos aislados o frente a un mecanismo sistemático de defraudación fiscal.”
Finalmente, ADOCCO reiteró que la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal requiere trazabilidad, intercambio de información entre instituciones y consecuencias efectivas cuando se compruebe la violación de la ley.
La organización anunció que dará seguimiento a las investigaciones y actuaciones que realicen las autoridades competentes sobre las denuncias divulgadas, para proceder judicialmente contra los responsables.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Ante la magnitud del presunto contrabando de mercancías declaradas en tránsito hacia Haití, considerado por algunos como un caso de corrupción de mayor dimensión que el de SeNaSa en la República Dominicana, quisqueyanos en esta ciudad solicitan a las autoridades una investigación profunda del caso.
En documento de prensa expresan que el presunto esquema de desvío de mercancías reviste extrema gravedad e instan a las autoridades dominicanas a agotar todas las vías de investigación.
Asimismo, señalan que, de ser necesario y conforme a los mecanismos legales de cooperación, se solicite asistencia técnica internacional, incluso de agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con el fin de identificar a los responsables y esclarecer los hechos.
Recientemente, el comentarista Julio Martínez Pozo denunció un presunto esquema fraudulento en el que mercancías declaradas en tránsito hacia Haití estarían siendo desviadas y comercializadas en el mercado dominicano sin cumplir con las obligaciones fiscales.
Según Martínez Pozo, camiones de carga salen de puertos y aduanas bajo el régimen de tránsito internacional; sin embargo, una parte significativa de esos productos, afirmó, nunca cruza la frontera, sino que es reempacada y distribuida en la RD.
Sostuvo que esta práctica habría dado paso a una estructura de comercialización integrada que, inicialmente informal, se habría insertado en los canales formales de distribución, afectando la competencia leal.
Además, hizo referencia a declaraciones del director general de Aduanas sobre medidas para reforzar el control del tránsito internacional.
A su juicio, una mayor supervisión y trazabilidad serían claves para evitar el desvío de mercancías, proteger la recaudación fiscal y la transparencia comercial.
"Lamentablemente, esos productos están abarrotando los supermercados dominicanos. Existe un estudio y pruebas en poder de las autoridades que identifican, anaquel por anaquel, los productos que forman parte de ese supuesto tránsito hacia Haití", precisó Martínez Pozo.
Entre los firmantes figuran Modesto Paredes, Luis T. Peralta, Ana del Rosario, Tancredo Aybar, Anthony Cuevas, Marcelino Sierra, Josefina de los Santos, Hansel Rivera y Emilio Rojas, entre otros.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Miles de familias de escasos recursos económicos, entre ellas dominicanas, residentes en los sectores de Kingsbridge Heights, partes de Fordham, Bedford Park, Belmont, Fordham Manor y partes de Bronx Park, pertenecientes al Distrito 78 que representa el asambleísta estatal George Alvarez, recibieron útiles escolares para sus hijos e iniciar el año escolar el próximo 10 de septiembre.
El festival "Fordham in the Community" de regreso a clases benefició a miles de residentes y familias en El Bronx al entregarles mochila, lápices de colores y madeera, cuadernos, crayones, plumones o rotuladores lavables, reglas, escuadras, carpetas, folders, cartuchera, goma de borrar, sacapuntas y marcadores, entre otros.
En el sistema de Escuelas Públicas de NYC hay alrededor de 1597 escuelas y más de 81.000 maestros, con 906.000 estudiantes en escuelas del sistema; en total, el sistema atiende a más de un millón de alumnos si se incluyen las chárter y otros programas.
Es nuestra quinta edición anual del evento y como representantes del D-78, nos enorgullece unirnos a la Universidad Fordham, a las organizaciones locales, a nuestros líderes comunitarios y a los residentes que continúan invirtiendo su tiempo y recursos en las familias de nuestro querido distrito, indicó Álvarez.
La actividad se llevó a cabo recientemente en Poe Park, ubicado en Gran Concurse con la calle 192, en El Bronx.
Hubo presentaciones artisticas, actividades y oportunidades para conectar con organizaciones dedicadas a servir a nuestros vecindarios.
