%20Presi%20dente%20,%20se%20dirige%20a%20los%20profesion%20ales%20de%20la%20medicina%20presentes.JPG)
Estas aperturas reafirman el compromiso de ambas marcas de seguir creciendo en comunidades estratégicas, facilitando el acceso a servicios financieros y transaccionales confiables, seguros y eficientes.
Las nuevas oficinas ofrecen una variedad de soluciones que incluyen el envío y recepción de remesas, cambio de divisas, pago de facturas y la gestión de paquetería, en espacios diseñados para brindar una atención ágil, conveniente y cercana.
Las nuevas sucursales se encuentran localizadas en ubicaciones estratégicas, con el fin de responder a las necesidades de los clientes y ampliar la disponibilidad de los servicios en la zona. Vimenca y Western Union continúan así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando su gestiónes cotidianas y contribuir al desarrollo de las comunidades donde tienen presencia, mediante una oferta integral de servicios respaldada por una trayectoria de confianza y cercanía.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, la expresidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología explicó que la lista incluye principalmente a pacientes con falla renal crónica e insuficiencia cardíaca congestiva, que esperan la oportunidad de recibir un órgano compatible.
“Esos pacientes son solamente los que están preparados para el trasplante”, precisó. Indicó que otros se encuentran en proceso de preparación y deben estar en condiciones de tolerar la cirugía cuando se presente una oportunidad de donación.
Rodríguez manifestó su preocupación porque la demanda de órganos crece y la lista no disminuye al ritmo deseado. Señaló que el INCORT promueve la donación, pero enfrenta niveles bajos que vinculó al desconocimiento de la población y a los mitos sobre la donación y el trasplante.
Comunicar la decisión a la familia
Rodríguez exhortó a quienes desean donar sus órganos a comunicar esa voluntad a sus familiares. Según explicó, en el proceso de donación tras el fallecimiento se consulta a la familia, cuya decisión se respeta.
“Y por eso es tan importante que comuniquemos, que hablemos estos temas en lo que es el seno familiar, porque al final de la vida son los que toman la decisión y es una decisión que respetamos”, expresó.
Indicó que, cuando la familia autoriza la donación, se realizan pruebas de compatibilidad para identificar a los pacientes de la lista que pueden recibir los órganos. Reconoció el dolor de las familias ante la pérdida de un ser querido y destacó la esperanza que una donación representa para quienes esperan un trasplante.
Experiencias que alientan la donación
Como muestra de la experiencia acumulada en el país, Rodríguez citó más de 4,000 trasplantes de córneas, más de 1,700 de riñón, aproximadamente 97 de hígado y tres de corazón. Sostuvo que los testimonios de pacientes trasplantados pueden contribuir a que más personas comprendan el valor de la donación.
La doctora destacó que, con los cuidados necesarios, el trasplante puede permitir a los pacientes retomar sus actividades cotidianas, familiares y laborales. Reiteró que aumentar las oportunidades de donación es esencial para responder a quienes permanecen en espera de un órgano.
Trasplantes requieren equipos especializados
Wanda Rodríguez, coordinadora general del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), advirtió que los mitos y las historias ficticias sobre la extracción de órganos generan desconfianza y contribuyen a disminuir la donación.
Calificó de “leyendas urbanas” los relatos sobre personas secuestradas para extraerles órganos destinados a trasplantes. Afirmó que no han confirmado una situación similar.
“Este proceso es sumamente complejo. No es tan simple como se puede presentar en esas ocasiones”, expresó. Señaló que las representaciones de estos procedimientos en películas y series pueden llevar a la población a confundir la ficción con la práctica médica.
Un procedimiento multidisciplinario
Rodríguez explicó que los trasplantes involucran a numerosos profesionales con entrenamiento especializado y exigen pruebas para evaluar la compatibilidad entre el donante y el receptor, entre ellas la determinación del tipo de sangre. Sostuvo que esa complejidad impide realizar el procedimiento de manera improvisada o a la ligera.
Indicó que una persona considerada como posible donante debe someterse a una evaluación exhaustiva para identificar contraindicaciones y determinar la viabilidad de sus órganos. Describió una valoración multidisciplinaria que abarca aspectos cardiovasculares, gástricos, renales y metabólicos.
