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Martínez abordó el tema tras escuchar a dirigentes peledeístas y ciudadanos en el marco de los encuentros denominados Café con Abel, a quienes animó a seguir trabajando en la reconstrucción de la esperanza de la gente para encaminar el país hacia un futuro seguro a partir de 2028.
“Ahora vemos que ni los mismos perremeístas hablan de su famoso cambio porque les da vergüenza aceptar que sus acciones han dado como resultado más desempleo y más inseguridad. Son responsables de la pérdida en la calidad de vida de las familias dominicanas”, expresó.
El líder opositor dijo que al recorrer el país escuchando y hablando con la gente de pueblo, le ha permitido ponerse en los zapatos de la madre soltera desamparada y del joven que busca una oportunidad. También en los del padre de familia que despierta antes de salir el sol para enfrentarse a la pesadilla de buscar el sustento que ya no alcanza para echar hacia adelante su hogar.
“Ante una desesperanza generalizada, debemos trabajar muy duro para despertar la conciencia de la gente y evitar un nuevo engaño en el próximo proceso electoral porque en campaña todo el mundo habla bonito. Debemos enseñarles a nuestras familias, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a reconocer entre tanta parafernalia, al político que puede mostrar una trayectoria de resultados, que tenga la capacidad y experiencia para rescatar y enderezar el rumbo del país, pero, sobre todo, que le preocupe el sentir de la gente”, señaló.
El exalcalde de Santiago reflexionó sobre la necesidad de “ganarle la batalla a la apatía, al engaño, a las falsas promesas, a la incapacidad y al odio porque este es nuestro país. Aquí vivimos y aquí vivirán nuestros hijos, nuestros nietos”.
Abel Martínez se mantiene activo en contacto directo con las bases del partido, con líderes comunitarios y ciudadanos que buscan aunar esfuerzos para construir un proyecto presidencial sólido, que encarne el verdadero sentir del pueblo dominicano, con la mirada puesta en 2028 como punto de partida para rescatar el país.
El tribunal ratificó la prisión preventiva a los acusados Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra tras rechazar la solicitud de cese de la prisión preventiva presentadas por sus respectivas defensas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, adoptó la decisión tomando en cuenta que el plazo razonable aún se mantiene y que el cese de la prisión no es automático, sino, que el juez debe tomar en cuenta otros aspectos como lo es que el Ministerio Público está listo para presentar su discurso de apertura en el inicio del juicio el próximo 20 de noviembre de 2026.
También, por la gravedad de los hechos, la pena a imponer en caso de sentencia condenatoria y de que los presupuestos que presentaron en la audiencia de este viernes ya fueron ponderados con anterioridad por otros jueces y que son insuficientes.
Además, se tomó en cuenta que el juicio inicia en dos semanas y no ofrecen garantías para enfrentar su proceso en libertad, por lo que en su caso la medida de coerción más idónea es la prisión preventiva que pesa en su contra.
Con la decisión, Gabriel Santana Borsilea continuará cumpliendo la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, y Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
El proceso también se sigue en contra de los acusados Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como a Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
También, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.
Afectaron a más de 366 víctimas
Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.
El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.
La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
Durante el acto, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, afirmó que la fortaleza de un Estado constitucional no se mide únicamente por la amplitud de los derechos que proclama, sino por la eficacia de los medios que aseguran su protección.
Destacó que las garantías constitucionales representan un compromiso del Estado con la dignidad humana, la prevención de los abusos de poder y la preservación del orden constitucional.
«Si los derechos son las promesas que la Constitución hace a las personas, las garantías son los instrumentos jurídicos que le dan vigencia y exigibilidad», expresó Estévez Lavandier, quien sostuvo que la labor de los jueces constitucionales trasciende la preservación formal de la Constitución y tiene como propósito asegurar la vigencia de los principios y valores que sustentan el Estado social y democrático de derecho.
Las garantías constitucionales y su impacto en la ciudadanía
Como parte de la audiencia solemne, los magistrados del Pleno abordaron distintos instrumentos establecidos en la Constitución para proteger los derechos fundamentales, garantizar el debido proceso y fortalecer la participación ciudadana.
El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, explicó el alcance de la acción directa de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 185.1, como mecanismo para cuestionar ante el TC las disposiciones normativas contrarias a la Constitución.
Por su parte, el magistrado Domingo Gil abordó el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 69, y la importancia de que las personas puedan acudir a los tribunales para reclamar la protección de sus derechos.
Sobre la acción de habeas corpus (art. 71), el magistrado Fidias F. Aristy Payano afirmó que esta esuna garantía para la persona frente a toda detención que obliga a las autoridades a presentar al detenido inmediatamente ante un juez.
El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se pronunció sobre el art. 69.9, destacando que el TC ha sostenido que el derecho al recurso constituye una garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, cuyo ejercicio se encuentra, necesariamente, sujeto a la satisfacción de condiciones legalmente establecidas.
En cuanto a los mecanismos de participación democrática, la magistrada Sonia Díaz Inoa explicó el alcance del referendo, previsto en los artículos 22.2 y 210, como instrumento que permite la participación directa de la ciudadanía en decisiones de interés público.
Sobre las garantías vinculadas al orden constitucional, el magistrado José Alejandro Ayuso explicó el control preventivo de los tratados internacionales, establecido en el artículo 185.2, que permite verificar su conformidad con la Constitución antes de su ratificación.