El evento reunió al cónsul general Antonio Almonte, vicecónsules,representantes de instituciones de la alcaldía de Boston, como Donald Wright, Director del area económica Alexandra Valdez, Directora ejecutiva de asuntos Culturas y James Colimon, Director de protocolo y asuntos globales, así como Oscar Mejías, presidente de la Camará Hispanoamericana de Rhode Island, así como numerosos empresarios de la región de Nueva Inglaterra y miembros de la prensa con el propósito de continuar fortaleciendo los vínculos comerciales entre la República Dominicana y esta región de Estados Unidos.
El cónsul Antonio Almonte destaca creación del Área Comercial
Durante su intervención, el cónsul general Antonio Almonte destacó que desde su llegada al Consulado, impulsó la creación del Área Comercial como una herramienta para fortalecer los vínculos con el empresariado dominicano y las empresas establecidas en Nueva Inglaterra.
Explicó que esta iniciativa busca convertir al Consulado en un puente para el comercio, las inversiones y las oportunidades de negocios, facilitando conexiones entre empresarios, inversionistas y distribuidores de la región.
El Sr. Almonte resaltó que uno de los objetivos principales es incrementar la capacidad de atraer inversiones hacia la República Dominicana, promover las oportunidades que ofrece el país y ampliar los mercados para la oferta exportable nacional.
Una historia de emprendimiento
Durante el lanzamiento se destacó la trayectoria de Alvin Candelario, donde se destacá como En siete años, la empresa ha logrado abastecer aproximadamente a 600 supermercados, bodegas, panaderías y licorerías en varios estados del noreste de Estados Unidos y actualmente, productos Santiago cuenta con 18 líneas de productos y una inversión superior al millón de dólares, reflejando el potencial de la oferta dominicana para competir en mercados internacionales.
Durante la actividad, la vicecónsul comercial, Solangy Mejía destacó que para internacionalizar un producto es fundamental conocer al consumidor y comprender sus necesidades.
Destacó que la República Dominicana : un destino de inversión y plataforma de negocios
El lanzamiento sirvió además para promover a la República Dominicana como destino de inversión y plataforma de negocios, destacando sectores como zonas francas, turismo, desarrollo inmobiliario, tabaco y cigarros premium, ron, agroindustria y manufactura de dispositivos médicos.
También se resaltó el potencial exportador de productos como cacao, café, aguacate y coco, así como las ventajas que ofrecen la posición geográfica, conectividad aérea y marítima y el acceso a importantes mercados internacionales.
Daniel Peña y Sabina Matos destacan la iniciativa
El viceministro de comercio Externo del Ministerio Industria, Comercio y Mipymes, Daniel Peña, destacó la labor del Consulado en Boston y de su Área Comercial para promover las exportaciones dominicanas en Nueva Inglaterra y como el lanzamiento de Productos Santiago acercan la oferta exportable dominicana a nuevos consumidores y distribuidores y fortalecen los vínculos empresariales entre ambos mercados.
Un Consulado como puente comercial
El Área Comercial del Consulado General de la República Dominicana en Boston reafirmó su compromiso de servir como puente entre empresarios dominicanos, exportadores, compradores e inversionistas de Nueva Inglaterra, promoviendo nuevas oportunidades de comercio e inversión.
El lanzamiento de Productos Santiago representa una muestra de lo que puede lograrse cuando se unen talento dominicano, visión empresarial y acompañamiento institucional.
Tres juezas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo objetaron el traslado inconsulto que han sido víctima por parte del Consejo del Poder Judicial, tras calificarlo como un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en su contra.
Las juezas Natividad Ramona Santos, jueza miembro de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; Wendy Altagracia Valdez, jueza miembro de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo y Pilar Antonia Rufino Díaz, jueza miembro de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, sostienen que con mucho asombro se enteraron del traslado realizado de manera inconsulta y sin haber cometido ninguna falta actuación que el Tribunal Constitucional estatuyó al respecto.
