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El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó este viernes al profesional de la Medicina que trata al exsenador Rafael Porfirio Calderón que entregue al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el récord de salud del imputado por corrupción que viene solicitando desde el pasado mes de noviembre aplazamientos de audiencias por licencia médica.
La jueza Altagracia Ramírez acogió la petición formulada por el Ministerio Público con el propósito de que se cumplan los tiempos procesales en el conocimiento de la audiencia preliminar contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz recordó que el imputado Calderón presentó en el día de ayer, jueves, otra licencia médica de 30 días.
“Siguiendo incluso una preocupación del tribunal y de algunas defensas sobre la agilización del proceso, el Ministerio Público encaminó esfuerzos para que, en menos de 24 horas, el Inacif pudiera establecer la condición de salud del imputado; sin embargo, aunque los profesionales certificados del Inacif realizaron la visita y la inspección médica, al no poder tener acceso al expediente, no pudieron establecer conclusiones”, añadió.
“Por esa razón, los fiscales requerimos al tribunal, para evitar una suspensión de 30 días, que ordene al médico tratante del imputado que entregue copia del expediente clínico al Inacif”, indicó Mirna Ortiz.
La jueza Ramírez ordenó la entrega inmediata del expediente médico completo del imputado al Inacif para que la institución forense pueda realizar la experticia debidamente fundamentada.
La audiencia fue recesada por segunda vez esta semana, con nueva fecha para el próximo jueves 18 de diciembre.
Los imputados del caso son procesados por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos.
Los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía.
El entramado de corrupción administrativa enfrentado con la Operación Cobra captó miles de millones de pesos para enriquecerse en detrimento de los servicios sanitarios que ofrece a la población el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las evidencias arrojan que, con la excusa de que estaban haciendo recaudaciones con fines políticos, algunos de los imputados captaban recursos de sobornos para provecho personal que destinaban a adquirir propiedades, crear empresas de carpeta para comprar y administrar bienes y realizar diversas inversiones que son objeto de investigación.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El miércoles la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, explicó a los periodistas que cubren la fuente judicial, que el Ministerio Público con los imputados se empiezan a aplicar las normas establecidas en la recién promulgada Ley núm. 97-25 que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, dijo Reynoso.
“Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos”, indicó.
Dijo que también hay múltiples centros de salud que están bajo investigación. “No es que serán investigados, es que ya llevamos un tiempo investigando”.
Explicó que, como la investigación resulta tan amplia, el Ministerio Público decidió judicializar el caso en partes separadas para facilitar a los tribunales el conocimiento del proceso.
“Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad”, manifestó.
“Este equipo ha estado trabajando sin descanso, y va a seguir trabajando para, no solo que haya sanciones penales ejemplarizadoras, sino, también, para que el Estado decomise y sea restituido cada peso”, expresó Yeni Berenice.
El presidente Luis Abinader instruyó para que el Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (Senasa) modifique el reglamento interno de esa institución, y se cree una comisión técnica de cinco miembros, que serán designados por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de impactar en la eficiencia y efectividad de sus funciones.
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Esto, en el marco de una serie de medidas que procuran fortalecer el sistema de supervisión, control y administración del riesgo de la referida entidad.
Por disposición del presidente Abinader, se designará en esa comisión al doctor Arismendi Díaz Santana, quien la coordinará, así como a los señores Pedro Ramírez Slaibe, Federico Lalane José, el magistrado Alexis Read (una vez concluya sus funciones en la Suprema Corte de Justicia) y Nora Elizabeth Sánchez Padilla, ex coordinadora de Participación Ciudadana.
Para tal efecto, el jefe de Estado instruyó al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en su condición de presidente del Consejo de Senasa, para convocar a ese organismo, del cual forman parte también, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales y el director ejecutivo de Senasa, para que modifiquen el reglamento orgánico interno de la aseguradora y propongan las mismas ante el Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud.
Se destaca que el Poder Ejecutivo es consciente de que ni la Ley núm. 87-01,que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en su artículo 159, ni el Reglamento Orgánico del Seguro Nacional de Salud, prevén con detalle las herramientas normativas tendentes a garantizar el mejor funcionamiento del órgano y a una dinámica constante de rendición de cuentas.
