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En una amplia e intensa operación por aire, mar y tierra, agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y el Ejército (ERD), apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, incautaron un cargamento de 564 paquetes de presunta cocaína, en una labor de interdicción conjunta desarrollada, frente a las costas de la provincia de Barahona.
Las fuerzas de seguridad, coordinadas por miembros del Ministerio Público, montaron un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre, para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida, que según informes de inteligencia, se movilizaba hacia las costas dominicanas, con un importante alijo de presuntas sustancias narcóticas.
Luego de varias horas de un ininterrumpida persecución, los individuos, al notar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha, lanzaron varias pacas al mar y emplayaron la embarcación en las costas de la playa San Rafael, lo que obligó una amplia movilización de unidades de reacción para asegurar el control total de todo el litoral.
Posteriormente, se ejecutó un operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona, logrando confiscar en el interior de la embarcación, varias pacas, así como recuperar de las aguas del mar Caribe, otros 13 sacos, conteniendo un total de 564 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y con varios logotipos.
Durante la intervención, arrestaron a cinco hombres y se ocupó una embarcación de 23 pies de eslora, con un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza, una pistola con su cargador, varias cápsulas, entre otras evidencias.
Su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio, advirtió que la clase media será la más afectada, debido a que no recibe los beneficios económicos directos del gobierno e históricamente es la que más perjudicada ante las consecuencias económicas en tiempos de crisis.
La entidad advirtió, además, que el país no puede permitirse que las crisis internacionales se conviertan en excusas para distorsiones internas que profundizan la desigualdad. Señaló que la respuesta debe ir más allá de medidas paliativas, exigiendo mayor transparencia, supervisión efectiva y un compromiso real de todos los actores económicos para evitar abusos.
En otro aspecto, Feliciano Lacen Custodio señaló que, aunque el presidente ha anunciado la supervisión de los precios de alimentos e insumos agropecuarios, así como la reactivación del subsidio a los fertilizantes, resulta indispensable aplicar medidas más firmes y correctivas contra aquellos sectores productivos, comerciantes y vendedores que aprovechan las crisis para imponer aumentos arbitrarios y desproporcionados en perjuicio de la población.
Observó también que la libre competencia está provocando que los precios no tengan el control debido.
Aunque el líder evangélico calificó como positivas las medidas implementadas por el Gobierno, destacando especialmente los subsidios dirigidos a los sectores más vulnerables, subrayó la necesidad de fortalecer los programas sociales y de reasignar recursos desde áreas menos prioritarias para responder con mayor eficacia a la coyuntura actual.
Sugirió también, eliminar las trabas para facilitar la instalación de energía renovable, y contemplar la alternabilidad para los empleados públicos en las instituciones donde se pueda hacer para liberar más el tránsito y se consuma menos combustible.
En ese sentido, CODUE ratificó su compromiso de acompañar al pueblo dominicano en este contexto desafiante, al tiempo que exhortó a la unidad, la prudencia y la solidaridad como claves para superar la actual situación económica.
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POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El Departamento de Policía de esta ciudad (NYPD) dejará de emitir citaciones penales, a partir del próximo día 27, a los usuarios de bicicletas eléctricas y ciclistas por infracciones de tráfico de bajo nivel.
Miles de dominicanos en los cinco condados conducen de estos aparatos.
El alcalde Zohran Mamdani anunció un amplio conjunto de políticas para poner fin a la aplicación de medidas penales contra los usuarios de bicicletas eléctricas y ciclistas por infracciones de tráfico de bajo nivel, ampliar la capacitación en seguridad para todos los trabajadores de reparto que utilizan bicicletas (eléctricas o convencionales),
Asimismo, mejorar las características de seguridad del sistema Citi Bike y reforzar la rendición de cuentas de las empresas de reparto basadas en aplicaciones.
Se derogará la política del NYPD vigente bajo la administración anterior. En virtud de dicha política, los ciclistas podían ser acusados penalmente por infracciones menores, como no respetar una señal de alto, lo que los obligaba a comparecer ante un tribunal penal; de no presentarse, corrían el riesgo de recibir una orden de arresto o de ser detenidos.
Ahora, estas infracciones se gestionarán, en cambio, mediante el mismo proceso de citaciones civiles que se aplica a los automovilistas. Este cambio garantiza la rendición de cuentas al tiempo que pone fin a un sistema punitivo que ha supuesto una carga desproporcionada para los neoyorquinos de la clase trabajadora.
Se pondrán en marcha un programa de capacitación en seguridad sólido e integral para los trabajadores de reparto, y colaborarán con el Concejo Municipal para impulsar legislación destinada a abordar las prácticas inseguras de las empresas de aplicaciones de reparto de terceros, prácticas que a menudo incentivan una conducción peligrosa mediante la imposición de tiempos de entrega poco realistas.
Asimismo, la Ciudad buscará obtener la facultad de exigir una capacitación intensiva y obligatoria para aquellos trabajadores de reparto que incurran de manera reiterada en conductas de conducción inseguras.
