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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó, frente a decenas de profesores y técnicos de educación de todo el país, que la escuela tiene que ser un centro de formación de un modelo de ser humano respetuoso de la dignidad de las personas, crítico y apegado a los valores que sustentan el contrato social.
Reynoso se refirió al tema, al plantear que la corrupción rompe el contrato social que planteó Jean-Jacques Rousseau (junio de 1712-julio 1778). “Hay un pacto social que los ciudadanos y el Estado tenemos: yo asumo cierto comportamiento en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Pero la corrupción rompe ese pacto social, y si el pacto social se rompe, se daña la sociedad, se daña la colectividad, porque vivir en sociedad necesita reglas”, dijo.
“¿Qué busca el contrato social? La convivencia desarrollada, pacífica y armoniosa de la sociedad”, añadió Reynoso, al participar en una jornada organizada por el Ministerio de Educación para directores regionales, distritales y personal de su sede central, con el propósito de fomentar el conocimiento sobre los principales alcances de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y del nuevo Código Penal.
La jornada, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, contó con la intervención de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción, y Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La procuradora general valoró la educación como medio para transformar la sociedad. “Como hija de maestro y docente, siempre he creído que la educación no es solo poner en conocimiento de un joven o un adulto un texto. La educación tiene que ser parte esencial en la formación de un modelo de ser humano”, expresó.
Agregó “de la educación depende el desarrollo, depende la calidad de la sociedad que construimos”.
“Educar implica acompañar, implica entender, implica apoyar. Formar personas dice la ley, hombres y mujeres libres, críticos, creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática, participativa, justa, solidaria, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana”, indicó.
La procuradora general habló del impacto de la reforma penal y sus novedades, así como de la tipificación y sanción del bullying como una de las novedades del nuevo Código Penal.
Reynoso dijo que el código tiene otras virtudes, entre ellas, sanciones por el bullying. “Trae el bullying como un delito”, indicó, al tiempo de resaltar la importancia de la sanción a esos casos al destacar actualmente su trascendencia e impacto negativo por el uso de las redes sociales.
“El bullying no es una broma, el bullying lacera la dignidad de las personas, y, sobre todo, es muy delicado cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”, expuso en la actividad realizada el sábado en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa (MIDE).
Dijo que el Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigencia en agosto de este año, incluye ilícitos nuevos o reforzados.
Precisó que, con la nueva normativa, quien bajo los efectos del alcohol mate una persona o la atropelle, no se considerará un accidente, sino, “que se va a considerar un delito de dolo eventual, cuya pena podrá llegar hasta 20 años”.
También, dijo que para los que hacen disparos al aire el código también tiene sanciones de importancia. “Les puedo decir, que es un código moderno, es un código de avanzada, es un código que tiene lo mejor del derecho penal de la actualidad”, indicó.
Refirió que el código trae de novedoso que la corrupción es un delito autónomo. “¿Qué quiere decir esto en términos más claros, sobre todo, para quienes no son abogados? Que cualquier acción, acto de omisión que lesione el patrimonio público y en el que haya un dolo, es un delito”, dijo.
Recordó que el funcionario que consienta, acuerde o ejecute esquemas fraudulentos para justificar la erogación de pagos provenientes de la sobrevaluación injustificable de obras y servicios del Estado podría enfrentar penas de entre 5 a 10 años de prisión.
También, se refirió al abuso de poder. “El poder es para construir un modelo de país; pero no para abusar, es para hacer un uso correctamente de las funciones en beneficio de la colectividad y por esta razón el abuso de poder viene también como un tipo penal”, explicó Reynoso, quien también se refirió a la responsabilidad empresarial como una novedad que trae el código.