El Gobierno trabaja desde ya en una propuesta de modificación integral de la referida ley, pero mientras este proceso sigue su necesario curso, las modificaciones reglamentarias instruidas servirían como base normativa para mejoras inmediatas.
Las reformas
Entre los cambios promovidos por el presidente Abinader que serán discutidos por el Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud, para asistir y asesorar al Consejo Nacional, siendo responsable de monitorear, evaluar y emitir reportes periódicos sobre la situación operativa y financiera del Seguro Nacional de Salud.
Esta comisión complementaría las actividades del Consejo, procurando que un equipo permanente supervise los aspectos administrativos y financierospreponderantes, dado que el Consejo está legalmente compuesto por funcionarios y representantes con muchas otras atribuciones y responsabilidades.
Entre las funciones que se le atribuiría a esta comisión técnica, está la de conocer y dar “no objeción” a las iniciativas de suscripción de contratos que superen al mes, el monto de cinco millones de pesos indexable anualmente de conformidad con el índice de inflación establecido por el Banco Central de la República Dominicana, sean de naturaleza administrativa o de provisión de servicios de salud, que puedan tener impacto financiero en el Seguro Nacional de Salud.
Igualmente, le competería recabar información, analizar, vigilar e informar mediante reporte periódico escrito a los miembros del Consejo sobre lo siguiente:
a) Las transacciones y operaciones financieras del Seguro Nacional de Salud.
b) Las contrataciones de servicios que se pretendan efectuar o que sean realizadas por la Dirección Ejecutiva.
c) Las autorizaciones otorgadas en el período en los diferentes regímenes de financiamiento (contributivo y subsidiado) del Seguro Nacional de Salud.
d) Las reclamaciones recibidas en segunda instancia para los diferentes regímenes de financiamiento.
e) Las modalidades de contratación y mecanismos de pago para la prestación de los servicios de salud por el Seguro Nacional de Salud.
f) El cumplimiento de los compromisos financieros del Seguro Nacional de Salud correspondientes a autorizaciones médicas y reembolsos a los afiliados.
g) La disponibilidad bancaria del Seguro Nacional de Salud, que incluya información sobre saldos bancarios, inversiones en proceso y/o cancelaciones de inversiones que se requieran.
h) El cumplimiento del registro de los contratos de las compras administrativasen el sistema de la Contraloría General de la República.
La instrucción del presidente apunta igualmente a un diseño orgánico en el que el Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud se reúna de forma ordinaria con la periodicidad y celeridad propia de sus funciones, y destaca aspectos como la publicidad de las actas, resoluciones y certificacionesemitidas por el Consejo y la inclusión en el reglamento de la norma que disponga que las operaciones de compras y contrataciones deberán cumplir con los principios dispuestos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas vigente.
El presidente Abinader instruyó también al ministro de Salud Pública, en su condición de presidente del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud, a que en un plazo no mayor de 90 días convoque a los miembros del referido Consejo, de conformidad con las disposiciones del artículo 159 de la Ley núm. 87-01, así como de conformidad con los artículos 9 y siguientes del Reglamento Orgánico del Seguro Nacional de Salud, y le presente al mismo una propuesta de reforma integral de dicho reglamento, en el cual se definan con mayor calidad y se fortalezcan, entre otros aspectos operativos, las atribuciones, organización interna, régimen de responsabilidades, funcionamiento, reglas, forma de convocatoria y toma de decisiones de dicho consejo.
Durante la homilía, Mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, además de valorar todo el trabajo pastoral de Mons. Felipe, definió al obispo como un pastor “santo, sencillo y cercano, un formador incansable de sacerdotes, consagrados y laicos, un misionero apasionado”.
“Vivió entre la gente, como hermano en cada pueblo, en cada barrio, en cada comunidad que visitaba, su presencia entre los más pobres, su afecto por los últimos, su predilección por los que la sociedad olvida, fueron signos visibles de su espiritualidad”, resaltó Mons. Romero Cárdenas al describir el ministerio sacerdotal y episcopal de Mons. Felipe.
