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La Dirección General de Migración (DGM) informó que, como resultado de los operativos de interdicción migratoria realizados a nivel nacional este lunes 19 de enero, fueron detenidos 1,083 extranjeros en condición migratoria irregular y deportados 1,479.
Del total de deportados, unos 662 fueron conducidos a su país de origen desde el puesto de control fronterizo de Dajabón, 541 desde Elías Piña, 210 salieron por Jimaní y 66 por Pedernales.
Mientras que en Azua, en estrecha colaboración con las instituciones militares, agentes de la DGM en Los Pilones detuvieron en el sector La Guanábana, a 14 personas en su mayoría inmigrantes de nacionalidad haitiana, quienes eran transportados en un vehículo blanco y cuyo conductor según arrojaron las investigaciones preliminares, es de nacionalidad dominicana. Entre ellos se encontraban tres mujeres y dos menores de edad.
La mayoría de las detenciones directas por parte de los agentes de la DGM y que totalizan 812, se registraron en el Gran Santo Domingo (147), San Juan de la Maguana (93), La Vega (87), Pedernales (66), Independencia (60), Elías Piña (56), Dajabón (51) y Santiago de los Caballeros (49).
Otros 271 fueron detenidos con el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, como se detalla a continuación: Ejército de República Dominicana (183), Policía Nacional (65) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (23).
Los operativos realizados en la capital se realizaron en sectores como Manoguayabo, Villa Faro y Villa Mella.
En las demarcaciones fronterizas, figuran de norte a sur las provincias Dajabón (en el municipio cabecera y zonas aledañas), Elías Piña (Comendador), Barahona (municipio cabecera, Vicente Noble, Fondo Negro, Las Minas, Quita Coraza, Jaquimeyes, Habanero, Batey Algodón, Fundación y Peñón), Jimaní (sectores Cristóbal, Mella y Angostura) y Pedernales (municipio cabecera, Aguas Negras, Mencia y La Altagracia).
También hubo operaciones en la Zona Este, donde los agentes actuaron en Benerito, Bayahibe, Dominicus y a lo largo de toda la Autovía del Este, con tareas también de vigilancia preventiva.
Estas intervenciones se ejecutaron en cumplimiento de la Ley General de Migración No. 285-04 y las directrices del Estado dominicano en materia de control y orden migratorio
Ortiz Bosch dijo que los resultados de estas evaluaciones reflejan un cambio estructural en la publicidad de la información pública.
“En agosto de 2020, solo el 40 % de las instituciones públicas cumplía con los estándares de transparencia, mientras que, actualmente el 95.3 % publica la información de manera oportuna, un nivel de cumplimiento que nunca había sido alcanzado por un gobierno en la República Dominicana”, precisó la funcionaria.
Asimismo, expresó que en la actual gestión ha establecido grandes diferencias en la atención, manejo y gestión de las denuncias ciudadanas.
“Al inicio de la actual administración, en el año 2020, se encontró un acumulado de 1,415 denuncias pendientes de respuesta, las cuales fueron atendidas y canalizadas conforme a la naturaleza de cada caso. En contraste, al inicio de 2026, el sistema registra solo 21 denuncias en proceso correspondientes al año 2025, sin arrastre de casos de años anteriores, lo que refleja una gestión eficiente, oportuna y alineada al cumplimiento de los plazos legales” indicó.
Como órgano rector del acceso a la información, la DIGEIG tiene el mandato legal de evaluar la publicación de la transparencia en las instituciones del Estado, conforme a la Resolución de Estandarización de los Portales de Transparencia, que establece 72 criterios obligatorios que las entidades públicas deben publicar mensualmente en sus portales institucionales, incluyendo información sobre uso del presupuesto, compras y contrataciones, contabilidad pública, indicadores del SISMAP Municipal, NOBACI, entre otros.
La exvicepresidenta dijo que la DIGEIG no produce ni administra esta información; verifica su publicación, su publicidad como dice la Ley No. 200-04, permitiendo que sea la ciudadanía quien ejerza el escrutinio sobre la gestión institucional; “Somos únicamente responsable de la publicación”, aclaró Ortiz Bosch.
