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Por William Jiménez
NUEVA YORK.- Cerca de 300 personas pertenecientes a diferentes sectores representativos dominicanos en esta ciudad asistieron el pasado viernes a la Gala de «Prensa & Comunidad Hispana» (PreCoHis) que preside el periodista Ramón Mercedes.
Durante su discurso, Mercedes reiteró la misión de PreCoHis, que como entidad legalmente constituida ante las autoridades neoyorkina y su lema establece «luchando por el interés colectivo hispano», de mantener conexión con asociaciones, clubes y otras entidades para informarles sobre hechos y acontecimientos que les benefician y afectarían.
Asimismo, anunció que establecerá una «alianza comunitaria» con la Fundación Solución Nacional (SOLN), que preside Roberto Rojas, para ampliar el objetivo definido con taxistas, bodegueros, amas de casas, salones de belleza, barberías, agencias de viajes, consultorios, supermercados, tiendas y restaurantes, entre otros establecimientos hispanos en NYC y estados aledaños.
Se explicaron informaciones a modo de ejemplo: «A partir del 1 de febrero 2026, Estados Unidos aplicará una tarifa de US$45.00 a los pasajeros cuando vayan a salir del territorio estadounidense si no tienen el REAL ID, que se obtiene en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en cualquiera de los 50 Estados», y así sucesivamente.
También «el Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP) ofrece hasta $996 dólares para ayudar personas necesitadas a cubrir los costos de calefacción durante el invierno 2025-2026», entre otras, las cuales serán cambiadas trimestralmente.
Entre las prestigiosas instituciones cuyos representantes asistieron figuran: Las honorables juezas, Patria Frías Colón y Fiordaliza Rodríguez, de la Corte Suprema del Estado de NY para Brooklyn y la Corte de Familia en El Bronx.
La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que dirige Radhamés Rodríguez; Jaime Vargas Brokerage, que preside el empresario Jaime Vargas; del Hospital Lincoln en El Bronx, que dirige Cristina Contreras, y la Asociación de Chiringueros USA (ADCESA), que preside Jackelyn Luis.
La Fundación Solución Nacional (SOLN) que dirige el empresario Roberto Rojas; y del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), que dirige Celiné Toribio, representada por su director en NY, John Sánchez; además, el asambleísta D-78 en El Bronx, George Álvarez, representada por la doctora Nancy Medina, su asistente.
Una amplia comisión del PLD, en representación del licenciado Francisco Javier García; el proyecto «300 con Leonel», que coordina Geraldo Rosario; del movimiento social «Acción Rápida», que dirige Dayanara Borbón; de «Somos Pueblos-USA», que lo representa el ingeniero Radhamés García.
Además, Ramfis Trujillo, seguro candidato presidencial y presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), junto a una amplia comisión.
El congresista Adriano Espaillat (D-13) entregó, a nombre de PreCoHis, los reconocimientos a: Sudelka García, periodista de El Nacional, por mantener informados a los dominicanos en el exterior a través de sus reportajes de turismo gastronómico; a las juezas Frías Colón y a Rodríguez, por sus acertadas sentencias judiciales en sus funciones.
Asimismo, a Héctor Tavares, administrador de las clínicas de cuidados primarios y del servicio ambulatorio del Hospital Lincoln en El Bronx; a Carmen A. Oviedo, doctora en medicina interna certificada en el mismo hospital; al doctor Ángel A. La Paz, médico por más de dos décadas en el sistema de salud de NYC; Samuel Sánchez, por sus múltiples servicios a favor de la comunidad a través de su oficina de impuestos; y a Jairo Troncoso, miembro de UBA, por sus servicios a la comunidad.
El ex vicecónsul en NY, Tamayo Tejada quien por más de 10 años estuvo al frente del departamento legal de la sede y puso su experiencia al servicio de miles de dominicanos por diferentes casos antes las cortes del área triestatal; William Jiménez, destacado periodista que ha laborado en los principales periódicos de la RD y USA. Actualmente es el director de prensa para los medios étnicos e hispanos del DOT-NY.