En el caso de la donación tras el fallecimiento, agregó, también se evalúan los distintos sistemas del organismo y se investigan posibles trastornos infecciosos y metabólicos. Explicó que esas valoraciones permiten establecer si la persona reúne las condiciones para la donación.
La especialista señaló que el instituto lleva las estadísticas y funciona como órgano operativo del Consejo Nacional de Trasplante. Según manifestó, vela por el cumplimiento de la ley general de trasplante, que contempla sanciones para procedimientos contrarios a sus disposiciones.
Unos 6,000 pacientes reciben diálisis en el país en 2026
La doctora Wanda Rodríguez informó que un registro de la Sociedad Dominicana de Nefrología contabilizó 6,000 pacientes en terapia de diálisis en República Dominicana en el corte realizado en 2026. Advirtió que la enfermedad renal va en aumento y señaló a la hipertensión arterial y la diabetes como sus principales causas.
La coordinadora general del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) y expresidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología explicó que el registro incluye pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal.
Rodríguez indicó que las cifras han aumentado desde 2020 hasta alcanzar los 6,000 pacientes en el corte de 2026. Expresó su preocupación por la demanda que representa esta situación para el sistema de salud y llamó a fortalecer el cuidado y la prevención de las enfermedades renales.
Hipertensión y diabetes, principales causas
La nefróloga señaló que aproximadamente el 70% de esos pacientes cursa con hipertensión arterial y diabetes. Entre otras causas mencionó las afecciones directas de las células renales, las uropatías, las obstrucciones, los cálculos y los cánceres.
Exhortó a las personas con hipertensión o diabetes a someterse a una evaluación con nefrología para detectar posibles alteraciones renales. Explicó que identificar la enfermedad en sus etapas iniciales puede permitir frenar su deterioro, mejorar determinadas condiciones y postergar la necesidad de una terapia renal sustitutiva.
Rodríguez advirtió que esperar la aparición de síntomas puede retrasar la atención. Destacó la importancia de las consultas preventivas para identificar compromisos renales asociados a enfermedades sistémicas, incluidas las reumatológicas y metabólicas.
Añadió que algunos pacientes necesitan diálisis por daños relacionados con obstrucciones, cálculos o neoplasias. Mencionó que tumores de próstata, útero y otros órganos abdominales pueden repercutir en los riñones mediante compresión u obstrucción.
Cobertura del trasplante renal
La especialista destacó la resolución 533, que citó como una disposición de cobertura integral del trasplante renal. Según explicó, los seguros médicos de las personas en diálisis pueden cubrir la preparación, el procedimiento y el seguimiento del trasplante.
Sostuvo que esa cobertura representa una facilidad para que los pacientes se preparen, ingresen a la lista de espera y puedan recibir un trasplante.
Rodríguez afirmó que existen pacientes que llevan 10, 15, 20 y hasta 25 años en diálisis, y señaló que las alternativas de tratamiento y los medicamentos permiten mejorar sus condiciones. No obstante, destacó la diferencia en calidad de vida que puede representar un trasplante frente a la dependencia de la terapia dialítica.
La doctora reiteró su llamado a cuidar los riñones y evaluarse a tiempo. “Ojalá hablar de lo que es salud renal más que enfermedades renales”, expresó.
MONTEVIDEO, Uruguay.-La pequeña ciudad de Belén se convirtió en el centro del mensaje que León XIV dirigió a miles de jóvenes y familias durante una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.
El Papa la presentó como una imagen de lo que hoy viven muchas comunidades cristianas: parecen pequeñas ante una sociedad cada vez más secularizada, pero Dios sigue eligiéndolas para transformar el mundo.
\ «Hay algo de Belén que sigue repitiéndose: Dios puede ser considerado innecesario y la fe confinada al ámbito privado», advirtió. Y lanzó una pregunta que atravesó toda su reflexión: «¿Hay lugar para Él?».
El Papa invitó a los creyentes a no resignarse ante la indiferencia religiosa y a reflejar la luz de Cristo con sus propias vidas, incluso ante quienes nunca han abierto una Biblia o hace años no pisan una iglesia.
