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La sentencia establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y durante el período de suspensión de la prisión cumplir ciertas condiciones.
Los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes representaron al Ministerio Público, plantearon al tribunal las condiciones establecidas en el pacto, entre las cuales se encuentra residir en un domicilio fijo, y, de cambiar del lugar de domicilio, notificarlo al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.
Bello Segura también deberá abstenerse de viajar al extranjero sin permiso judicial, así como a portar armas de fuego y del abuso de bebidas alcohólicas, además de que deberá presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad establecida con esos fines.
La jueza de la instrucción Kenya Romero dictó la sentencia tras homologar un acuerdo en el que la procesada admite la acusación del Ministerio Público, declarándose culpable de los hechos y dispuesta a colaborar con el Ministerio Público.
La sentencia también establece el decomiso de los accesorios incautados.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 5 de noviembre del año 2026, a las 3:00 de la tarde.
Por el caso, el pasado mes de septiembre el procesado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario y clausurada de manera definitiva la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por el encartado. Además, le fue impuesta el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes que les fueron incautados.
Igualmente, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como del capitán Nelson Valdez y compartes.
Junto al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal le varió la prisión preventiva por una garantía económica ascendente a la suma de 500 mil pesos, por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial, y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
Mientras que se mantienen las medidas de coerción impuestas a Santos Rodríguez, consistentes en una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de bienes con relación al acusado Rodríguez Toribio y la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
Persecución contra la estructura criminal
El grupo criminal, que fue arrestado tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en el mes de noviembre del año 2024, es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de miles de municiones y pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
El expediente establece que los acusados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas con el objetivo de distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.
El grupo es acusado por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en violación a varios artículos del Código Penal dominicano, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas e incurrir en legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados, así como por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), el ministro destacó la importancia de traducir la coordinación nacional en resultados concretos y verificables de políticas públicas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, el funcionario resaltó la transformación experimentada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Díaz explicó que, desde la Presidencia del CONCLAFIT, se ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio, instrumentos que fortalecen la coordinación de las instituciones que integran el sistema nacional de prevención.
En ese contexto, anunció que, a partir de 2027, se iniciará un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos de la República Dominicana para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El ministro también destacó la actualización de los instrumentos normativos y técnicos del sistema, resultado de la colaboración entre la UAF y el CONCLAFIT. Entre estos avances, presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020, de acuerdo con la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo nacional y los riesgos actuales.
Durante su intervención, Díaz llamó a asumir el cumplimiento de las medidas de prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo. También destacó la apertura del CONCLAFIT al diálogo con el sector privado y la incorporación de las perspectivas de gremios y asociaciones en la toma de decisiones del Comité. “Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz.
En tanto, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperación público-privada, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de los riesgos asociados al crimen organizado.
Sobre el congreso
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores público y privado, quienes analizaron los principales desafíos en la prevención y persecución del lavado de activos, así como la efectividad de los sistemas de control, la recuperación de activos y la gestión de riesgos.
La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles y sesiones especializadas sobre los riesgos fiscales y legales asociados al comercio, la gobernanza de datos, las evaluaciones mutuas y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento.
Invitada por el Ayuntamiento de Tamboril y por el Comité Organizador de las Fiestas Patronales San Rafael 2026, Reynoso manifestó que la sociedad siempre debe analizar el papel que desempeña la familia en la formación de los hijos e hijas que salen a las calles a desarrollarse y crecer como entes sociales, para poder entender el compromiso que cada uno debe asumir en la construcción de una sociedad en valores.
Con la conferencia, que ha llevado a distintos espacios, la procuradora general llama a reflexionar acerca del comportamiento de la criminalidad y la violencia y cómo amenazan los esfuerzos que todos los días se realizan para tener una mejor sociedad.
Con ella, busca también, promover la participación social activa, invitando al análisis de las causas que generan la violencia y los desafíos para lograr la necesaria transformación social en la que todos los actores de la sociedad se involucren por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
El acto, que se desarrolló en la Biblioteca Municipal Tomás Hernández Franco, estuvo encabezado por el alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén; la vicealcaldesa Ana Francisca del Socorro Abreu; el presidente del comité organizador de las Fiestas Patronales, Carlos Rosario, y los miembros del Concejo de Regidores.
Reynoso sostuvo que la familia debe volver a valorar un modelo de crianza en el que prevalecían el respeto y la responsabilidad.
Explicó que las estadísticas revelan que en 2025 el Ministerio Público recibió más de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar o delitos sexuales, lo cual definió como un dato relevante que revela la necesidad latente de reforzar la educación tradicional en el seno familiar.
“¿De dónde se forma la sociedad? ¿Quién integra la sociedad?, ¿Cuál es la base que alimenta la sociedad? La base que alimenta la sociedad, en lo esencial, en primer nivel, es la familia”, dijo.
Explicó que más del 84 por ciento de quienes cometen robos y personas implicadas en el narcotráfico tienen menos de 35 años de edad. “Y ahí cabe hacerse una pregunta: ¿Quién formó a esta generación?”, dijo, para de inmediato responder: “Nosotros”.
“Esta generación no la formaron los extraterrestres; la formamos nosotros. Entonces, si no tenemos respeto a los mayores, si hay mucha violencia, si no hay esa educación tradicional a la que estaba acostumbrada la sociedad dominicana, es hora de repensar qué pasó”, añadió.