El congresista Espaillat valoró que PreCoHis destaque la labor de cada uno de los presentes que nos hacen sentir orgullosos y vemos la diversidad de talento en nuestra comunidad con jueces, empresarios, abogados, del área de salud, y con el crecimiento nuestro también crece nuestra presencia en las diferentes áreas y una clase media emergente en NYC.
La actividad fue celebrada en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx, con un variado bufete, diferentes bebidas alcohólicas, gaseosas y una fiesta bailable con la orquesta de Eddy Almonte, desde las 8:00 pm. a 1:00 am. Los maestros de ceremonias fueron Francis Méndez y Manuel Díaz
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó en la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la sentencia TC 0765 24, que ordenó sustituir la Ley 10-15.
Peralta Romero indicó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.
Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente, consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho.
El texto, apuntó, que fue promulgado hoy será publicado en la Gaceta Oficial en el día de mañana. De conformidad con nuestra normativa en la materia, entrará en vigor a partir del próximo martes en el Distrito Nacional, y, a partir del miércoles, en el resto del país.
Dijo que, entre los elementos destacables del texto promulgado está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
El consultor jurídico expresó que es igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.
Añadió que, los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito. Además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite.
Asimismo, en el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para la restricción de libertad. Se incluye el criterio explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo. Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo al eliminar el “nuevo juicio” y otorgar facultades a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.
En definitiva, sostuvo, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto. Por demás, presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones.
En ese sentido, explicó, las extensas sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma, participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y el Estado, lo que permitió que se arribaran a consensos importantes. Estuvieron presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos representantes de la comunidad jurídica.
Con estas transformaciones, que se une la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, entre otras normas de reciente impulso, la República Dominicana consolida una justicia penal más humana, moderna y efectiva, en sintonía con los estándares constitucionales y los desafíos del sistema judicial contemporáneo.
El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que la investigación realizada en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es una muestra clara de la determinación de su administración de actuar sin dilaciones ante cualquier señal de irregularidad y de garantizar que en su gobierno no habrá casos de corrupción que no sean investigados a fondo.
El mandatario recordó que desde el inicio de su gobierno asumió un compromiso firme con la transparencia y la protección del patrimonio público. Explicó que, al recibir informaciones que generaron sospechas en torno a SeNaSa, ordenó de inmediato una investigación interna para esclarecer los hechos.
El proceso, según detalló, confirmó la existencia de indicios graves de posibles actos de corrupción, por lo que el informe fue remitido sin demora al Ministerio Público, a fin de que se proceda conforme a la ley.
Asimismo, instruyó que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar los recursos que hayan sido sustraídos.
El presidente Abinader sostuvo que la actuación gubernamental en este caso evidencia, una vez más, que su gestión no tolera la impunidad y que cualquier funcionario o particular que afecte los intereses del Estado deberá enfrentar la justicia.
El presidente concluyó enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, reiterando que su administración mantendrá una postura firme de vigilancia, prevención y sanción, garantizando que cada señal de corrupción sea investigada y cada responsable, sometido a la ley.
El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci en relación al homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.
Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
Por instrucción de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la investigación del hecho está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
Asimismo, se ha podido evidenciar en el vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.
El Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Educación, la realización de una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci, con el objetivo de identificar cualquier práctica que atente contra el interés superior del niño.
El Ministerio Público y la Policía Nacional arrestaron a siete agentes de vigilancia penitenciaria (VTP) que planificaron y actuaron en la fuga de Beilin Antonio de Peña (el Buda), imputado por dos delitos graves de homicidio, desde el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, Moca.
Los VTP Oscar Luis Andrés, de 33 años de edad; Alexander Ogando Cuevas (supervisor), de 31; Juan Pablo de Jesús Encarnación, de 30; Francis Alberto Soto Agramonte, de 31; Wilferson Aybar Acevedo, de 23; Jonthanael de los Santos Rodríguez, de 28, y Sabala Rosario Valdez, de 35, serán presentados ante un tribunal por el Ministerio Público.