El papa León XIV lanzó un mensaje al mundo de la educación desde la Universidad Católica del Uruguay Hispanoamérica
«La persona está antes que el algoritmo», es el desafío que el Papa plantea a la educación.
El desafío de elegir para siempre
A los jóvenes les hizo un llamamiento especialmente contundente: «¡No le teman al “para siempre”!», dijo al animarlos a casarse y formar una familia.
También pidió a los matrimonios abrirse a la vida, incluso cuando la cultura presente a los hijos como una carga, y alentó a quienes sienten vocación sacerdotal o religiosa a no ignorar esa llamada por miedo a renunciar a otras posibilidades.
«¡Que se note que hemos estado en Belén!», exhortó, invitando a que el encuentro con Jesús transforme las decisiones cotidianas.
Y fue todavía más lejos: «¡No le den a Dios solamente una parte de ustedes, dense por completo!».
Al recordar que Belén significa «casa del pan», vinculó el nacimiento de Jesús con su presencia en la Eucaristía y animó a buscarlo en la adoración.
«¡Cristo no nos ha llamado a la mediocridad, nos ha llamado a una vida nueva y plena como la suya!», fue uno de los desafíos que dejó a los presentes. La vigilia concluyó con una invocación a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, para que enseñe a todos a reconocer y seguir a su Hijo.
(FIUENTE: ACIPRENSA)
El principal imputado es Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, detenido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La audiencia para decidir la medida de coerción en su contra fue aplazada hasta el 10 de noviembre a las 16.00, después de que su defensa pidiera tiempo para estudiar los elementos presentados por la fiscalía.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para De la Cruz Sosa, bajo el argumento de que la medida permitiría asegurar su comparecencia durante la investigación, indica la prensa local. La defensa técnica pidió una prórroga para conocer las pruebas y preparar sus argumentos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.
Tareas de reclutamiento, reuniones y logística según el expediente
De acuerdo con el expediente de 57 páginas citado por Diario Libre, las autoridades atribuyen a los investigados funciones diferenciadas dentro de una supuesta estructura.
Entre ellas figuran la convocatoria a reuniones, la distribución de tareas, el reclutamiento de personas y la promoción de movilizaciones de protesta.
La investigación sostiene que el grupo habría intercambiado mensajes relacionados con la preparación de artefactos explosivos, la recopilación de información sobre los desplazamientos del mandatario y una posible ruta de salida posterior a las detonaciones, de acuerdo al medio.
Además de De la Cruz Sosa, el expediente citado por Diario Libre menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.
Brens Moya se entregó de forma voluntaria la noche del 5 de noviembre, según la información publicada por el medio. La documentación de la pesquisa lo vincula con comentarios sobre un eventual ataque sorpresa, aunque el proceso judicial deberá determinar el alcance de su participación y la validez de los elementos reunidos por la fiscalía.
El expediente también identifica a Encarnación, conocido como “la Fórmula”, como una persona que presuntamente convocaba reuniones y asignaba tareas.
En tanto, a Baldera Peña se le atribuye la administración de un grupo de WhatsApp desde el cual se habrían difundido convocatorias a protestas.
Equipos electrónicos y sustancias químicas incautados en el allanamiento
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) realizó labores de inteligencia que derivaron en una orden de allanamiento contra De la Cruz Sosa, según el medio El Nacional.
Durante el operativo, las autoridades incautaron equipos electrónicos y sustancias químicas que quedaron bajo evaluación como parte de la investigación. El procedimiento tuvo lugar en un apartamento situado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle de San Francisco de Macorís.
La jueza Josefina Noemí Díaz Marte autorizó la diligencia a pedido de fiscales de esa jurisdicción. Las alertas de los organismos de inteligencia situaban el supuesto atentado durante los eventos oficiales conmemorativos del Día de la Constitución.
El expediente apunta a que la acción se dirigiría contra el presidente dominicano durante una actividad prevista en el Congreso Nacional. Penas de hasta 40 años según el nuevo Código Penal dominicano La eventual calificación jurídica de los hechos será determinante para establecer las sanciones.