Reiteró que todas las instituciones públicas están obligadas a responder de manera completa, veraz y oportuna a las solicitudes de información, dejando constancia de cada actuación a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), lo que garantiza la trazabilidad y el seguimiento de cada caso.
Ortiz Bosch precisó que cuando una respuesta no se produce dentro del plazo legal, es incompleta o presenta inconsistencias, el ciudadano no queda desprotegido, sino que puede acudir a la mediación administrativa ante la DIGEIG, un mecanismo creado para corregir silencios administrativos, omisiones o respuestas deficientes, sin necesidad de acudir de inmediato a los tribunales, como el caso al que se refiere el ciudadano Pujols.
La funcionaria subrayó que la denegación de información solo procede en los casos expresamente establecidos por la ley, debe estar debidamente motivada, firmada por la máxima autoridad institucional y comunicada por escrito, y nunca puede aplicarse de forma discrecional o arbitraria, “Su no cumplimiento cuenta con el rechazo de la sociedad y del gobierno dominicano.
Expresan las organizaciones sociales y de la sociedad civil en un documento, que esa institución procuraba poner en funcionamiento las denominadas Unidades de Atención Primaria (Unap) en las 32 provincias, 258 distritos municipales y 155 municipios de la República Dominicana, pero desde sus opiniones la realidad es que la ciudadanía se queja de las deficiencias en los servicios de salud.
Pero además, la construcción de edificaciones en distritos y municipios que desde años han requerido un hospital.
En una comunicación firmada por los dirigentes Ángel Guillermo Molina, Alexis Rafael Peña, Fiordaliza Guzmán y José Antonio Mieses, explican que por esas razones las organizaciones de la sociedad civil que ellos representan, acuden a la doctora Emma Polanco, para que la institución que ella dirige realice la auditoría para conocer tanto ellos como la opinión pública, en que se gastaron los recursos del Estado en esa entidad.
Componen la solicitud la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando), Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y la Red de Organizaciones Comunitarias del Barrio 27 de Febrero (ReoCofe), nos preocupa que esa gestión de 5 años no se visualizó la calidad de servicios, la mejora en atenciones médicas, medicinas, camas u otros de prioridades para la ciudadanía.
Dicen que su solicitud está amparada en el artículo 61 de la Constitución de la República, la cual establece claramente que la salud integral es para todo el pueblo dominicano, dentro de otros derechos en la carta magna.
MADRID, España.- El Banco BHD efectuó el III Foro BHD de Turismo e Inversión con el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de cost
Esta actividad contó con la ponencia de los expertos Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo de República Dominicana; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas de World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.
Al III Foro BHD de Turismo e Inversión asistieron el ministro de Turismo, David Collado; el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful; otros funcionarios dominicanos, representantes del sector turístico dominicano y actores del ecosistema del turismo internacional. El evento fue presidido por Steven Puig, presidente del Banco BHD.
“En el Banco BHD lo tenemos muy claro: donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes. Hace décadas que decidimos ser un ente activo para impulsar proyectos que fortalecen a toda la cadena de valor del turismo en nuestro país”, afirmó Puig al ofrecer la bienvenida al foro.
Durante el desarrollo de la actividad, los expertos ofrecieron su visión global sobre el posicionamiento y oportunidades del Caribe como destino, explicaron las principales tendencias que marcará el turismo caribeño en los próximos diez años y describieron los patrones de comportamiento del viajero internacional y sus expectativas en cuanto a un destino turístico.
Asimismo, abordaron el enfoque del capital global en turismo y sobre el potencial de las inversiones, señalaron la posibilidad de crecimiento del Caribe, detallaron los nuevos motores de crecimiento turístico para la región caribeña, más allá de los destinos tradicionales, y disertaron sobre la evolución del turismo y el turismo multipropósito en el Caribe.