Los agentes VTP están acusados de asociación de malhechores, obstrucción de la justicia, así como violación a los artículos 265, 266, 237 y 238 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y del Estado dominicano.
El prófugo Beilin Antonio de Peña (el Buda) guardaba prisión por matar a Raymond Emilio Castillo (Raymond) y herir de bala a la joven Shakira Naomi Lorenzo, el 21 de julio de este año.
La fuga del interno se produjo la madrugada del 21 de noviembre de este 2025.
El proceso investigativo incluyó un allanamiento a la residencia de un ciudadano, cuya identidad se hace reserva, ubicada en la carretera principal de Llena, Moca, amparado en la orden judicial No. 598-1-2025-SAUT-00360.
El entrevistado confirmó que había rentado una yipeta Hyundai Santa Fe, color rojo, placa G766870, al agente penitenciario Ogando Cuevas (detenido), quien fungía como supervisor del CCR La Isleta. El vehículo fue devuelto en horas de la madrugada del día siguiente a la renta, coincidiendo con la fecha de la fuga.
Al ver la noticia del escape en redes sociales, el propietario reconoció al prófugo como la persona que acompañaba al agente penitenciario durante la renta del vehículo. Tanto el detenido como el vehículo quedaron bajo control del Ministerio Público.
Equipos de investigación de Espaillat y Barahona, junto al Ministerio Público y la Policía Preventiva, ejecutaron la orden de allanamiento No. 598-1-SAUT-00362 con el objetivo de recuperar armas, pertrechos y otros elementos vinculados a la fuga.
En la intervención se ocupó una computadora portátil y una tableta, cinco celulares de distintas marcas, RD$47,000 en efectivo y tres dólares, así como dos sellos oficiales de seguridad penitenciaria, dos tarjetas de débito, dos cédulas de identidad, dos placas y dos matrículas de vehículos, además de ocho vouchers de retiro de dinero, una motocicleta Super Gato CG250 y una pasola Honda Lead 110 (sin registro).
Búsqueda del prófugo
Mientras el caso referente a los autores internos y externos ha sido formalmente esclarecido y resuelto, la Policía Nacional mantiene activa la persecución del prófugo Peña.
De Peña fue ingresado al sistema penitenciario el 18 de septiembre de este año, en calidad de prevenido y acusado de violar los artículos 2, 295, 296, 302 y 304 del Código Penal dominicano y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La Policía Nacional había apresado a De Peña en el Aeropuerto de Punta Cana cuando intentaba salir del país como parte de las acciones de persecución en su contra por los hechos criminales que cometió en San Marcos, Puerto Plata, mientras las víctimas se encontraban dentro de un vehículo frente a un negocio.
El coordinador de gabinete de Transporte, Ingeniero Deligne Ascención afirmó que ese organismo está desarrollando un plan especial basado en la educación Vial con los motociclistas que persigue aumentar la conciencia de cómo deben conducir en las calles y carreteras del país.
Adelantó que pretende cambiar la conducta de los motociclistas sobre el riesgo de sus vidas y de quienes les acompañan, la velocidad, el respeto a las leyes de tránsito, utilizar los cascos protectores, certificados, pero en este aspecto necesitamos para participación de todos para lograr las cifras de accidentes.
Al ser entrevistado en el programa Periodismo y Sociedad por Andrés Matos, Eli Heiliger e Isidro Toro, Ascención dijo que los motoristas son el 60% del parque vehicular y están involucrados en el 71% de accidentes de tránsito en el país, representante la primera causa de siniestralidad, seguido por los peatones en los atropellamientos y la tercera causa representan los vehículos.
“También estamos terminando un gran plan para bajar la cantidad de accidentes en la República Dominicana, estas medidas se esperan resultados a corto, mediano y largo plazo, ya que se trata de una acción humana que requiere una modificación de la conducta la cual es fundamental” resaltó
Detalló que el Gabinete de Transporte es un organismo donde convergen todas las instituciones del gobierno involucradas en el tránsito, tales como Intrant, Digeset, Parqueate, la Omsa, etc, cuya función es la de coordinar medidas que coadyuven a la mejoría de la circulación vehicular.