“Los empresarios y las empresas son responsables por sus actuaciones. Si usted como empresa le robó al Estado, entonces, usted tiene que responder también, porque el patrimonio del Estado hay que recuperarlo sí o sí; cada peso que se roba hay que recuperarlo, porque en cada peso hay una oportunidad de mejorar algún servicio en beneficio de la colectividad”, expuso.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE)exhortó al Gobierno dominicano a tomar medidas económicas y sociales preventivas frente a los posibles efectos que podría generar en el país la actual crisis internacional marcada por las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.
La entidad que agrupa a diversas organizaciones y denominaciones evangélicas expresó, que la situación geopolítica internacional ya comienza a generar preocupación en economías dependientes de la importación de energía, como es el caso de la República Dominicana, por lo que considera prudente que las autoridades activen mecanismos de protección económica y social para mitigar sus posibles efectos en la población.
El presidente del CODUE, Feliciano Lacen Custodio, manifestó que la población espera respuestas responsables y oportunas que permitan preservar la estabilidad económica y proteger especialmente a los sectores más vulnerables.
“Desde el CODUE nos identificamos con el clamor de la población que observa con preocupación el desarrollo de esta crisis internacional. Entendemos que es momento de que el país adopte medidas preventivas que permitan enfrentar cualquier impacto en el costo de la vida y en la economía nacional”, expresó Lacen Custodio.
El líder evangélico señaló que un posible aumento en los precios del petróleo tendría un efecto directo sobre la economía dominicana, debido a que el país es un importador neto de combustibles. Explicó que esta situación podría reflejarse en el aumento de los costos de la energía eléctrica, el transporte y los alimentos.
Asimismo, indicó que, aunque la República Dominicana no tendría una implicación militar directa en el conflicto, sí podría verse afectada por cambios en las alianzas internacionales, fluctuaciones en los precios de materias primas y ajustes en las dinámicas del comercio global.
En ese sentido, el pastor Feliciano Lacen recomendó a las autoridades dominicanas:
1. Monitorear de manera constante la evolución de la situación internacional
2. Fortalecer políticas de diversificación energética que permitan reducir la dependencia del petróleo importado.
3. Mantener atención a la seguridad ciudadana y los puntos fronterizos bajo estricta vigilancia.
4. Dar un apoyo inmediato al campo para trabajar un acompañamiento con la agricultura hogareña, que es la agricultura que garantiza la sostenibilidad alimentaria;
5. Trabajar en serio con la tecnificación a la agricultura de todos los grandes y pequeños productores,
6. Incentivar y apoyar las cooperativas para que esos agricultores puedan mantener la capacidad de producción y la unidad en la misma.
Solamente con el mecanismo de agricultura tecnificada, apoyo a la agricultura hogareña de sostenibilidad alimentaria y abriendo más cooperativas rurales para que sean de impacto ante las amenazas globales que hoy vive el mundo, la República Dominicana podrá producir más del 90% de los alimentos que consumen los hogares dominicanos. Este es un tiempo de unidad nacional.
Finalmente, Feliciano Lacen Custodio afirmó que las iglesias evangélicas se mantendrán atentas a las decisiones que adopte el Gobierno y continuarán orando por la paz mundial, al tiempo que reiteró el compromiso del CODUE de aportar reflexiones y propuestas que contribuyan a la estabilidad social y económica del país.
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Un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal le impuso este domingo tres meses de prisión preventiva a tres oficiales policiales imputados de sustraer más de RD$1.2 millones que entraron al destacamento de esa provincia en un caso de robo en proceso de investigación.
La medida de coerción fue impuesta al coronel Carlos José Sidney Kelly, quien al momento del caso fungía como director de la Dirección Regional en San Cristóbal; el capitán Deberin Klanniery Medina Pérez, y el operador de radio, segundo teniente Alipio Díaz de la Rosa, de la 17ava. compañía, quienes fueron suspendidos por su vinculación al caso.
Los oficiales son imputados de violar los artículos 123, 124, 174, 265, 266, 379 y 385 del Código Penal dominicano, los cuales tipifican y sancionan la coalición de funcionarios y la asociación de malhechores, en este caso para cometer robo agravado en el interior del Destacamento de la 17ava. compañía.