Se preguntó: en qué punto “nos perdimos”. “Dónde entendimos que decir por favor, permiso, perdón, excúsame, cederle un asiento a una persona, a un adulto mayor…, dónde comenzamos a entender que esto no era necesario y que lo cool era ser irreverente; y que lo cool y lo bien y lo bueno era ir contra las reglas esenciales de decencia de la sociedad”, reflexionó.
Este año, apuntó, se han generado a la fecha, más de 26 mil denuncias por amenazas de muerte. Dijo que, de cada 10 homicidios, 6 son por conflictos sociales, donde se ven involucrados parientes, amigos, vecinos por contaminación sónica, por el roce de un vehículo o cualquier otro incidente menor.
Aseguró que la principal emergencia que atiende el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, es por contaminación sónica, ya que hasta el pasado mes de agosto se habían generado más de 89 mil denuncias por esta causa.
Detalló que este año más de 95 niños, niñas o adolescentes, quedaron en estado de orfandad por los feminicidios, en tanto que el 23 por ciento de los hombres que comete un feminicidio, se suicida.
Invitó a los presentes a no perder la capacidad de sorprenderse y accionar con empatía ante lo que nos ocurre como sociedad: “La sociedad no puede normalizar las más de 73 mil denuncias por violencia y las más de 26 mil de amenazas de muerte, ni los más de 40 mil accidentes de tránsito”, dijo.
Justicia oportuna
Tras ser reconocida como Visitante Distinguida por el Concejo de Regidores del ayuntamiento municipal y el comité organizador de las Fiestas Patronales San Rafael 2026, que le entregó una placa, la procuradora general resaltó la importancia de que la justicia sea oportuna, “porque, ´en un vuelva mañana´ puede estar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona”.
En este escenario le acompañaron la fiscal titular de Santiago, procuradora fiscal Quirsa Abreu Peña; el titular de la Procuraduría Regional en Santiago, el procurador general de la corte Juan Carlos Bircann Sánchez; la secretaria general del Ministerio Público, Wendy Estrella, y otros fiscales y personal administrativo.
La servidora pública reiteró la necesidad de que República Dominicana firme un pacto de Estado contra la criminalidad y la violencia, en el que todas las instituciones y la sociedad civil se comprometan a trabajar por elevar los niveles de seguridad, justicia y paz, ya que, manifestó, la seguridad no es exclusiva del gobierno y la justicia.
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La servidora pública sostuvo que la política social debe superar el enfoque asistencialista y concentrarse en generar capacidades que permitan a las personas mejorar sus condiciones de vida y sostener su independencia económica.
«La pobreza está difuminada en todo el territorio y la protección social es, ante todo, una garantía de derechos humanos. Nuestro objetivo no es entregar una ayuda temporal, sino dotar a las familias de capacidades reales para sostener sus avances, generar movilidad social y evitar que reincidan en la vulnerabilidad», afirmó.
Vásquez ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa Matutino 11, de Telesistema, canal 11, producido por Ramón Núñez y Jacqueline Morel.
La coordinadora explicó que la identificación de las familias vulnerables y la asignación de los beneficios estatales se apoyan en levantamientos territoriales y herramientas de medición socioeconómica multidimensional, con el propósito de responder a las necesidades reales de la población y evitar la discrecionalidad en la entrega de las ayudas.
Oportunidad laboral para los jóvenes
Entre las iniciativas destacadas, Vásquez señaló el programa Oportunidad 14-24, dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, que ofrece formación técnica y acompañamiento para facilitar su incorporación al mercado laboral.
El programa contempla rutas formativas de seis meses, con apoyo para transporte y alimentación, y promueve alianzas con empresas privadas para facilitar la contratación de sus egresados.
Vásquez también destacó la afiliación de más de 40,000 participantes a la seguridad social, como parte de las acciones orientadas a ampliar su acceso a derechos y oportunidades laborales.
Salud, formación y autonomía económica
Vásquez resaltó, además, el trabajo del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-Mujer), iniciativa que ofrece atención en salud física y mental, prevención de la violencia de género y acompañamiento a adolescentes embarazadas.
El Programa, con presencia en Santo Domingo Norte y Santiago, también prioriza la formación técnica de las mujeres como vía para fortalecer su autonomía económica.
En el ámbito de la inclusión digital, mencionó la red de 140 Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y 70 emisoras comunitarias, mediante la cual se imparten capacitaciones en ofimática, ciberseguridad y otras competencias digitales. Según los datos ofrecidos, estas iniciativas han impactado a cerca de 179,000 ciudadanos.
Seguimiento para evitar que las familias vuelvan a la pobreza
La coordinadora del Gabinete de Política Social indicó que la intervención estatal requiere coordinación con organizaciones comunitarias, fundaciones y empresas privadas para conectar la formación con oportunidades concretas de empleo y desarrollo.
Asimismo, destacó la importancia de dar seguimiento a las personas y familias beneficiarias para evaluar la sostenibilidad de sus avances y evitar que situaciones económicas adversas o problemas de salud las hagan regresar a condiciones de vulnerabilidad.
Vásquez sostuvo que la evaluación de los programas debe apoyarse en indicadores y evidencias que permitan determinar su alcance y efectividad.
En ese sentido, señaló el papel del Observatorio de la Pobreza y la Protección Social en el seguimiento de las políticas públicas y la medición de sus resultados.
La funcionaria reiteró que el objetivo de la protección social no debe limitarse a ofrecer asistencia inmediata, sino crear condiciones para que las personas accedan a servicios, desarrollen sus capacidades y alcancen una mayor estabilidad económica.