Resaltó que el tema del tránsito es una de las actividades que más preocupa a la ciudadanía y por tanto es una preocupación especial del gobierno dominicano, de ahí es que nace la creación de este organismo que viene a suplir la ausencia del Ministerio de transporte que vendría a agrupar las instituciones que manejan todo lo que tiene que ver con el tránsito y transporte en el país.
LAS MEDIDAS DE REGULAR EL TRANSITO
“Dentro de las medidas que estamos tomando un PLAN que se está ejecutando en el polígono Central del Distrito Nacional, apoyado en un profundo estudio realizado por una empresa brasileña, hemos zonificado la ciudad e iniciado por la zona de mayor impacto donde está la mayor convergencia del tránsito”, dijo el también ministro Sin Cartera.
Detalló que se han adoptado una serie de medidas, tales como prohibición del giro a la izquierda, mayor sincronización de los semáforos, habilitación de un tercer carril, entre otras, que han dado resultados satisfactorios, al grado de lograr una mejoría entre un 20 y 30 por ciento en la mejoría de tránsito.
Según el funcionario, esas medidas surtirán efectos positivos para el periodo navideño, época en que aumenta la circulación y la movilidad. Informó que el parque automotriz de del país supera los 6.5 millones de unidades para una población de unos 11 millones de habitantes.
Respecto a las llamadas chatarras, dijo que el organismo que dirige está empeñado en volver a poner en práctica la revisión de los vehículos para proveerlos de la Revista como requisito para circular, algo que se “relajo”, es decir, se prostituyó, llegando hasta venderse en los semáforos.
Sobre los carros de “concho” dijo que continuación con la creación de los Corredores que contempla la Ley de tránsito, y que fue puesto en ejecución por al actual gobierno de Luis Abinader, plan que contempla que esos choferes de carros sean asimilados en autobuses de los corredores como sucede en los que ya están circulando.
Considera que los municipios deben ser más participativos en la regulación del tránsito, argumentando que, por lo menos, en la capital, cuando los cabildos dirigían el tránsito este funcionaba mejor.
El Ministerio Público depositó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, formal acusación en contra de 17 personas físicas y una jurídica que formaban parte de la red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.
La acusación fue presentada contra Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco y Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, así como de Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo, además contra la persona jurídica Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.
El órgano acusador solicita al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura a juicio contra los procesados, sustentada en la existencia de elementos suficientes de pruebas que le vinculan a la actividad criminal.
Los procesados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el Código Penal dominicano.
En tanto, que la razón social Vidrios y Aluminios Vidapol SRL, fue acusada de violar las disposiciones de los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Por este caso, en total, 27 personas han sido acusadas formalmente, entre ellas, 25 físicas y dos jurídicas.
La institución recordó que el pasado mes de febrero, también fueron acusados por formar parte de esta red Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito y de la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.
La referida estructura criminal se dedicaba a realizar acciones ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional y al lavado de activos proveniente de dicho delito precedente, en violación a las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El 20 de febrero del año 2023 les fueron ocupados a la estructura criminal 243 paquetes conteniendo 250.58 kilos de cocaína clorhidratada, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre las conductas que se atribuyó a la estructura, además estuvo la de patrocinar los kilos de drogas ocupados, así como su salida del territorio nacional con destino hacia Puerto Rico, donde también fueron ocupados 328 kilos de cocaína.
Con el dinero movido por esta actividad criminal los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, además de que hicieron simulación de ventas y colocaron altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permitió una segunda intervención, para incluir a otros miembros de la estructura, con la Operación Arrecife 2.0.
El órgano persecutor presentó acusación penal contra los miembros de la organización, la cual fue sustentada con más de 700 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados a los hechos que fueron investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
Los titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, ponderaron la presentación de esta acusación contra los miembros de esta estructura, como un duro golpe, que permite desequilibrar la organización criminal y que no vuelva a constituirse para cometer actividades delictivas.
El Ministerio Público queda a la espera de la fijación de la audiencia preliminar, por parte del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez.
