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La Coordinadora Nacional Popular (CNP) declaró el lunes 27 de abril como “Día Nacional de la Rebeldía” y apoyó la gran concentración-marcha el viernes 24 de abril convocada en el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.
Dentro los movimientos de protestas anuncian que desde ya habrá jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.
Mientras para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, realizarán una concentración de trabajadores y movimientos socio-ambientales frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades del país.
Rechazan represión desatada por el gobierno este domingo 19 de abril en el Cibao, que se detenga el cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís José Mercado y demandamos la inmediata puesta en libertad de decenas de activistas apresados en San Francisco de Macorís y Navarrete.
Dentro de las organizaciones que apoyan las movilizaciones se encuentran: Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, Movimiento Unidos Somos Más, Movimiento No Vertedero en La Cuaba, Coordinadora de Organizaciones Barriales don Bosco (CODONBOSCO), Centro de Educación para la Paz, la tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE), Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Santo Domingo (ACADISANDO) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp).
Dicen que en el 61 aniversario de la revolución de abril, y en medio de crecientes protestas que recorren todo el territorio nacional, las organizaciones sociales, populares, ambientales, anunciamos esta serie de movilizaciones masivas en rechazo a las políticas gubernamentales que pretenden que los pobres, los trabajadores y la clase media paguen el precio de la crisis global y de la guerra, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera.
Los movimientos sociales del país exigieron que se cancele de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras y Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez.
Además, cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.
También, detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras) y no tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.
Finalmente que cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristóbal.
Mientras que las organizaciones unidas en la Coordinadora Popular Nacional (CPN) como Coalición Ambiental de la Región Noroeste (COANOR), Campamento Loma Miranda, Justicia Climática República Dominicana, Bloque Popular Jesús Adón y Coalición de Organizaciones Populares, Ambientalistas, Feministas y Gremiales del Cibao; se adhieren a las propuestas planteadas.
Los movimiento comunitarios como el Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, Movimiento Los Peregrinos de Moca, Articulación Nacional Campesina, Coalición Enriquillo, Comité Por la Unidad y Los Derechos de La Mujer-CUDEM, Movimiento Reconocido y la Red Urbano Popular en Defensa del Territorio (RUP); plantean un modelo ante la crisis de país alternativo y solidario.
Dentro de ese modelo socioeconómico y solidario que plantea las organizaciones sociales están: que las montañas, valles y cuencas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario, energías renovables y desarrollo integral, que dedicándolas a la minería destructiva y contaminante.
También proteger todos nuestros ríos, retirar granceras y empresas contaminantes de sus cauces, y aplicar estrictamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente a todos los proyectos sin excepción.
Indican que deberían declarar de utilidad pública a favor de familias campesinas y urbanas miles de porciones de terrenos, prohibiendo despojos, expropiaciones y desalojos abusivos en todas las regiones del país. Reubicar dignamente a las familias en zonas de riesgo.
Sostienen que deben priorizar la agricultura campesina, la seguridad y soberanía alimentaria. Entregar la Presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a sus verdaderos y únicos dueños: la población de la Región Enriquillo e eliminar las trabas que los intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de energías limpias. Asumir el proyecto cooperativo y social 100% renovable.
Otros planteamientos del movimiento social es la de atender la deuda social de los sectores (mujeres, jóvenes, cañeros, pequeños transportistas y comerciantes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes, otros) y comunidades territoriales movilizadas por sus derechos.
Sobre el alza de los productos de primera necesidad el gobierno de enfrentar el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de la salud y los servicios, la violencia e inseguridad, eliminando los privilegios de los ricos: exoneraciones fiscales, salarios multimillonarios, barriles, regalos de combustible, gastos superfluos, corrupción, impunidad y los abusos contra los más pobres y defender la soberanía nacional y el derecho internacional, y sacar a la República Dominicana de las guerras por petróleo impulsadas por la administración Trump.
El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Adán Cáceres Silvestre, arremetió contra la acusación del Ministerio Público, calificandolo de "insostenible" y carente de rigor técnico el expediente que lo vincula a una presunta red de lavado de activos y desfalco contra el Estado dominicano.
Durante su comparecencia ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el oficial cuestionó severamente la supuesta falta de pruebas presentadas por los fiscales. Aseguró que, tras cinco años de proceso judicial, el órgano acusador no ha podido demostrar la procedencia ilícita de los fondos que manejó durante su gestión.