La solicitud de medida de coerción detalla que el dinero, RD$1,200.000 en efectivo y una funda con RD$28 mil pesos en monedas habían entrado al destacamento policial por un caso de robo que se investiga.
La investigación del caso está a cargo de las fiscales Ramona Santana Uceta (titular de San Cristóbal), Laura Cecilia Segura Cordero y Aurelina Cuevas Román, quienes sustentaron la solicitud de medida de coerción con 50 elementos de pruebas.
La fiscal Aurelina Cuevas Román también representó al Ministerio Público en la litigación junto a la fiscal Belkis Tejeda Espinal.
Durante la audiencia, las representantes del órgano persecutor establecieron la vinculación de los imputados con el caso ante la jueza Kenty Noesí, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, quien le impuso la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.
Los oficiales deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales, localizado en el municipio Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El Departamento de Salud e Higiene Mental de NYC (DOHMH) reportó el primer caso de Mpox (anteriormente viruela del mono), una enfermedad infecciosa, a veces grave, caracterizada por una erupción dolorosa, fiebre y ganglios linfáticos inflamados.
Actualmente, en la Gran Manzana residen 8,6 millones de habitantes, entre ellos cerca de 900 dominicanos.
Según las autoridades, la persona que dio positivo al virus había viajado recientemente a Europa. Se ha emitido un aviso sanitario dirigido a los profesionales de la salud en NYC.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) realizaron pruebas confirmatorias. La persona se está recuperando satisfactoriamente y permanece aislada hasta que los síntomas desaparezcan.
Es el duodécimo diagnóstico de Mpox del Clado I en los Estados Unidos.
Los síntomas comunes son sarpullido o lesiones en la piel, que pueden durar de dos a cuatro semanas. También son comunes la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, el dolor de espalda, la falta de energía y la inflamación de los ganglios linfáticos, según la Organización Mundial de la Salud.
Se transmite de persona a persona a través del contacto cercano con alguien que la padece, incluidos los miembros del mismo hogar. Según la OMS, el contacto cercano incluye el contacto piel con piel, los besos y el contacto sexual.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad, procedentes del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, condenan que desaprensivos hayan convertido la recién inaugurada carretera por el presidente Luis Abinader, que une esta localidad con la autopista del Nordeste, en una pista de carreras clandestinas de motores a todas horas del día.
En documento de prensa, Andrés Marmolejos, Julián Moreta, Luisa de Jesús, Juan Hernández, Antonio López, Ernesto Cuevas, Wilfredo Lantigua, Isidro Sierra, Ana del Orbe, Carlos M. Ruiz, Altagracia Contreras, Hipólito Báez y José Antonio Madera, entre otros, afirman que la acción de estos sinvergüenzas pone en peligro a transeúntes, conductores y a cientos de turistas que viajan semanalmente hacia Nagua y Samaná.
Recuerdan al recién pensionado coronel Jorge Soto, comandante policial de Villa Riva, quien mantuvo mano dura contra la contaminación sónica, rápida intervención para la detención de personas que cometían actos delictivos y un amplio control del área, minimizando en gran medida la inseguridad ciudadana.
Demandan del ratificado director regional Nordeste de la Policía Nacional, con asiento en San Francisco de Macorís, general Leoncio Natera Melenciano, que ordene el arresto e incautación de cada uno de los competidores de dichas carreras y su sometimiento a la justicia.
De acuerdo con testimonios de comunitarios, la situación se torna más frecuente durante el horario nocturno, cuando grupos de jóvenes se reúnen para realizar competencias de velocidad, e incluso apuestas de dinero.
Los residentes temen que esta práctica pueda provocar accidentes graves, pérdidas de vidas humanas o lesiones.
Ante esta situación, los comunitarios hicieron un llamado a las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), para que intervengan y tomen medidas que permitan controlar esta problemática, para garantizar un uso seguro de la nueva vía.
