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El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra nueve integrantes de una organización criminal transnacional que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína, al lavado de activos, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros tipos penales, la cual fue desmantelada con la Operación Leopardo.
La acusación fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
El grupo tiene comprometida su responsabilidad penal según la investigación realizada por los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier Sánchez, bajo la coordinación de la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la procuradora fiscal titular interina de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido.
La estructura criminal operaba en distintas regiones del país y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este como centros de recepción, almacenamiento y despacho de sustancias narcóticas.
En sus operaciones recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, los transportaba por tierra, almacenados en inmuebles vinculados a sus integrantes y trasladadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde eran distribuidas hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
El órgano acusador solicitó que la acusación sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes. Asimismo, que al concluir el proceso, se ordene el decomiso de los activos vinculados a los hechos imputados.
Uno de los hechos centrales de la investigación ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación denominada “Lucifer”, en la zona de Cap Cana.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, fueron ejecutados 17 allanamientos simultáneos, durante los cuales se ocuparon otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de ellos almacenados en el establecimiento comercial Drinks Súper Fría, ubicado en San Rafael del Yuma.
En conjunto, ambas operaciones permitieron vincular a la organización con 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.
Según la investigación, Moisés Severino Inirio ejercía la función de principal coordinador logístico de la estructura; Pedro Luis Cordero Espinal, labores de coordinación internacional, y Daniela Sthefany Amancio Olaverría, funciones financieras y logísticas. Otros acusados desempeñaban tareas de almacenamiento, transporte, custodia de sustancias, administración de establecimientos, movilización de dinero y ocultamiento de bienes.
Los análisis financieros incorporados a la acusación permitieron al Ministerio Público identificar ingresos y fondos movilizados superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos financieros.
La investigación identificó patrones propios del lavado de activos, entre ellos, depósitos fraccionados o “pitufeo”, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, utilización de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, especialmente USDT en la red TRC20.
El Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes, valores, productos financieros e instrumentos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas de la organización criminal. Entre los principales activos identificados se encuentran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida mediante una operación de US$820,000.
También, un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo, dos solares en el municipio San Antonio de Guerra y un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana. Además, de varios terrenos e inmuebles en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
Asimismo, las embarcaciones “Beto III” y “Fish On”, y la embarcación “Lucifer”, utilizadas para transportar el cargamento de 1,027.15 kilogramos. Además, varios vehículos de diferentes tipos y marcas, incluyendo camionetas, yipetas y motocicletas, entre otros medios de transporte, así como armas de fuego, entre las que se encuentran pistolas, escopetas, rifles, un fusil calibre 5.56, cargadores y numerosas municiones.
El Ministerio Público solicita, igualmente, el decomiso de relojes de las marcas Rolex, Breitling, Diesel, Apple y Curren, así como cadenas, pulseras, anillos y otras prendas de apariencia áurea.
Además, un lote de cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos, así como máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.
La acusación sostiene que una parte importante de estos bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que los acusados pudieran justificar su procedencia mediante actividades económicas lícitas.
El caso se sustenta en una investigación conjunta desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA).
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Seguidores y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, la mayor plaza electoral del exterior, sostienen que, ante los intentos de impedir con subterfugios la celebración de la consulta interna prevista para octubre próximo, queda claro que quienes lo intenten estarían favoreciendo al Partido Revolucionario Moderno (PRM), como planteara Francisco Javier García en febrero de 2025.
En un documento, expresan que el partido debe “poner el oído en el corazón de la inmensa mayoría de sus dirigentes, militantes y la sociedad dominicana, que reconocen el trabajo que desde hace años viene realizando Javier García, recorriendo provincia por provincia, municipio por municipio y distrito municipal por distrito municipal, impulsando su proyecto presidencial”.
Durante los mismos ha dedicado largas jornadas en explicar sus objetivos como futuro presidente de la República, indican.
“Lo viene haciendo desde 2024, cuando el PLD estaba sin expectativas y desacreditado. En las elecciones de ese año, el partido de 8,145,548 votantes registrados solo obtuvo 453,468 (10.39%), quedando en tercer lugar.
Indican que también se están haciendo planteamientos desfasados, e incluso malintencionados, al pretender que la consulta interna se realice en octubre de 2027, a pocos meses de que el partido deba definir oficialmente su candidato presidencial.
Asimismo, citan el argumento de quienes sostienen que “ni Abel ni Gonzalo estarían de acuerdo en participar en esa convocatoria de octubre”, “si eso fuera así, estaríamos enterrando desde ahora al PLD con una nueva división”. “¿cuál es la prisa que tiene el PLD para realizar una consulta fuera de los plazos establecidos? “El sistema de primarias vigente está ahí, esperando los plazos”. “No veo la necesidad de hacer unas preprimarias”.
Aunque el sector de Gonzalo Castillo desautorizó esas afirmaciones, los firmantes del documento recuerdan una reflexión del profesor Juan Bosch: “En política, las intenciones ocultas, los acuerdos silenciosos y las estructuras invisibles suelen definir el poder real mucho más que los actos públicos y evidentes”.
Los simpatizantes del PLD sostienen además que “todo aquel que se oponga a que el partido realice una consulta, como ocurrió en 2022 y existe un precedente, y pretenda posponerla hasta octubre de 2027, está trabajando para el PRM, sin rodeos”.
Subrayan que la celebración de la consulta no tiene marcha atrás, ya que en febrero de este año el Comité Central (CC) la aprobó de manera unánime y, además, existe un precedente que respalda esa decisión, precisan.