Cáceres Silvestre defendió con vehemencia su honorabilidad y la de los militares que trabajaron bajo su mando en el CUSEP. En su discurso de clausura, desvinculó a sus subordinados de cualquier irregularidad administrativa, asumiendo la responsabilidad del manejo institucional, pero negando la existencia de una estructura criminal.
Uno de los puntos centrales de su defensa fue la justificación de su patrimonio personal. El general afirmó que el 98% de los fondos depositados en sus cuentas bancarias proviene de fuentes legítimas, citando específicamente sus sueldos como oficial, especialismos por funciones y diversas inversiones privadas que ya cumplieron con sus obligaciones fiscales.
Respecto a la acusación de lavado de activos, el oficial rechazó la figura del testaferrato planteada por el Ministerio Público. Argumentó que el manejo de los fondos de inteligencia se realizó bajo los protocolos establecidos y que la fiscalía ha confundido la naturaleza de estos recursos con maniobras de blanqueo de capitales.
El mayor general sostuvo que las pretensiones de condena en su contra han fracasado estrepitosamente. A su juicio, las evidencias aportadas por los persecutores no son suficientes ni pertinentes para sustentar un fallo condenatorio, señalando vacíos legales y técnicos en la presentación de las pericias financieras.
Cáceres Silvestre solicitó formalmente a las magistradas su absolución total en el denominado caso Coral. El imputado confía en que el tribunal valorará la "inexistencia de pruebas" y reconocerá que su patrimonio es fruto de décadas de servicio militar y actividades comerciales lícitas debidamente registradas.
El proceso entra ahora en su fase final, donde el Primer Tribunal Colegiado deberá decidir el destino legal del alto oficial. Mientras tanto, Cáceres mantiene su postura de que el caso ha sido una construcción mediática sin sustento jurídico real que ha afectado injustamente la carrera de varios oficiales activos.
El Ministerio Público solicitó el domingo prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete motoristas implicados en el crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, a quien atacaron luego de perseguirlo hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse.
La medida fue presentada en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de camión de recogida de desechos que murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales presentar cargos preliminares por asesinato en contra de los perpetradores del crimen de Abreu Quezada.
“Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, al ser abordada por periodistas sobre de la solicitud presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Luego de identificar, arrestar e individualizar a los perpetradores del crimen, la Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas (Homicidios), continuó con el levantamiento de pruebas materiales, documentales y testimoniales con las cuales demostrará ante el juzgador que los imputados se comportaron como una turba criminal para acorralar y darle muerte a la víctima.
Las fiscales asignadas a la investigación de los hechos Joanna García Rivas y Luisa García, han reunido elementos de pruebas contundentes para probar la comisión del crimen y las circunstancias que lo rodearon.
En la instancia, las investigadoras establecen que mientras la víctima, Abreu Quezada, conducía el camión recolector de desperdicios del ayuntamiento de Santiago, por la Circunvalación Sur, sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, que se encuentra en calidad de prófugo y junto a otros motoristas presionaban a la víctima para que detuviera la marcha, por un supuesto roce vehicular, pero, el hoy occiso al observar la violencia que mostraban en su comportamiento, no se detuvo.
Establece la investigación preliminar que el referido motorista se desmontó de la moto y la colocó frente al camión, para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta. Por varios kilómetros sigue bajo la persecución de los imputados que logran interceptarlo en el Palacio de Justicia, a donde el hombre penetró a bordo del camión, buscando resguardarse de la turba asesina que lo perseguía, establece el Ministerio Público en la instancia.
La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencias que refieran que algún motorista estuviera lesionado.
Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho criminal, para el cual se asociaron como una turba criminal, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, como refieren las pruebas videográficas.
Entre otras pruebas, el Ministerio Público tiene en su poder el arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con el cual uno de los imputados le infringió una mortal herida en el miembro inferior derecho.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La policía de este condado persigue activamente a dos jóvenes que han cometido una serie de asaltos desde ciclomotores en vecindarios donde residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.
La uniformada solicita la colaboración del público para identificar a los sospechosos que aparecen en las fotos divulgadas, cometiendo los actos delictivos el pasado sábado 11, en las avenidas Gleason con Noble, en horas de la tarde, cuando le arrebataron una cadena a una jovencita de 15 años. Huyeron y no hubo heridos.
Ese mismo día, volvieron a cometer su fechoría frente al número 1890 de la avenida Watson, cuando le quitaron el collar del cuello a una menor de 13 años, valorado en 600 dólares. Huyeron y no hubo heridos.