«Todo neoyorquino que transita por nuestras vías, ya sea conduciendo un vehículo motorizado o una bicicleta, merece ser tratado con equidad.
Al poner fin a las citaciones penales por infracciones de tráfico menores, garantizamos que los ciclistas, incluidos aquellos que nos entregan nuestros alimentos y provisiones, reciban el mismo trato que el resto de los usuarios de la vía pública», declaró el alcalde Mamdani.
Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader está protegiendo a los dominicanos, principalmente a los más pobres, ante el alza internacional del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente, pero el esfuerzo debe ser de todos, porque el país nos pertenece a todos.
La afirmación la hizo el empresario en esta ciudad, Roberto Rojas, al señalar que el Gobierno ha asumido en esta semana un subsidio de $1,702.2 millones de pesos a los combustibles, para mitigar el impacto en la economía familiar.
Destaca que el Gobierno ha mantenido, desde hace años, los mismos precios del gas licuado de petróleo (GLP) a RD$137.20 por galón y del gas natural a RD$43.97 por m³, ambos de alto consumo en nuestro país, precisa.
Hay que recordar que el presidente Abinader ha mantenido el subsidio de cientos de millones de pesos semanalmente durante varios años a los combustibles, para no afectar la economía de la clase necesitada en la República Dominicana.
No obstante, como medida de responsabilidad fiscal, dispuso un reajuste de RD$10 en los precios de las gasolinas y el gasoil, con el objetivo de preservar las finanzas públicas y focalizar los recursos en los sectores más vulnerables. Más de 70 países ya han aumentado sus combustibles.
Debemos ahorrar electricidad en el hogar, apagar luces y desconectar equipos electrónicos que no se utilicen; además, adquirir equipos con tecnología de bajo consumo energético, indica Rojas.
Asimismo, el también presidente de la base de taxis Kennedy, en el Alto Manhattan, y de la Asociación de Empresarios de Transporte de NY, expresa que hay que tomar medidas para ahorrar combustibles.
Entre ellas, mantener el vehículo a una velocidad constante y evitar frenazos o aceleraciones bruscas; verificar regularmente la presión de los neumáticos para mejorar la eficiencia; reducir la carga innecesaria en el vehículo; y considerar el cambio a vehículos eléctricos.
Es que el uso racional de combustibles reduce la dependencia de los derivados del petróleo, sostiene Rojas.
POR RAMN MERCEDES
NUEVA YORK.- Actualmente se mantienen largas filas en los controles de seguridad en los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey, con esperas de hasta tres horas, a raíz del cierre parcial del gobierno.
A través de los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark-NJ, miles de dominicanos y otras comunidades viajan a diario. La misma situación se repite en decenas de aeropuertos de Estados Unidos.
Para quienes necesiten información en tiempo real, el servicio AskTSA ofrece asistencia directa, respondiendo dudas sobre tiempos de espera, artículos permitidos y procedimientos de seguridad. Se puede contactar al (866) 289-9673, o enviar un mensaje de texto con la palabra “Travel” al 275-872, en horario laboral.
Los tiempos de espera en los controles de seguridad en EE.UU. siguen aumentando a medida que se prolonga el cierre parcial del gobierno, mientras los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reportan ausencias en cifras récord.
Los empleados de la TSA, dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), siguen atrapados en las disputas del Congreso.
No reciben pago desde el 14 de febrero, ya que las negociaciones están estancadas en el Congreso, entre republicanos y demócratas.
El cierre parcial afecta directamente al TSA y al DHS, organismos que dependen de la aprobación anual del presupuesto por parte del Congreso.
Este año, el desacuerdo entre ambas cámaras se centra en temas de inmigración y seguridad fronteriza, lo que impidió la aprobación del presupuesto federal. La falta de fondos ha detenido el pago de salarios a miles de empleados federales, provocando ausencias masivas, cierre de carriles de seguridad y demoras en los controles aeroportuarios.
Los demócratas se niegan a aprobar el presupuesto de la agencia, ya que exigen que los agentes de inmigración no usen máscaras y presenten una orden judicial durante las detenciones; los republicanos, en cambio, se oponen.
Según Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, "mientras nuestros oficiales no reciban su salario, seguirán faltando al trabajo, y esto afectará seriamente al personal en todo el país".
Los pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones deben saber que las aerolíneas no garantizan horarios. Los derechos del consumidor varían según la causa del problema y el tipo de vuelo.
El Departamento de Transporte (DOT) establece que, si un vuelo es cancelado, los pasajeros tienen derecho a un reembolso completo, sin importar la causa, si deciden no viajar.
También se tiene derecho a un reembolso si hay cambios significativos en el horario o degradación de clase, y se opta por no aceptar la modificación.
Las aerolíneas deben notificar cancelaciones o cambios importantes y explicar los derechos del viajero. Sin embargo, no hay derecho a reembolso si se acepta un vuelo alternativo, se toma el vuelo retrasado o se adquiere un boleto no reembolsable, incluso si la experiencia es insatisfactoria.
Para más detalles sobre sus derechos, visita: https://www.transportation.gov/airconsumer/fly-rights#Delayed-and-Cancelled-Flights
