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WASHINGTON, DC.-stados Unidos acordó modificar sus sanciones contra Venezuela para permitir que el régimen del país sudamericano pague al abogado defensor de Nicolás Maduro, retirando así una restricción que amenazaba con hacer fracasar el proceso por narcotráfico contra el derrocado presidente venezolano, según se desprende de un escrito judicial presentado el viernes.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron capturados en su domicilio de Caracas por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero y trasladados a Nueva York para enfrentarse a cargos penales que incluyen conspiración para el narcoterrorismo. Se han declarado inocentes y se encuentran encarcelados en Brooklyn a la espera de juicio.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, solicitó en febrero al juez federal de distrito Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, que desestimara el caso porque las sanciones de Estados Unidos impedían a la dictadura venezolana pagar sus honorarios legales.
Pollack afirmó que esa prohibición constituía una violación de los derechos de Maduro, amparados por la Constitución de Estados Unidos, a contar con el abogado de su elección.
Ni Maduro ni Flores pueden permitirse pagar a sus abogados por su cuenta, y el régimen venezolano está dispuesto a sufragar sus honorarios, según han declarado sus abogados. Todos los acusados en procesos penales en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, independientemente de si son ciudadanos estadounidenses.
Hellerstein declaró en una vista judicial celebrada el 26 de marzo que no tenía intención de desestimar el caso, pero se mostró escéptico respecto a que el Gobierno estuviera justificado al bloquear los pagos.
El fiscal Kyle Wirshba afirmó ante el tribunal que las sanciones estadounidenses que bloquean los pagos se basaban en intereses legítimos de seguridad nacional y política exterior. Wirshba también señaló que Hellerstein no podía ordenar al Departamento del Tesoro que modificara sus sanciones porque el poder ejecutivo, y no el judicial, es el encargado de la política exterior.
Hellerstein señaló que Estados Unidos había relajado las sanciones a Venezuela desde la destitución de Maduro.
Las relaciones entre Caracas y Washington han mejorado desde que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, comenzó a dirigir Venezuela de forma interina.
Delcy Rodríguez
“El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional”, dijo Hellerstein, un juez nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton.
“El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional”.
Durante su primer mandato en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las sanciones contra Venezuela por las acusaciones de que el Gobierno de Maduro era corrupto y socavaba las instituciones democráticas. Washington calificó de fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.
Maduro desestimó esas acusaciones, junto con las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas, como justificaciones pretextuales de lo que él denominó el deseo de Estados Unidos de hacerse con el control de las vastas reservas de petróleo de este país sudamericano miembro de la OPEP.
(FUENTE: INFOBAE/Con información de Reuters)
Agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), agencias de Inteligencia del Estado, apoyados por la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otros organismos internacionales, bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron otro cargamento de 450 paquetes de presunta cocaína, durante una ardua labor de persecución en contra de una narcolancha, que duró poco más de 12 horas.
El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado de causarle la muerte a su hija de un año, cuyo cuerpo fue hallado en una cañada del sector Los Girasoles.
A Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy) se le imputa el haber provocado la muerte de la infante el 21 de abril de 2026, a causa de asfixia por sofocación.
De acuerdo con la investigación realizada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el imputado, tras llegar a su residencia, procedió a asfixiar a la niña.
Posteriormente, introdujo el cuerpo sin vida en un bulto, lo sacó de la vivienda y lo lanzó a una cañada cercana.
Más adelante, el imputado regresó a la comunidad e informó a vecinos que la niña estaba desaparecida, lo que provocó que residentes del sector iniciaran una amplia búsqueda. Horas después, el cuerpo fue encontrado dentro del referido bulto en la cañada, dando aviso de inmediato a las autoridades.
El Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Policía Nacional, realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.
El imputado fue arrestado el pasado 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El órgano acusador ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró este viernes que el Ministerio Público probó la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes, destacando en ese sentido, que, indiscutiblemente, serán enviados a juicio.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la contundencia de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Al responder preguntas de la prensa a la salida del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dijo que las defensas quisieron tender una cortina de humo, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba.
Sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputados. Ortiz dijo que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó.
Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
En el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dictara auto de apertura a juicio en contra de todos los acusados. La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana. Por el caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.
También, están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant. A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso. Las personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Durante el proceso el Ministerio Público indicó que en el transcurso de la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa. El Ministerio Público determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
