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La destacada periodista, locutora y conductora de televisión Yicet Bueno continúa afianzando su posición en los medios de comunicación dominicanos gracias a una propuesta comunicacional que destaca por su profesionalismo, versatilidad y compromiso con el contenido de valor.
La joven comunicadora, oriunda de La Vega, ha logrado estructurar una marca personal sólida basada en la credibilidad y la diversificación de roles, convirtiéndose en una de las figuras más completas de la televisión actual.
En la actualidad, Bueno es el rostro del proyecto de temporada "Senderos de la Patria", un espacio que narra con rigor y dinamismo los hechos históricos más relevantes de la República Dominicana. Esta producción se transmite a través de Telemicro Canal 5, con retransmisiones especiales por los demás canales que integran el Grupo de Medios Telemicro.
Asimismo, su destacada labor informativa la ha llevado a ser la cara oficial del Noticiario Estelar de Telecentro Canal 13, y a formar parte de los panelistas principales de "Despierta RD", el influyente programa de opinión matutino de la misma planta televisora.
"La televisión actual nos exige ser creativos, pero sobre todo, nos exige respeto hacia el televidente. Cada proyecto que asumo, ya sea desde el análisis de la opinión, la formalidad de un noticiario o el rescate de nuestra historia, es una oportunidad para aportar, educar y entretener con propósito", afirmó la periodista.
Con este abanico de proyectos, Yicet Bueno reafirma su madurez profesional y su compromiso con la creación de contenidos de alta calidad, consolidando una trayectoria ascendente que la sitúa en un momento clave de su carrera en los medios masivos.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; la Coalición por una Seguridad Social Digna; la Fundación Juan Bosch; Ciudad Alternativa; y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), presentaron este lunes el estudio “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, en el que analizan la evolución del sistema entre 2010 y 2024.
La investigación sostiene que el modelo establecido por la Ley 87-01 ha favorecido una creciente transferencia de recursos públicos y cotizaciones sociales hacia el sector privado, en detrimento de los servicios públicos de salud.
Entre los principales hallazgos, el informe señala que entre 2010 y 2024 los prestadores privados recibieron RD$597,659 millones, equivalentes al 80.5% de los pagos realizados por el Seguro Familiar de Salud (SFS), mientras que los prestadores públicos recibieron RD$144,856 millones, apenas el 19.5%.
Asimismo, indica que las ARS privadas transfirieron RD$361,472 millones a prestadores privados y RD$50,693 millones a prestadores públicos durante el período analizado. En el caso de SENASA, los pagos a prestadores privados dentro del Régimen Subsidiado pasaron de representar el 21% en 2010 al 66.9% en 2024.
El estudio también destaca que la contratación de prestadores ha favorecido ampliamente al sector privado. Según los datos presentados, SENASA ha contratado catorce veces más prestadores privados que públicos, mientras que las ARS privadas han contratado dieciséis veces más.
Otro aspecto señalado es que, pese a las disposiciones de la Ley 87-01 y una sentencia del Tribunal Constitucional, en 2025 todavía el 31.5% de los empleados públicos permanecían afiliados a ARS privadas en lugar de SENASA.
La investigación estima además que entre 2007 y 2025 las ARS privadas absorbieron RD$87,650.3 millones en beneficios y gastos administrativos provenientes del Seguro Familiar de Salud, recursos que, según los autores, pudieron destinarse al fortalecimiento de programas públicos de salud.
Los investigadores sostienen que las limitaciones de cobertura, los pagos de bolsillo y las dificultades de acceso a servicios forman parte de un modelo que privilegia la rentabilidad financiera por encima de la garantía efectiva del derecho a la salud.
A partir de estos hallazgos, las organizaciones consideran que los problemas observados en SENASA durante los últimos años deben analizarse dentro de un proceso más amplio de privatización progresiva del sistema de salud. En ese sentido, afirman que el deterioro de los servicios públicos responde principalmente al insuficiente financiamiento estatal y a la transferencia sostenida de recursos hacia el sector privado.
Finalmente, las entidades hicieron un llamado a rechazar cualquier reforma a la Ley 87-01 que debilite aún más el papel de SENASA y de los servicios públicos de salud. Asimismo, abogaron por la construcción de un sistema de seguridad social más justo, solidario y transparente, capaz de garantizar el derecho a la salud de toda la población sin exclusiones ni barreras económicas.
“Estados Unidos se encuentra en una crisis inédita donde los dos principales actores de su sistema político, los partidos Demócrata y Republicano, no reconocen la legitimidad del otro, lo cual ha conducido a que las decisiones de la Corte Suprema, una institución históricamente apreciada como imparcial y respetable, sean interpretadas hoy día según criterios ideológicos y sesgos de conveniencia”.