“Queremos que estos conocimientos se queden grabados, que generen más debate y un interés constante en crecer como industria y como país. Para BHD es prioridad dar continuidad a las conversaciones iniciadas en esta actividad anual. Por eso anunciamos la Declaración de Madrid del III Foro BHD de Turismo e Inversión, una recopilación de conclusiones de los expertos expositores que facilitaremos a nuestros invitados”, aseguró Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial.
Reconocimiento a David Collado
Como parte del III Foro BHD de Turismo e Inversión, la entidad financiera reconoció a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, por haber llevado al turismo dominicano a su punto más alto.
La placa de reconocimiento fue entregada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, en compañía de Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas.
Trayectoria institucional del Foro BHD de Turismo e Inversión
La primera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión fue en 2024 y se presentó el tema “Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas”. La segunda, en 2025, trató sobre oportunidades del ecosistema económico del turismo en República Dominicana.
El III Foro BHD de Turismo e Inversión se realizó en Madrid, España, el martes 20 de enero de 2026. Es el único evento dominicano en el marco de Fitur que aporta contenido especializado sobre el sector.
“Todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso de SeNaSa va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, aseguró este martes el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Camacho indicó que, tal como sucedió con los procesados en la primera etapa del proceso, los involucrados en la estructura de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) enfrentada con la Operación Cobra estarán en las versiones que sean necesarias en lo adelante, “conforme el Ministerio Público cubra el ciclo de la investigación, que es lo que hemos hecho históricamente en cada caso”.
El Ministerio Público está procesando a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes apelaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos el pasado diciembre por el juez de la Atención Permanente Rigobertno Sena Ferreras.
Además, son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario. El juez Sena Ferreras impuso a los tres, asimismo, presentar garantías económicas e impedimento de salida del país.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público se refirió al tema al salir de la audiencia celebrada por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, quienes aplazaron el proceso para el próximo 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
“No hay razones, en términos jurídicos, como para que la decisión que fue emitida por el Tribunal de Atención Permanente sea variada. La gravedad que tienen estos hechos es descomunal y justifica la medida de coersión que ha sido impuesta por el tribunal y la defenderemos a capa y espada cuando se conozca el recurso”, dijo el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público al hablar a periodistas a su salida de la audiencia celebrada por la Corte de Apelación utilizando como espacio físico una de las salas en el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicado en el Centro de los Héroes.
Camacho puntualizó que el Ministerio Público estaba preparado para conocer la audiencia de este lunes, la cual fue aplazada por el pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional debido a que la imputada Ada Ledesma Hubiera se presentó sin abogado para su defensa.
Al ser cuestionado sobre la ampliación de la investigación, Camacho precisó que el Ministerio Público continúa trabajando para llevar a los tribunales, en el menor tiempo posible, una versión 2.0 de Operación Cobra.
“Nosotros nunca nos detenemos, seguimos trabajando con esta versión que hemos judicializado de Operación Cobra y estamos trabajando a toda marcha para en el menor tiempo posible tener en los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra, tal como lo dijimos cuando se conoció este proceso de que habrá una versión 2.0 y la habrá en el menor tiempo posible”, dijo.
Algunos periodistas le preguntaron sobre afirmaciones en torno al caso expresada por un abogado en ejercicio que apeló la coerción de todos los imputados, Camacho consideró que se trataba de una provocación. “Yo creo que en este país nadie tiene duda de que nosotros actuamos conforme a nuestra conciencia”, dijo.
“Nadie, no lo hemos hecho nunca en 21 años de carrera en el Ministerio Público, de hecho, yo no creo ni siquiera que alguien se haya atrevido a decir eso, salvo que hoy sea el Día de los Inocentes (28 de diciembre)”.
“A mí eso me parece un chiste”, puntualizó el procurador adjunto que estuvo en audiencia representando al Ministerio Público junto a los fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Ernesto Guzmán y Héctor García.
Entre otros delitos, al grupo encabezado por el procesado Hazim Albainy el Ministerio Público le imputa por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Los imputados afectaron al SeNaSa y a sus más de 7 millones de afiliados con al menos 15 mil millones de pesos.