Dos días después, otra menor de 13 años fue asaltada frente al 2119 de Grand Concourse, entre las calles 180 y 181, a dos esquinas del precinto policial 46. Le quitaron un collar del cuello, valorado en aproximadamente 2,080 dólares. La víctima sufrió lesiones leves, pero rechazó recibir atención médica.
Las denuncias de las víctimas coinciden en señalar a dos jóvenes en ciclomotores azules.
La institución del orden solicita a cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.
También pueden enviar sus pistas a través de https://crimestoppers.nypdonline.orgo por X en @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.
Asimismo, la policía informa que hasta el pasado día 5 se contabilizaron 128 robos en el sistema de transporte público (buses y trenes), lo que representa un incremento del 21 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Esta ciudad enfrenta una creciente inseguridad que se manifiesta en robos, asaltos y homicidios en el metro y los autobuses urbanos. Las cifras han encendido las alarmas, tanto en las autoridades como en los usuarios.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (D-13) encabezó este fin de semana un evento de campaña en el vecindario de Hamilton Heights, en el Alto Manhattan, ante decenas de votantes, acompañado por la congresista electa de Nueva Jersey, Analilia Mejía.
La actividad reunió a líderes comunitarios, funcionarios electos locales, profesionales, comerciantes, decenas de voluntarios, dirigentes políticos, residentes y taxistas, quienes manifestaron su respaldo a la reelección de Espaillat por el Distrito 13, así como al fortalecimiento de la representación latina en el Congreso de los Estados Unidos.
Durante su intervención, destacó que la elección de Mejía fortalece el Caucus Hispano del Congreso y amplía la voz en defensa de las comunidades inmigrantes y trabajadoras.
Asimismo, reiteró su compromiso con la promoción de políticas orientadas a reducir el costo de vida, ampliar el acceso a servicios esenciales y proteger la unidad familiar. “Debemos seguir luchando para garantizar que nuestras familias permanezcan juntas, que la vivienda sea accesible y que todos tengan acceso a servicios de salud dignos”, afirmó.
Por su parte, Mejía -hija de padre dominicano y madre colombiana- y quien asumirá oficialmente su escaño representando el Distrito 11 de Nueva Jersey, agradeció el respaldo recibido por Espaillat durante su campaña, resaltando su liderazgo y compromiso con las comunidades trabajadoras.
“El congresista Espaillat no solo representa con dignidad a su distrito, sino que ha sido clave para ampliar la representación latina a nivel nacional”, expresó Mejía, subrayando la importancia de continuar impulsando una agenda progresista centrada en las familias, el acceso a vivienda asequible, el cuidado infantil y la salud para todos.
En la actividad también estuvieron presentes el asambleísta estatal Al Taylor y el contralor de NYC, Mark Levine, quienes destacaron la trayectoria de Espaillat tanto a nivel local como nacional.
Asimismo, el concejal Shaun Abreu exhortó a los electores a respaldar su reelección en las primarias demócratas del próximo martes 23 de junio.
La jornada incluyó esfuerzos de organización comunitaria, con voluntarios tocando puertas y movilizando votantes de cara a las primarias. Espaillat reafirmó que su campaña continuará enfocada en el contacto directo con los constituyentes y en promover iniciativas que mejoren la calidad de vida en su distrito.
El evento evidenció el creciente impulso de la campaña del congresista, así como el respaldo de una coalición diversa comprometida con una agenda inclusiva, equitativa y centrada en las necesidades reales de la comunidad.
Espaillat, el primer dominicano electo al Congreso de Estados Unidos, representa a los sectores de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste del Bronx, una demarcación con 778,141 habitantes, de los cuales el 51.3 % es de origen hispano y el 83.5 % son ciudadanos estadounidenses.
Recientemente, el “Equipo Los 6”, que dirige desde hace más de una década el autor de esta crónica en la ciudad, realizó una encuesta entre los días 21, 22, 23 y 24 del pasado mes de marzo para medir la preferencia entre los ocho aspirantes a la Cámara de Representantes por el Distrito 13. En dicho sondeo, Espaillat obtuvo un 65.49 % de la intención de voto.
POR RAMON MERCEDES
PATERSON, Nueva Jersey.- Durante una encuesta realizada entre hispanos, quienes son la mayoría de los residentes en esta ciudad, se determinó que el dominicano Alex Méndez, actual concejal por el Tercer Distrito, es el favorito para ganar la alcaldía en las elecciones del próximo 12 de mayo.
