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El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, explicó que esta entrega representa un avance dentro del proyecto residencial, que contempla la construcción de un total de 1,264 viviendas mediante la colaboración del Gobierno y el sector privado.
Desarrollado a través del Fideicomiso Fonvivienda, el proyecto forma parte del Programa Mi Vivienda y cuenta con una inversión aproximada de RD 321 millones, de los cuales RD 204 millones corresponden a inversión privada estimada y RD 117 millones a aportes subsidiados o inversión pública.
Financiamiento con tasa fija
Miguel Ramos, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales del Banco de Reservas, destacó que la entrega de las llaves permitirá a 97 familias contar con un hogar propio y avanzar hacia un futuro con mayor seguridad y estabilidad.
Informó que Banreservas financió los apartamentos con más de RD 200 millones, a una tasa de interés fija de un 8 % anual durante siete años.
Asimismo, señaló que la entidad bancaria respalda la política habitacional del Gobierno para facilitar el acceso a viviendas a los sectores que más lo necesitan.
Apartamentos con áreas familiares y recreativas
De su lado, Diego Reyes, representante de la constructora Derco, SRL, afirmó que el apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader contribuye a que más familias puedan adquirir una vivienda propia.
Las unidades habitacionales cuentan con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un parqueo por apartamento. Algunas viviendas del primer nivel disponen, además, de terraza y patio. El residencial incluye zonas verdes y espacios recreativos para el disfrute de sus residentes.
En el acto de entrega, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado de la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y otras autoridades de la demarcación.
La sentencia establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y durante el período de suspensión de la prisión cumplir ciertas condiciones.
Los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes representaron al Ministerio Público, plantearon al tribunal las condiciones establecidas en el pacto, entre las cuales se encuentra residir en un domicilio fijo, y, de cambiar del lugar de domicilio, notificarlo al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.
Bello Segura también deberá abstenerse de viajar al extranjero sin permiso judicial, así como a portar armas de fuego y del abuso de bebidas alcohólicas, además de que deberá presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad establecida con esos fines.
La jueza de la instrucción Kenya Romero dictó la sentencia tras homologar un acuerdo en el que la procesada admite la acusación del Ministerio Público, declarándose culpable de los hechos y dispuesta a colaborar con el Ministerio Público.
La sentencia también establece el decomiso de los accesorios incautados.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 5 de noviembre del año 2026, a las 3:00 de la tarde.
Por el caso, el pasado mes de septiembre el procesado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario y clausurada de manera definitiva la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por el encartado. Además, le fue impuesta el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes que les fueron incautados.
Igualmente, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como del capitán Nelson Valdez y compartes.
Junto al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal le varió la prisión preventiva por una garantía económica ascendente a la suma de 500 mil pesos, por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial, y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
Mientras que se mantienen las medidas de coerción impuestas a Santos Rodríguez, consistentes en una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de bienes con relación al acusado Rodríguez Toribio y la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
Persecución contra la estructura criminal
El grupo criminal, que fue arrestado tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en el mes de noviembre del año 2024, es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de miles de municiones y pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
El expediente establece que los acusados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas con el objetivo de distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.
El grupo es acusado por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en violación a varios artículos del Código Penal dominicano, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas e incurrir en legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados, así como por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), el ministro destacó la importancia de traducir la coordinación nacional en resultados concretos y verificables de políticas públicas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, el funcionario resaltó la transformación experimentada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Díaz explicó que, desde la Presidencia del CONCLAFIT, se ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio, instrumentos que fortalecen la coordinación de las instituciones que integran el sistema nacional de prevención.
En ese contexto, anunció que, a partir de 2027, se iniciará un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos de la República Dominicana para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El ministro también destacó la actualización de los instrumentos normativos y técnicos del sistema, resultado de la colaboración entre la UAF y el CONCLAFIT. Entre estos avances, presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020, de acuerdo con la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo nacional y los riesgos actuales.
Durante su intervención, Díaz llamó a asumir el cumplimiento de las medidas de prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo. También destacó la apertura del CONCLAFIT al diálogo con el sector privado y la incorporación de las perspectivas de gremios y asociaciones en la toma de decisiones del Comité. “Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz.
En tanto, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperación público-privada, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de los riesgos asociados al crimen organizado.
Sobre el congreso
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores público y privado, quienes analizaron los principales desafíos en la prevención y persecución del lavado de activos, así como la efectividad de los sistemas de control, la recuperación de activos y la gestión de riesgos.
La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles y sesiones especializadas sobre los riesgos fiscales y legales asociados al comercio, la gobernanza de datos, las evaluaciones mutuas y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento.