Hoy señaló que la Ley 74-25, que instauró el nuevo Código Penal dominicano, incluye figuras vinculadas con amenazas de muerte, tentativa, homicidio agravado y complot para cometer atentados.
El artículo 154 establece penas de uno a dos años de prisión menor y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público para las amenazas de muerte, siempre que se configuren los requisitos previstos por la norma.
En caso de que la Justicia considere acreditado un complot, el artículo 382 contempla penas de 10 a 20 años de prisión mayor, además de multas de entre 20 y 30 salarios mínimos del sector público.
La norma define esa conducta como la decisión de varias personas de cometer un atentado, siempre que haya uno o más actos que materialicen la resolución. La legislación también prevé un escenario de mayor gravedad si se prueba una tentativa de homicidio contra el jefe de Estado.
El artículo 92, numeral 8, establece penas de 30 a 40 años de prisión mayor por homicidio agravado cuando la víctima es el presidente o vicepresidente de la República en ejercicio de sus funciones.
A su vez, el artículo 14 indica que una tentativa de infracción muy grave puede recibir la misma sanción que el delito consumado si existió un inicio de ejecución y el resultado no se produjo por causas ajenas a la voluntad de los imputados.
La próxima audiencia sobre la medida de coerción contra De la Cruz Sosa permitirá conocer la respuesta de la defensa a los elementos presentados por el Ministerio Público y los fundamentos que evaluará el tribunal para resolver el pedido de prisión preventiva.
(FUENTE: INFOBAE)
Durante su intervención, Fernández cuestionó que en establecimientos de salud se condicione la atención médica a la disponibilidad económica de los pacientes y relató el caso reciente de una persona cercana a quien, según explicó, le exigieron un depósito de 900 mil pesos antes de autorizar su ingreso.
"Esto es la mercantilización de la medicina a grado extremo”, expresó, al señalar que "en un gobierno de la Fuerza del Pueblo eso no puede ocurrir. Todo el que llega a un establecimiento de salud tiene que ser atendido y después hablamos de dinero. Pero dinero no puede estar por encima de la salud”.
El exmandatario sostuvo que los hospitales públicos deben ofrecer servicios de igual o mayor calidad que los centros privados y criticó las condiciones de deterioro, falta de higiene y equipos deficientes que, según afirmó, presentan numerosos establecimientos estatales.
Asimismo, cuestionó las desigualdades en el acceso a los servicios médicos y las limitaciones que enfrentan los afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social. "No podemos hablar de equidad, no podemos hablar de que exista seguridad social cuando hay inequidad o cuando hay discriminación”, manifestó.
Fernández señaló que, aunque el país cuenta con aproximadamente 10.6 millones de afiliados al sistema de seguridad social, persisten problemas de financiamiento y calidad de los servicios.
Indicó que el presupuesto destinado a salud representa alrededor del 2 % del producto interno bruto, mientras que el gasto de bolsillo de los ciudadanos alcanza, según las cifras que citó, el 43 % del gasto sanitario.
"El sector salud requiere una profunda reforma, una revolución necesita el sector salud en la República Dominicana”, proclamó, al plantear la necesidad de incrementar progresivamente los recursos destinados a la atención médica.
Como parte de sus propuestas, el presidente de la Fuerza del Pueblo planteó implementar un modelo de salud preventiva, sustentado en médicos de familia, enfermeras y trabajadores sociales que visiten los hogares para identificar enfermedades y factores de riesgo, facilitar medicamentos y garantizar el seguimiento de los pacientes mediante las unidades de atención primaria.
Explicó que el objetivo debe ser evitar que las personas enfermen, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en tratar las enfermedades cuando ya se han desarrollado.
Durante el acto, el secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, doctor Ramón Alvarado, dio la bienvenida a los profesionales incorporados al movimiento y destacó la credibilidad y responsabilidad social de los médicos para orientar a la población.
Cuestionó el abandono que, a su juicio, afecta a numerosos hospitales públicos y recordó que durante los gobiernos de Fernández fueron construidos centros hospitalarios considerados entre los más modernos del país en su momento, algunos de los cuales, afirmó, presentan actualmente condiciones precarias.