En honor a la memoria de Mons. Rafael, descrito por la alcaldía como una “figura pastoral de gran servicio para esta comunidad”, el Ayuntamiento de Barahona y su Consejo de Regidores emitieron un decreto mediante el cual se declararon tres días de duelo municipal, del 11 al 13 de diciembre, y se ordenó ondear la bandera municipal a media asta en las instituciones públicas del municipio.
La misa exequial contó con la participación de cientos de familiares, consagrados, laicos, autoridades civiles, militares y gubernamentales de la Diócesis.
Sobre Mons. Rafael Felipe
Nació el 12 de septiembre del 1938. El 25 de marzo de 1965 fue ordenado presbítero. Designado segundo obispo de Barahona por el Papa san Juan Pablo II el 7 de diciembre del 1999. Recibió la consagración episcopal el 22 de enero de 2000, iniciando un ministerio episcopal marcado por la cercanía a los pobres, la promoción de las vocaciones, la atención a los sacerdotes, el impulso a la evangelización y la defensa de la dignidad humana. En el año 2015 pasa a obispo emérito.
En el 2016 el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de San Pedro de Macorís, hasta el año 2017.
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El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), en coordinación con el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), celebró hoy el “Conversatorio sobre el contexto económico contemporáneo”, que estuvo a cargo del reconocido economista y exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, quien hizo un amplio análisis sobre las perspectivas de la situación macroeconómica global, regional y aspectos locales.
La actividad reunió a economistas, académicos, comunicadores y funcionarios encabezados por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el ministro de Industria y Comercio, Víctor-Ito-Bisonó, en su calidad de presidente del CAPP.
Durante la jornada se evaluaron los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina y en particular la República Dominicana en el actual entorno económico.
En ese sentido, Larraín resaltó que la República Dominicana exhibe como fortaleza un crecimiento elevado y sostenido por encima de los países de América Latina, el cual el próximo año se ubicará sobre el 4.5 %.
También destacó el bajo índice inflacionario, la autonomía del Banco Central, la estabilidad política y social que vive el país y el plan de cara al 2036 que fija metas alcanzables en términos de desarrollo.
Además, reconoció el aumento del PIB per cápita durante los años; la caída sostenida del desempleo; la reducción de la tasa de informalidad laboral y de pobreza que tiene la República Dominicana en comparación con sus pares de la región, así como los bajos niveles de riesgo crediticio medido por las principales aseguradoras internacionales.
Igualmente, hizo cuatro recomendaciones al país centradas en fortalecer la institucionalidad: mantener una eficiente regla fiscal, establecimiento de un Consejo Fiscal Autónomo para consultas, contar con fondos soberanos y un marco fiscal de mediano y largo plazo.
El conversatorio, realizado en la sala Jesús María Troncoso del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se convirtió en un espacio para el análisis y la actualización técnica, reafirmando el compromiso institucional del MHE y del Centro de Análisis para Políticas Públicas con la formación continua y la promoción de políticas económicas alineadas con estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.
Al hacer intervenciones durante la actividad, el ministro, Magín Díaz, explicó la importancia de contar con esta visión que pone en perspectiva el desempeño de la República Dominicana frente al contexto global.
De su lado, el ministro Bisonó agradeció al conferencista y dijo que "República Dominicana es un país estable, dinámico, pacífico, atractivo para la inversión y protagonista del crecimiento más vigoroso del continente".
Trayectoria del conferencista
Felipe Larraín, quien cuenta con una reconocida carrera en materia económica en la región y el mundo, es doctor en Economía egresado de la Universidad de Harvard e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Fue ministro de Hacienda de Chile desde el 2010 al 2014 y volvió a asumir ese mismo cargo entre 2018 y 2019. En la larga lista de reconocimientos que ha recibido figuran la designación como “Mejor Ministro de Hacienda de América Latina” en 2010 y “Economista Chileno de la Década” en 2025.
De acuerdo con su perfil profesional, ha asesorado a 15 gobiernos y colaborado como consultor con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Uno de sus logros fue haber liderado, en el 2019, la emisión del primer bono verde soberano de las Américas, distinguido internacionalmente como uno de los mejores de su categoría.
Además, es académico, editor y autor de más de 10 libros publicados en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) coordinados por el Ministerio Público y apoyados por organismos internacionales, confiscaron un cargamento de 429 paquetes presumiblemente cocaína durante una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