“Nunca hemos solicitado traslado, ni se ha consultado o pedido nuestra anuencia para ello, lo cual convierte dichos traslados en un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en nuestra contra”, indica el documento dirigido a Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
La decisión fue adoptada el 19 de agosto del año 2026, mediante acta del Consejo del Poder Judicial.
“Los traslados inconsultos de las magistradas transgreden el derecho a la garantía fundamental a la inamovilidad judicial, así como los principios de supremacía judicial, principio de seguridad jurídica, previsibilidad, certeza administrativa e independencia judicial”, indica el documento.
Santos fue trasladada a jueza miembro de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo.
Valdez a jueza miembro de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo.
Rufino Díaz fue trasladada a jueza miembro de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo.
La instancia además de Molina Peña está dirigida a : Manuel Aurelio Hernández Victoria, Consejero representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo del Poder Judicial; Karen Josefina Mejia Pérez, Consejera representante de las Cortes de Apelación ante el Consejo del Poder Judicial; Keila E. González Belen, Consejera representante de los Tribunales de la Primera Instancia ante el Consejo del Poder Judicial y Katherine A. Rubio Matos, Consejera representante de los Juzgados de Paz ante el Consejo del Poder Judicial.
Sostienen en su instancia que como justificación vaga el Consejo del Poder Judicial, pretende escudarse en una comunicación DGACJ núm. 0302/2026, del 11 de agosto del año 2026, mediante la cual la Dirección General de Administración y Carrera Judicial remitió una propuesta de reconformación de Salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, sin cumplir con las exigencias de la Ley 327, pues “si bien el Consejo tiene la potestad conforme la Constitución de la República de trasladar a los jueces del Poder Judicial, no menos cierto es que, debe cumplir con los requisitos legales antes citado, es decir que el juez lo solicite o contar con la anuencia del mismo, lo que no ha ocurrido en la especie”.
La Dirección General de Carrera recomienda nuestros traslados, bajo la excusa de que tomó en cuenta la experiencia, especialidad, trayectoria y necesidades del servicio, lo cuál de ser así, no se justifica porque las magistradas estaban asignadas cada una en una sala diferente alrededor de 9 años, además de que, constituye una falta de respeto y desconsideración hacia nuestros pares, quienes quedan en entre dicho en sus capacidades y experiencias.
“Estas magistradas no han recibido ni tenido conocimiento de ningún inconveniente, situación o necesidad relevante sea necesario una recomposición de la sala, creando con dichos traslados inconsultos una especie de dudas y suspicacias sobre nuestro comportamiento y desempeño de nuestras funciones jurisdiccionales, lo que atenta contra el derecho al buen nombre establecido en la Constitución en el artículo 44”.
Antecedente
Precisan en la instancia que en un caso similar el Tribunal Constitucional dictó la sentencia núm. TC/0364/21, de fecha 15 de octubre del año 2021, indicando dentro de sus consideraciones lo siguiente: “…En sintonía con lo antes expresado, debemos acotar que en la especie se manifiesta la existencia de una conculcación a la garantía de inamovilidad de los jueces que se desprende del principio de independencia judicial prescrito en el artículo 151 de la Constitución, toda vez que el traslado decidido por la parte accionada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en perjuicio del accionante magistrado Moisés Alfredo Ferrer Landrón, para que este pase de ser miembro de la Tercera Sala a juez miembro de la Segunda Sala, lo que pudo haber ocurrido con un único movimiento de sustituir el juez entrante con el saliente, pero que en la práctica dio lugar a tres movimientos de jueces, solo contando con el consentimiento de dos de ellos, constituye una actuación administrativa arbitraria realizada sin contar con la habilitación legal necesaria para ello, y sin que se haya realizado una correcta aplicación de los principios rectores de nuestro ordenamiento.
Precisaron que, en ese sentido, que es menester enfatizar el deber de los Estados de salvaguardar el principio de independencia y estabilidad judicial en lo referente a la garantía de inamovilidad de los jueces en sus cargos, pues su inobservancia constituye un atentado a la democracia y al Estado de Derecho que se profesa en nuestra Carta Fundamental…”.