El movimiento Rescate de la Salud RD está coordinado por el doctor Wascar Antonio Roa de los Santos, cirujano general y cardiovascular, quien explicó que la iniciativa busca reunir profesionales de distintas especialidades para elaborar propuestas dirigidas a mejorar la atención sanitaria.
Entre sus planteamientos destacó la creación de un ecosistema integrado de salud, la implementación del expediente médico único y el fortalecimiento de la atención a pacientes con enfermedades crónicas.
De su lado, el doctor Juan Nathanael Morales expresó preocupación por los indicadores de mortalidad materna y neonatal, las deficiencias en vacunación y la incidencia de enfermedades cardiovasculares, al tiempo que llamó a los profesionales a contribuir con soluciones.
Fernández agradeció la incorporación de los nuevos profesionales y destacó la importancia de que los partidos políticos mantengan vínculos con los distintos sectores de la sociedad para conocer sus necesidades y formular políticas públicas.
En la actividad también estuvieron presentes el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez; el secretario general, Antonio Florián; el secretario de Organización y exministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, así como varios miembros más de la Dirección Política y representantes del sector sanitario.
Martínez abordó el tema tras escuchar a dirigentes peledeístas y ciudadanos en el marco de los encuentros denominados Café con Abel, a quienes animó a seguir trabajando en la reconstrucción de la esperanza de la gente para encaminar el país hacia un futuro seguro a partir de 2028.
“Ahora vemos que ni los mismos perremeístas hablan de su famoso cambio porque les da vergüenza aceptar que sus acciones han dado como resultado más desempleo y más inseguridad. Son responsables de la pérdida en la calidad de vida de las familias dominicanas”, expresó.
El líder opositor dijo que al recorrer el país escuchando y hablando con la gente de pueblo, le ha permitido ponerse en los zapatos de la madre soltera desamparada y del joven que busca una oportunidad. También en los del padre de familia que despierta antes de salir el sol para enfrentarse a la pesadilla de buscar el sustento que ya no alcanza para echar hacia adelante su hogar.
“Ante una desesperanza generalizada, debemos trabajar muy duro para despertar la conciencia de la gente y evitar un nuevo engaño en el próximo proceso electoral porque en campaña todo el mundo habla bonito. Debemos enseñarles a nuestras familias, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a reconocer entre tanta parafernalia, al político que puede mostrar una trayectoria de resultados, que tenga la capacidad y experiencia para rescatar y enderezar el rumbo del país, pero, sobre todo, que le preocupe el sentir de la gente”, señaló.
El exalcalde de Santiago reflexionó sobre la necesidad de “ganarle la batalla a la apatía, al engaño, a las falsas promesas, a la incapacidad y al odio porque este es nuestro país. Aquí vivimos y aquí vivirán nuestros hijos, nuestros nietos”.
Abel Martínez se mantiene activo en contacto directo con las bases del partido, con líderes comunitarios y ciudadanos que buscan aunar esfuerzos para construir un proyecto presidencial sólido, que encarne el verdadero sentir del pueblo dominicano, con la mirada puesta en 2028 como punto de partida para rescatar el país.
El tribunal ratificó la prisión preventiva a los acusados Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra tras rechazar la solicitud de cese de la prisión preventiva presentadas por sus respectivas defensas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, adoptó la decisión tomando en cuenta que el plazo razonable aún se mantiene y que el cese de la prisión no es automático, sino, que el juez debe tomar en cuenta otros aspectos como lo es que el Ministerio Público está listo para presentar su discurso de apertura en el inicio del juicio el próximo 20 de noviembre de 2026.
También, por la gravedad de los hechos, la pena a imponer en caso de sentencia condenatoria y de que los presupuestos que presentaron en la audiencia de este viernes ya fueron ponderados con anterioridad por otros jueces y que son insuficientes.
Además, se tomó en cuenta que el juicio inicia en dos semanas y no ofrecen garantías para enfrentar su proceso en libertad, por lo que en su caso la medida de coerción más idónea es la prisión preventiva que pesa en su contra.
Con la decisión, Gabriel Santana Borsilea continuará cumpliendo la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, y Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
El proceso también se sigue en contra de los acusados Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como a Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
También, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.
Afectaron a más de 366 víctimas
Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.
El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.
La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
