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En esta audiencia los ciudadanos y organizaciones pueden cuestionar leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones que consideran contrarias a la carta magna, para que, posteriormente, esta alta corte analice los casos y establezca si estas normativas se mantienen vigente, son anuladas o deben ser modificadas.
El Tribunal celebra estas vistas conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley núm. 137-11, y en ellas, las partes presentan oralmente sus conclusiones ante el TC antes de que los expedientes queden en estado de fallo.
En esta jornada, los jueces constitucionales conocieron, además, expedientes relacionados a las leyes que regulan el Colegio de Abogados de la República Dominicana, los seguros y fianzas del país, la desheredación de hijos, las telecomunicaciones, los municipios, así como la resolución sobre el pago de beneficios a los afiliados de las AFP. Todos los expedientes conocidos por los jueces quedaron pendientes de ser fallados.
Aspectos penales y policiales
Entre los expedientes sobre el Código Penal está el TC-01-2026-0052, en el que Gery Manuel Reyes Soriano impugnó los artículos 8, 192, 208, 209, 210, 211 y 310 de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal Dominicano.
Sobre esta misma ley, en el expediente TC-01-2026-0046, la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, Inc. (FEDELUCD) atacó el artículo 318; en el TC-01-2026-0057 Julio Cury, José Alberto Cruceta hijo y Víctor León Morel refutaron los artículos 284, 290, 297 y 299; y en el TC-01-2026-0054 el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) atacó el artículo 310.
En cuanto a la normativa policial, los jueces vieron el expediente TC-01-2026-0045, presentado por la Firma de Abogados e Ingenieros Méndez González & Asoc., S.R.L, que atacó los párrafos VII y VIII del artículo 83 de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.
Asimismo, en el expediente TC-01-2026-0051, Fernanda Ramón Sánchez, Wendy Carolina Moreno Amancio y Marielizabet Moreno Crisóstomo impugnaron los artículos 28, numeral 19; 152, 156; numeral 1 y 159 de la Ley núm. 590- 16, Orgánica de la Policía Nacional; el artículo 59, literal p, del Estatuto de la Carrera Policial; el artículo 127, párrafos II y III; del Reglamento Académico de la Escuela de Entrenamiento Policial; la resolución núm. 0023, del 18 de abril de 2026, emitida por el Consejo Superior Policial; el Séptimo Endoso, del 2 de junio de 2026, suscrito por el director central de Asuntos Legales de la Policía Nacional y el Telefonema del 6 de junio de 2026, emitido por la Dirección General de la Policía Nacional.
Licencias de conducir y otros temas
Durante la audiencia pública, los jueces también conocieron los expedientes TC-01-2026-0034, en el que Franklin R. Muñoz Castaños refutó el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, sobre el Reglamento de Licencias de Conducir, y el TC-01-2026-0035, cuyo accionante, Leonel Antonio de los Santos, atacó por completo el referido decreto presidencial.
Otra disposición presidencial impugnada fue el artículo 4 del decreto núm. 30-23, y esto se hizo en el expediente TC-01-2026-0055, presentado por Rodrigo Fernández Jiménez, Massiel Victoria Ruiz Diaz y Paulette Michel Mejía Martínez.
El Pleno también vio el expediente TC-01-2026-0050, que tuvo como accionante a Pedro Arturo Pichardo González, quien atacó el artículo 1, párrafo I, de la resolución núm. 455-22, que establece los requisitos y documentos a ser requeridos por las AFP para el pago de beneficios a los afiliados con ingreso tardío al sistema de pensiones y sustituye las resoluciones núm. 435-20, 406-19 y 362-14, emitidas por la Superintendencia de Pensiones el 7 de julio de 2022.
Posteriormente se ventiló el expediente TC-01-2026-0047, en el que Pedro José Chevalier Espinal impugnó la Ley núm. 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. El mismo ciudadano presentó otros dos expedientes, el TC-01-2026-0048, en el que refutó la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, y el TC-01-2026-0049, en el cual atacó la Ley núm. 153-98, General de Telecomunicaciones.
