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La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) llama a que el Estado cumpla con “su compromiso con una política de cero tolerancia a la corrupción”, sin excepciones y sin distinciones. Los recientes hechos que han salido a la luz en torno a las irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) requieren que las autoridades continúen sus investigaciones hasta las últimas consecuencias.
La entidad destaca que cuando se desvían fondos públicos destinados a salud, educación, seguridad o programas sociales, la ciudadanía recibe servicios más caros, más lentos y de peor calidad. Además, advierte que estas prácticas facilitan redes criminales, impunidad y el debilitamiento del Estado.
“Hemos criticado históricamente malas prácticas en la administración pública, por ello, resulta inaceptable que actores privados también se vean envueltos en acciones que contradicen los principios éticos que deben regir la actividad económica”, destacó la entidad en un comunicado.
Agregó que un país donde la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones y en sus sectores productivos pone en riesgo la salud democrática de la nación y no se puede permitir que ese deterioro se normalice.
En ese sentido, la ANEIH llamó a que la justicia actúe con independencia, sin presiones y sin mirar jerarquías ni posiciones sociales. Todo aquel que resulte responsable debe responder ante la ley. “Reiteramos nuestra disposición a seguir promoviendo prácticas empresariales transparentes, íntegras y alineadas con el desarrollo sostenible del país”, indicó.
Por William Jiménez
NUEVA YORK.- Cerca de 300 personas pertenecientes a diferentes sectores representativos dominicanos en esta ciudad asistieron el pasado viernes a la Gala de «Prensa & Comunidad Hispana» (PreCoHis) que preside el periodista Ramón Mercedes.
Durante su discurso, Mercedes reiteró la misión de PreCoHis, que como entidad legalmente constituida ante las autoridades neoyorkina y su lema establece «luchando por el interés colectivo hispano», de mantener conexión con asociaciones, clubes y otras entidades para informarles sobre hechos y acontecimientos que les benefician y afectarían.
Asimismo, anunció que establecerá una «alianza comunitaria» con la Fundación Solución Nacional (SOLN), que preside Roberto Rojas, para ampliar el objetivo definido con taxistas, bodegueros, amas de casas, salones de belleza, barberías, agencias de viajes, consultorios, supermercados, tiendas y restaurantes, entre otros establecimientos hispanos en NYC y estados aledaños.
Se explicaron informaciones a modo de ejemplo: «A partir del 1 de febrero 2026, Estados Unidos aplicará una tarifa de US$45.00 a los pasajeros cuando vayan a salir del territorio estadounidense si no tienen el REAL ID, que se obtiene en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en cualquiera de los 50 Estados», y así sucesivamente.
También «el Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP) ofrece hasta $996 dólares para ayudar personas necesitadas a cubrir los costos de calefacción durante el invierno 2025-2026», entre otras, las cuales serán cambiadas trimestralmente.
Entre las prestigiosas instituciones cuyos representantes asistieron figuran: Las honorables juezas, Patria Frías Colón y Fiordaliza Rodríguez, de la Corte Suprema del Estado de NY para Brooklyn y la Corte de Familia en El Bronx.
La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que dirige Radhamés Rodríguez; Jaime Vargas Brokerage, que preside el empresario Jaime Vargas; del Hospital Lincoln en El Bronx, que dirige Cristina Contreras, y la Asociación de Chiringueros USA (ADCESA), que preside Jackelyn Luis.
La Fundación Solución Nacional (SOLN) que dirige el empresario Roberto Rojas; y del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), que dirige Celiné Toribio, representada por su director en NY, John Sánchez; además, el asambleísta D-78 en El Bronx, George Álvarez, representada por la doctora Nancy Medina, su asistente.
Una amplia comisión del PLD, en representación del licenciado Francisco Javier García; el proyecto «300 con Leonel», que coordina Geraldo Rosario; del movimiento social «Acción Rápida», que dirige Dayanara Borbón; de «Somos Pueblos-USA», que lo representa el ingeniero Radhamés García.
Además, Ramfis Trujillo, seguro candidato presidencial y presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), junto a una amplia comisión.
El congresista Adriano Espaillat (D-13) entregó, a nombre de PreCoHis, los reconocimientos a: Sudelka García, periodista de El Nacional, por mantener informados a los dominicanos en el exterior a través de sus reportajes de turismo gastronómico; a las juezas Frías Colón y a Rodríguez, por sus acertadas sentencias judiciales en sus funciones.