Así se expresó el politólogo y catedrático Elvin Calcaño, durante su intervención en el coloquio “Claves del escenario político interno de Estados Unidos: desafíos y oportunidades para la República Dominicana”, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales Abelardo Vicioso y que contó con los comentarios de los científicos sociales Max Puig, Virginia Antares Rodríguez y Juan Miguel Pérez.
Calcaño, que fue el ponente principal del coloquio, explicó que en el escenario político actual de Estados Unidos, el partido Republicano entiende al máximo tribunal como una corte patriótica, mientras que para los demócratas se trata de un órgano reaccionario que responde a una agenda de derecha radical.
En este contexto, la elección del presidente Donald Trump sería el producto de una crisis que se prolongaría mientras persistan las razones que la motivan y que el académico sitúa en el empobrecimiento y precarización de las clases medias blancas, dentro del marco de la desindustrialización de la economía estadounidense.
“El análisis profundo de las dinámicas internas de los Estados Unidos no se limita a un ejercicio académico de investigación, sino que debe responder a un imperativo estratégico para comprender el presente de la principal potencia económica y militar del último siglo para poder entender el presente y el futuro próximo a nivel global”, dijo.
De su lado, Max Puig centró su intervención en el análisis de los cambios políticos e ideológicos que se han producido durante las últimas 6 décadas en Estados Unidos, especialmente en el presente siglo. Destacó cómo las grandes movilizaciones de signo progresista de los años 60 y 70 del siglo pasado impulsaron, a su vez, cambios significativos en la derecha estadounidense.
Explicó el surgimiento, desarrollo y radicalización de diversos movimientos de derecha y cómo estos terminaron imponiendo sus puntos de vista en el Partido Republicano y en diversos segmentos de la sociedad.
También indicó cómo estos grupos, que se autodenominan neoconservadores, derecha alternativa, o Alt-Right, postlibertarios, o neo reaccionarios, han pasado a jugar un rol importante en la política estadounidense, defendiendo abiertamente la desigualdad social e, incluso, la abolición de la democracia.
Virginia Antares Rodríguez señaló que, a la luz de la evolución actual, mucha gente en los propios Estados Unidos se está preguntando si ese país seguirá siendo una democracia, relacionando esta interrogante con la influencia desmedida del capital en la política, como han venido denunciando el senador Bernie Sanders y los demócratas socialistas.
La cientista política relacionó los desafíos a la democracia que se manifiestan en Estados Unidos con los que enfrenta el sistema político en República Dominicana, destacando cómo las necesarias reformas que deben producirse en nuestro país son frenadas por elites que financian las campañas políticas, evidenciando que la influencia excesiva del capital en la política nacional y la brecha social son desafíos compartidos que amenazan la representatividad y la salud de los sistemas democráticos, tanto en RD como en los Estados Unidos.
El sociólogo Juan Miguel Pérez destacó el tema de las repercusiones de las políticas desarrolladas desde Estados Unidos sobre nuestro país precisando que aquí se han venido aplicando políticas similares a las que orientan en la actualidad al gobierno de los Estados Unidos.
Dijo que la República Dominicana de hoy es el resultado de la intervención militar estadounidense de 1965, que terminó modelando la sociedad dominicana en función de los intereses de la gran potencia del norte y señaló que el debilitamiento de los lazos comunitarios ha convertido las elecciones en escenarios de confrontación identitaria, por lo que hizo un llamado a reconstruir narrativas sociales compartidas para evitar que la fragmentación social anule el debate democrático.
El coloquio “Claves del escenario político interno de Estados Unidos: desafíos y oportunidades para la República Dominicana”, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales Abelardo Vicioso tuvo lugar en el Archivo General de la Nación y reunió a un nutrido grupo de académicos y dirigentes políticos y sociales.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Decenas de miles de neoyorquinos, entre ellos dominicanos residentes en los cinco condados, corren el riesgo de perder, a partir de este lunes, el acceso a sus beneficios de asistencia alimentaria, cuando el gobierno federal ponga fin a un período de gracia de tres meses para cumplir con los nuevos requisitos laborales establecidos el año pasado en la “Gran y Hermosa Ley” del presidente Donald Trump.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de alimentos.
Los adultos de entre 18 y 64 años deben demostrar que trabajan al menos 20 horas a la semana (80 horas al mes) para mantener sus beneficios.