Entre los últimos casos conocidos está el TC-01-2026-0053 presentado por Antonio Díaz Paulino, quien refutó el artículo 3 y sus párrafos I, II y III de la Ley núm. 75-25, que modifica el artículo 21 de la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; y el TC-01-2026-0056, cuyo accionante, Guillermo Hernández Medina, impugnó el artículo 1 de la Ley núm. 1097 sobre desheredación de hijos.
Falleció este miércoles en un centro médico de la capital doña Cosette Bonnelly Betances, tras presentar quebrantos de salud. Cosette era la esposa de don Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario, medio del cual era la directora ejecutiva.
Bonnelly Betances, quien también era periodista, fue la creadora del portal digital de El Nuevo Diario. Su deceso se produjo mientras don Persio se encontraba en el Palacio Nacional donde participaría en una reunión de la Comisión de seguimiento al uso de los fondos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) que encabeza el presidente Luis Abinader.
Tras enterarse de la noticia, el mandatario expresó sus condolencias a la familia. «Le damos el pésame a Persio Maldonado, una persona muy estimada por todos, a su familia y realmente sentimos bastante esa situación, pero ha coincidido y él ha tenido que retirarse, el padre Cecilio lo acompañó a su salida», expresó Abinader.
«Así que, lo sentimos mucho y queremos penosamente dar esa información a ustedes», agregó Abinader. Honras fúnebres La familia expresó que en el transcurso del día establecerán la hora y el lugar donde se realizarán las honras fúnebres.
Cosette procreó junto a don Persio tres hijos, un varón y dos hembras, que son Persio Sully Maldonado Bonnelly, Mónica y Sarah.
Reconocimiento
En el 2023, el Observatorio de Medios Digitales le otorgó un reconocimiento especial a Bonnelly Betances por sus aportes realizados al periodismo digital.
En sus palabras, Bonnelly Betances, quien asistió al acto acompañada de su familia, agradeció a cada uno de los colaboradores que le acompañaron en su trayecto en el ejercicio del periodismo y a los jóvenes talentos, entre ellos a su hijo Persio Sully Maldonado, gerente general de El Nuevo Diario, quien junto a Jaime Rincón e Irving Nova han aportado a la innovación de este periódico.
La actividad se realizó en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau, propició una aproximación histórica y crítica a uno de los temas que generan interés y debate en torno a la vida privada del fundador de la República Dominicana.
Durante la conferencia se examinaron testimonios, referencias documentales y versiones difundidas sobre las posibles relaciones sentimentales de Duarte y la supuesta existencia de hijos, con atención a la necesidad de contrastar las afirmaciones con las fuentes históricas disponibles.
Con esta iniciativa, el Museo Nacional de Historia y Geografía reafirmó su compromiso con la divulgación del conocimiento histórico y la promoción de espacios de reflexión sobre las figuras y los acontecimientos que han marcado la historia nacional.
Edwin J. Peña es estudiante de término de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presidente de la Asociación Dominicana de Estudiantes de Historia (ADEH) e investigador del Departamento de Investigaciones del Museo Nacional de Historia y Geografía. Su trabajo académico y de divulgación se orienta al estudio crítico de la historia dominicana y al análisis de las fuentes históricas.
El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, y está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Para más información, pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard.
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En ese sentido, se procedió a retirar 56,140 de estos controles, tras analizar la data desde el año 1990 al 2026, detectando miles de expedientes cuyo fin ya había sido cumplido y continuaban en el sistema, afectado el libre tránsito de ciudadanos, la medida busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo intensivo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo, tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que no cumplían con el sustento judicial requerido y limitaban el derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo, incluyendo casos producto de errores administrativos con órdenes judiciales sin individualizar.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, requirió formal y oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de:
1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La PGR y la DGM explicaron, que, con esta iniciativa, reafirman su rol como garantes de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