Asimismo, a Héctor Tavares, administrador de las clínicas de cuidados primarios y del servicio ambulatorio del Hospital Lincoln en El Bronx; a Carmen A. Oviedo, doctora en medicina interna certificada en el mismo hospital; al doctor Ángel A. La Paz, médico por más de dos décadas en el sistema de salud de NYC; Samuel Sánchez, por sus múltiples servicios a favor de la comunidad a través de su oficina de impuestos; y a Jairo Troncoso, miembro de UBA, por sus servicios a la comunidad.
El ex vicecónsul en NY, Tamayo Tejada quien por más de 10 años estuvo al frente del departamento legal de la sede y puso su experiencia al servicio de miles de dominicanos por diferentes casos antes las cortes del área triestatal; William Jiménez, destacado periodista que ha laborado en los principales periódicos de la RD y USA. Actualmente es el director de prensa para los medios étnicos e hispanos del DOT-NY.
El congresista Espaillat valoró que PreCoHis destaque la labor de cada uno de los presentes que nos hacen sentir orgullosos y vemos la diversidad de talento en nuestra comunidad con jueces, empresarios, abogados, del área de salud, y con el crecimiento nuestro también crece nuestra presencia en las diferentes áreas y una clase media emergente en NYC.
La actividad fue celebrada en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx, con un variado bufete, diferentes bebidas alcohólicas, gaseosas y una fiesta bailable con la orquesta de Eddy Almonte, desde las 8:00 pm. a 1:00 am. Los maestros de ceremonias fueron Francis Méndez y Manuel Díaz
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó en la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la sentencia TC 0765 24, que ordenó sustituir la Ley 10-15.
Peralta Romero indicó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.
Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente, consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho.
El texto, apuntó, que fue promulgado hoy será publicado en la Gaceta Oficial en el día de mañana. De conformidad con nuestra normativa en la materia, entrará en vigor a partir del próximo martes en el Distrito Nacional, y, a partir del miércoles, en el resto del país.
Dijo que, entre los elementos destacables del texto promulgado está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
El consultor jurídico expresó que es igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.
Añadió que, los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito. Además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite.
Asimismo, en el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para la restricción de libertad. Se incluye el criterio explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo. Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo al eliminar el “nuevo juicio” y otorgar facultades a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.
En definitiva, sostuvo, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto. Por demás, presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones.
En ese sentido, explicó, las extensas sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma, participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y el Estado, lo que permitió que se arribaran a consensos importantes. Estuvieron presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos representantes de la comunidad jurídica.
Con estas transformaciones, que se une la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, entre otras normas de reciente impulso, la República Dominicana consolida una justicia penal más humana, moderna y efectiva, en sintonía con los estándares constitucionales y los desafíos del sistema judicial contemporáneo.
El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que la investigación realizada en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es una muestra clara de la determinación de su administración de actuar sin dilaciones ante cualquier señal de irregularidad y de garantizar que en su gobierno no habrá casos de corrupción que no sean investigados a fondo.
El mandatario recordó que desde el inicio de su gobierno asumió un compromiso firme con la transparencia y la protección del patrimonio público. Explicó que, al recibir informaciones que generaron sospechas en torno a SeNaSa, ordenó de inmediato una investigación interna para esclarecer los hechos.
El proceso, según detalló, confirmó la existencia de indicios graves de posibles actos de corrupción, por lo que el informe fue remitido sin demora al Ministerio Público, a fin de que se proceda conforme a la ley.
Asimismo, instruyó que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar los recursos que hayan sido sustraídos.
El presidente Abinader sostuvo que la actuación gubernamental en este caso evidencia, una vez más, que su gestión no tolera la impunidad y que cualquier funcionario o particular que afecte los intereses del Estado deberá enfrentar la justicia.
El presidente concluyó enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, reiterando que su administración mantendrá una postura firme de vigilancia, prevención y sanción, garantizando que cada señal de corrupción sea investigada y cada responsable, sometido a la ley.
El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci en relación al homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.
Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
Por instrucción de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la investigación del hecho está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
Asimismo, se ha podido evidenciar en el vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.
El Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Educación, la realización de una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci, con el objetivo de identificar cualquier práctica que atente contra el interés superior del niño.