Si no cumplen con este requisito laboral, los beneficios se limitan a tres meses dentro de un período de tres años. Quedan exentos de estas normas los menores de 18 años, mayores de 64 años, embarazadas, personas con alguna discapacidad y quienes cuidan a un menor de 14 años o a una persona incapacitada.
En 2024, el programa SNAP ayudó a más de 1,7 millones de neoyorquinos a comprar alimentos básicos, según datos del Comité Ciudadano para la Infancia de NY.
La ciudad identificó a más de 126 mil neoyorquinos que son Adultos Físicamente Aptos sin Dependientes (ABAWD) y que podrían necesitar cumplir con los nuevos requisitos laborales, se informó.
La comisionada del Departamento de Servicios Sociales en NYC, Erin Dalton, afirmó que la pérdida de los beneficios del programa SNAP tendría un efecto dominó.
“La gente podría perder 850 millones de dólares, no solo en los bolsillos de los neoyorquinos, sino también en los de las empresas y en las comunidades”, declaró Dalton en una campaña de concienciación pública. “El impacto es enorme. Ningún otro dinero puede reemplazar los beneficios del programa SNAP una vez que se pierden”.
En el presupuesto aprobado para 2027, el estado de Nueva York aumentó los fondos para asistencia alimentaria de emergencia en 25 millones de dólares, alcanzando un total de 138 millones de dólares: 72,8 millones para HPNAP y 55 millones para NNY.
También asignó 7,9 millones de dólares al Programa de Divulgación y Educación Nutricional (NOEP), que ayuda a los neoyorquinos a gestionar las solicitudes y los beneficios del programa SNAP.
Los funcionarios de la ciudad dijeron que todavía hay tiempo para que los neoyorquinos en riesgo de perder sus beneficios obtengan ayuda, e instaron a comunicarse con HRA o usar el portal Access HRA para obtener ayuda. https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en este estado, al igual que otras etnias, se beneficiarían de las medidas aprobadas el pasado fin de semana por la gobernadora Kathy Hochul, para proteger los inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
El objetivo es reducir el temor de migrantes y familias mixtas a utilizar servicios básicos.
Los agentes federales de inmigración no podrán ingresar a áreas privadas de escuelas, hospitales, refugios, bibliotecas, lugares de culto, parques, guarderías, residencias estudiantiles, centros comunitarios o centros de votación.
Los estudiantes indocumentados recibirán mayores garantías para asistir a las escuelas públicas, sin temor a que su información migratoria sea compartida.
Si los agentes no tienen una orden judicial, empleados públicos no podrán permitir el ingreso a áreas no públicas.
Se impide que gobiernos locales, policías y centros penitenciarios estatales o municipales utilicen personal o instalaciones para funciones de inmigración civil. También limita la participación local en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.
Entre las disposiciones más novedosas figura la prohibición del uso de cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales cuando interactúan con el público, salvo excepciones médicas o tácticas.
Asimismo, NY creará un mecanismo estatal que permitirá demandar a funcionarios federales, además de estatales y locales, por presuntas violaciones de derechos constitucionales.
Estas son algunas de las medidas más significativas del nuevo paquete de leyes firmado por la gobernadora Hochul como parte del presupuesto estatal 2026-2027.
El plan de la mandataria estatal es como respuesta al endurecimiento de la aplicación federal de las leyes migratorias, que busca redefinir la relación entre las autoridades estatales y los oficiales federales de inmigración.
“Los abusos flagrantes de poder del gobierno federal no se tolerarán en NY”, afirmó Hochul al anunciar este paquete normativo, que según la administración estatal pretende proteger derechos constitucionales y mantener el enfoque de las autoridades locales en la seguridad pública y no en el control migratorio.
La asambleísta origen dominicana en El Bronx, Karines Reyes, dijo: “Este triunfo es la culminación de años de ardua labor de defensa; desde poner fin a la colusión formal mediante los acuerdos 287(g) como parte de mi “Ley NY para Todos”.
Cada elemento de este paquete es una declaración contundente de que NY se niega a ser cómplice de la campaña de miedo del gobierno federal. Me enorgullece ver estas salvaguardias convertidas en ley.
Hay que aclarar que las nuevas leyes no eliminan la presencia, ni la autoridad del ICE), ni impiden investigaciones o arrestos autorizados por órdenes judiciales. Lo que hacen es limitar el uso de recursos y personal estatal o local para la aplicación del control migratorio civil.
Para comuníquese con la Oficina de la Gobernadora de NY, en Albany: (518) 474-8418 y en Manhattan (212) 681-4640