Entre los firmantes se encuentran Wenceslao Antigua, Mario Ledesma, José M. Soto, Juan de Rodríguez, Emilio Rojas, Mildres Ortega, Josefina Almonte, Elvyra Gómez, Hugo Rivera, Carlos Estévez, Susana de los Santos, William Lluberes, Santiago Encarnación, Francisco Marrera, Stalin Suriel, Jorge Rivas, Alejandro Espinal, Rodolfo Báez, y Gabriel Liberato, entre otros.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La Fundación Hermanos Rojas (SOLN) realizó el pasado fin de semana una gala benéfica con el objetivo de fortalecer su labor social y filantrópica en favor de las comunidades más necesitadas de la República Dominicana.
SOLN, cuyo lema es «Por el bienestar social, hoy y siempre», es una organización sin fines de lucro con presencia en Nueva York y a nivel nacional en la RD. Durante más de 20 años ha asistido a decenas de miles de familias de escasos recursos.
La organización está presidida por el empresario y líder comunitario Roberto Rojas, valorado por sus connacionales en la Gran Manzana como un filántropo.
Rojas destacó ante cientos de asistentes que, a lo largo de más de dos décadas, la Fundación puede exhibir grandes obras. Entre ellas, la construcción de escuelas, viviendas, canchas y “plays”; la reparación de hogares; el otorgamiento de decenas de becas en centros universitarios regionales; la realización de operativos médicos; y la entrega de miles de medicamentos, sillas de ruedas, muletas, andadores, cajas de pañales y decenas de camas medicas.
La Fundación organiza, como cada año, actividades navideñas y del Día de Reyes Magos en barrios marginados del Distrito Nacional y varias provincias del país, subrayó.
Rojas expresó: “Nuestro compromiso siempre ha sido llegar donde más se necesita”. En las comunidades más vulnerables trabajamos de manera permanente. Por ejemplo, en el área donde el pastor Pablo Fortuna, en Elías Piña, desarrolla su labor, visitamos cada 15 días para llevar comida a más de 100 niños.”
En Mata Gorda, en Villa Mella, de lunes a viernes proveemos comida preparada a unas 150 personas. También apoyamos la formación de jóvenes en la escuela Mi Pueblo, en Fantino, Cotuí, con el propósito de contribuir al desarrollo de las comunidades más vulnerables y servir a quienes realmente lo necesitan.
“Nos enfocamos en el desarrollo comunitario, la asistencia social, el apoyo a niños vulnerables, el cuidado de los adultos mayores y la ayuda tras desastres naturales, tanto en la capital como en diversas provincias del país, con recursos propios y el trabajo de nuestros voluntarios”, precisó.
Rojas recibió reconocimientos del asambleísta del D-78 en El Bronx, George Álvarez, el periodista Aquiles Rojas representó el oficial electo; del Concejo Municipal de Paterson, de parte del concejal Alex Méndez; y de la Unión Deportiva Dominicana en NY, entre otras entidades. Los directivos fueron reconocidos con una medalla.
A la actividad asistieron empresarios, comunitarios, representantes del sector público y privado, miembros de diversas organizaciones, periodistas, comerciantes y ciudadanos en general.
La oficina principal está en la avenida Emilio Prud’Homme No. 2, en el Distrito Nacional. También en la calle Juan Sánchez Ramírez No. 71, en Fantino, Cotuí; así como en Mao, Santiago, Elías Piña, La Romana y San Francisco de Macorís. En NY en el 560 West de la calle175, entre las avenidas Audubon y Saint Nicholas, en el Alto Manhattan.
El acto se celebró el pasado sábado a partir de las 7:00 de la noche en los salones de The Eastwood Manor, en el 3471 de Eastchester Road, en El Bronx. La actividad contó con un amplio bufé y música en vivo.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- En lo que va del presente año, 8,698 personas han fallecido en Estados Unidos a causa de heridas de bala y otras 16,106 han resultado heridas, algunas de gravedad, según el Archivo de Violencia Armada, con sede en Washington DC.
Hasta el 31 de agosto, la organización registraba entre las víctimas mortales a 736 menores de edad, mientras que otros 1,998 resultaron heridos, varios en estado crítico.
Asimismo, se contabilizan 31 agentes policiales fallecidos y 207 heridos. Entre ellos figura el agente dominicano Mario García, con 20 años de servicio, quien murió en el sector de Riverdale, en El Bronx. El caso más reciente de un agente fallecido por heridas de bala ocurrió este lunes en Washington DC.
La misión del GVA es documentar a nivel nacional los incidentes de violencia armada y los delitos cometidos con armas de fuego.
Por su parte, Small Arms Survey, un proyecto de investigación independiente con sede en Ginebra, Suiza, estima que los civiles estadounidenses poseen aproximadamente 393 millones de armas de fuego.
Esta cifra supera el total de habitantes del país y equivale a un promedio de 120.5 por cada cien personas.
Durante 2025 se registraron 38,583 muertes por heridas de bala y 26,345 heridas. De las víctimas mortales, 1,042 eran menores de edad y otros 3,220 menores resultaron heridos.
Además, 81 agentes policiales perdieron la vida y 340 resultaron heridos, de acuerdo con datos del GVA.
Entre los fallecidos por impactos de bala figuraron múltiples dominicanos. Las estadísticas reflejan que, año tras año, la cantidad de fallecidos y heridos por armas de fuego en territorio estadounidense se mantiene en niveles similares, con variaciones mínimas.