El trabajo de opinión se llevó a cabo los días 13, 14, 15 y 16 del presente mes, por el “Equipo los 6”, que dirige desde hace más de una década el autor de esta crónica, con el fin de determinar la preferencia entre los cuatro aspirantes al cargo.
Para ello, se seleccionaron al azar 786 hispanos, encuestados en las intersecciones de la Avenida Main con Marke St., Avenida Main con Broadway, Avenidas Grand con Main, Market St. con Avenida Rosa Park, Avenida Madison con la Avenida 21, Summer St. con la Avenida 20, Broadway con la 18 St., Avenida Quinta con River St., Temple St. con River St., y Avenida Union con Kearny St.
Los hispanos en Paterson representan el 35 %, seguidos por los afroamericanos con el 24 %, un 20 % son multirraciales (dos o más razas), un 15 % son blancos y un 6 % asiáticos.
Se consideró el perfil, el acento al hablar y las zonas más densamente pobladas por hispanos, sin importar sexo, edad, color o país de origen.
Se planteó la siguiente pregunta: ¿Usted vota en las elecciones de Estados Unidos? Si la respuesta era afirmativa, ¿por cuál de los aspirantes a la alcaldía de Paterson votaría el próximo 12 de mayo?: Michael Jackson, Andre Sayegh (quien busca la reelección), Alex Méndez y Mohammed Akhtaruzzaman.
Méndez obtuvo 307 votos (39,06 %); Sayegh, 243 (30,92 %); Jackson, 102 (12,97 %); Akhtaruzzaman, 76 (9,67 %); y no contestaron, 58 (7,38 %).
Méndez cuenta con gran respaldo de diversos sectores, entre ellos empresarios, profesionales, comunitarios, comerciantes, amas de casa, activistas y dirigentes de partidos políticos, tanto de la RD como del estado de Nueva Jersey.
Asimismo, cuenta con el apoyo actual de Aslan Goow, expresidente del Consejo y del Comité de Seguridad Pública, quien fue candidato a la alcaldía en 2022, logrando una alta votación.
Además, un juez del Tribunal Superior del Condado de Passaic desestimó la semana pasada la acusación de fraude electoral contra él, que se mantenía desde las elecciones de mayo de 2020.
La noticia ha causado alegría entre muchos residentes y llega en un momento políticamente decisivo para Méndez. Tras la desestimación, numerosos hispanos coinciden en manifestar que Paterson necesita un cambio, y que este debe ser liderado por él, por su seriedad, honestidad y transparencia, ya que la decisión del juez así lo confirma.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El congresista Ritchie Torres, por el Distrito 15 en El Bronx, instó a la Corporación para la Preservación Comunitaria (CPC) a desarrollar un plan a largo plazo para garantizar la estabilidad de los inquilinos que residen en edificios del controvertido propietario Ved Parkash, actualmente en proceso de ejecución hipotecaria. En los mismos residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.
En una carta dirigida al director ejecutivo de CPC, Rafael E. Cestero, Torres expresó su preocupación por tres propiedades de Parkash, ubicada en el 89-20 de la calle 161 en Queens, el 3435 de Giles Place y el 2015 de la Avenida Creston en El Bronx. Los tres edificios enfrentan ejecución hipotecaria y acumulan años de quejas de inquilinos e infracciones al código de vivienda.
Torres también solicitó una reunión con la directiva de CPC para analizar los planes de estabilización de las propiedades, incluyendo las obligaciones de los propietarios, los mecanismos de supervisión, los plazos para las mejoras habitacionales y la transparencia hacia los inquilinos y la comunidad.
Parkash aparece recurrentemente en la lista de los “Peores Propietarios” de la Defensoría del Pueblo de NYC. Solo en los edificios de Giles Place y la Avenida Creston se han registrado más de 250 quejas en los últimos dos años, según el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD).
Entre los problemas reportados figuran falta de calefacción y agua caliente, infestaciones de roedores y fallas estructurales.
La CPC, entidad crediticia sin fines de lucro, se encuentra en proceso de asumir la administración judicial de la cartera hipotecaria multifamiliar en dificultades de Signature Bank, el importante banco inmobiliario que colapsó en 2023.
Aunque Torres reconoció el rol de CPC en la preservación de la vivienda asequible en la ciudad, señaló que este momento representa una oportunidad para “garantizar que los resultados se alineen con los objetivos más amplios de estabilidad de la vivienda, seguridad de los inquilinos y asequibilidad a largo plazo”.