La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera destacó el derecho de toda persona a ser escuchada dentro de un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, conforme al artículo 69.2 de la Constitución.
A continuación, la magistrada Army Ferreira resaltó la relevancia del habeas data (art. 70) y aseguró que en la actualidad no puede verse como una concepción estática de la información personal, pues su interpretación constitucional debe ser capaz de responder a una realidad en la que el dato deja de ser simplemente información y se convierte en una fuente de poder.
Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó la presunción de inocencia, establecida en el artículo 69.3, que garantiza que toda persona sea considerada inocente hasta que se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.
La Constitución vive contigo
La audiencia solemne forma parte de las actividades organizadas por el Tribunal Constitucional con motivo del Mes de la Constitución, que este año se desarrolla bajo el lema «La Constitución vive contigo».
A través de esta iniciativa, el TC procura acercar la carta magna a la ciudadanía, promover el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales y explicar cómo las garantías establecidas en ella se manifiestan en la vida cotidiana de las personas.
La actividad, celebrada en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, reunió a jueces, abogados, académicos, funcionarios y autoridades civiles y militares, en conmemoración de la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844.
SAN FRANCISCO DE MACORIS, Duarte.- Con la presencia de obispos, sacerdotes, familiares y feligreses, fueron sepultados los restos de monseñor Jesús María De Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís, en la cripta de los obispos de la Catedral Santa Ana, tras su fallecimiento el miércoles 4 de noviembre de 2026.
En la Eucaristía presidida por Mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, se leyeron las condolencias enviadas por el Papa León XIV, quien “ofrece sufragios por el eterno descanso de este pastor y expresa su profundo pésame a todos los miembros de esta Iglesia particular, así como a los familiares y conocidos del difunto”.
Durante la homilía de la Misa exequial, el padre Paulino Paredes, vicario general de la diócesis, valoró el trabajo pastoral del obispo al señalar que “su misión apostólica la realizó como maestro, enseñando los valores del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y cuidando el depósito de la fe”.
Sus familiares y allegados también resaltaron las virtudes que distinguieron a Mons. Moya durante su ministerio sacerdotal y episcopal, manifestando que “su verdadera grandeza no estuvo en los títulos, sino en su humildad, fe, cercanía, sencillez y amor a los demás”.
En ese orden, destacaron el compromiso de Mons. Moya con la promoción de la educación, convencido de que esta constituye una vía para el desarrollo humano y social. “La educación es una forma de amar y gobernar es una forma de servir”, solía expresar el obispo emérito, cuya vida sacerdotal estuvo marcada por la entrega y el servicio, así como por su capacidad de mediación ante diversas problemáticas sociales.
Sobre Mons. Jesús Moya
Nació el 28 de noviembre de 1932. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1961. Realizó estudios de postgrado en Madrid, España, y Quito, Ecuador. Fue elegido obispo titular de Maxita, y nombrado auxiliar de la entonces Diócesis Santiago de los Caballeros el 13 abril del 1977.
Recibió la ordenación episcopal el 21 de mayo del mismo año. El 20 de abril de 1984, el Papa san Juan Pablo II, lo designó segundo obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís. En el 2012 es sucedido por Mons. Fausto Ramón Mejía Vallejo, pasando así a ser obispo emérito.
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La decisión del tribunal ratifica la medida privativa de libertad además a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y a Ramón Alan Speakler.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió, atendiendo a una condición médica presentada por la defensa, la medida de coerción contra Rafael Martínez Hazim, quien pasará a cumplir arresto domiciliario con el uso de un dispositivo electrónico. Además, le impuso la obligación de presentar una garantía económica de 15 millones de pesos, a través de una aseguradora, e impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el equipo litigante estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien estuvo acompañado por los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
Al solicitar al juez de la Instrucción que rechazara el pedimento de variar la medida de coerción establecida, Camacho manifestó que “no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”.
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de su decisión.
En las motivaciones de la decisión, el juez citó los criterios jurídicos tomados en cuenta por el tribunal que impuso la medida de coerción, atendiendo a la gravedad de los hechos cometidos contra una entidad dedicada a facilitar los servicios de salud a amplios sectores de la población. Recordó, además, el peligro de fuga de los procesados y el daño a resarcir al Estado y a la sociedad.
Recordó la decisión del Tribunal Constitucional que manda a realizar un test de ponderación al momento de revisar la medida de coerción. En ese sentido, hizo referencia a Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles en torno a quienes persisten las razones que dieron origen a la medida de coerción.
La defensa de los imputados Alan Speaker y Rafael Martínez solicitó al juez Timoteo Peguero desglosar la audiencia de revisión obligatoria de la medida, dado que sus defendidos están a la espera de la celebración de una audiencia de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, el próximo martes 10 de noviembre del año 2026.
En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, manifestó que el conocimiento de la revisión obligatoria no impide el conocimiento de la apelación.
Luego de analizar los planteamientos, el juez declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, como solicitó el Ministerio Público, y ordenó iniciar la revisión obligatoria de la medida de coerción a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
La medida de coerción había sido ratificada el pasado mes de agosto.
Por este caso también es imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.
El proceso judicial que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, pago de garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde el mes de mayo pasado en el citado centro penitenciario.
Persecución contra la red
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva y Vargas Sánchez arresto domiciliario.
Igualmente, el pasado mes de septiembre el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A. En el proceso les fueron impuestas medidas de coerción a 24 personas, incluyendo varios médicos.
