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El Consejo Nacional de Drogas (CND) propuso impulsar el fortalecimiento del marco normativo para regular la comercialización, promoción, distribución, publicidad, patrocinio y acceso a los cigarrillos electrónicos y demás productos que contengan nicotina, como parte de las acciones orientadas a proteger a la niñez, la adolescencia y la juventud de la exposición temprana a esta sustancia.
La iniciativa fue presentada durante la "Convocatoria Nacional para la Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud frente al Uso de Cigarrillos Electrónicos", actividad realizada en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), con el respaldo de los Ministerios de Educación y Salud Pública, en la que especialistas nacionales e internacionales consensuaron recomendaciones para fortalecer la respuesta preventiva del país frente al creciente uso de estos dispositivos.
Durante el acto, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, sociólogo Alejandro de Jesús Abreu, afirmó que es urgente fortalecer las accione regulatorias y enfrentar el intento de normalizar el uso de sustancias que afectan los pulmones de forma irreparable.
Expresó que estas propuestas forman parte de los esfuerzos que impulsa el Gobierno dominicano, bajo la visión y el liderazgo de del presidente de la República, Luis Abinader Corona, para fortalecer las acciones preventivas de la salud, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
"¡Basta ya! No podemos permitir que dispositivos coloridos e intencionalmente diseñados continúen llevando de humo los pulmones, el órgano interior más delicado y usado de nuestro cuerpo. Es urgente endurecer el marco regulatorio que permita cerrar los vacíos de control y protección existentes", expresó Abreu.
Agenda
Como parte de la jornada, el representante de la OPS/OMS en República Dominicana, Dr. Bernardino Vitoy; la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación (MINERD), Dra. Ancell Scheker; y la directora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, Dra. Andelys De la Rosa, reafirmaron el compromiso interinstitucional con la protección legislativa, educativa y política de la niñez y la juventud.
La agenda incluyó la conferencia "Medidas de protección: ambientes 100 % libres de humo de tabaco y otras emisiones", impartida por Rosa Sandoval, asesora regional de Control del Tabaco de la OPS/OMS, y Luciana Severini, oficial técnica de Control del Tabaco de la OPS/OMS.
El bloque temático “Evidencia y contexto" reunió las exposiciones de Lohadis Ureña, directora de Estrategias en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud del Consejo Nacional de Drogas; Atenágora Mendoza, del IDEICE/MINERD; y Ernesto Sebrié, de Campaign for Tobacco-Free Kids, quienes presentaron investigaciones y evidencias científicas sobre la prevención y los efectos del vapeo.
La programación incluyo el espacio "Voces Jóvenes", con la proyección de materiales audiovisuales del Consejo Nacional de Drogas, la OPS y la agrupación juvenil CREA, además de las intervenciones de Agustina Lorenzo, de la citada organización, y Marilyn Amancio, de la Academia de Reyes Rejobot, quienes compartieron la percepción de los jóvenes.
La jornada concluyó con el panel "Fortalecimiento de espacios libres de humo de tabaco y otras sustancias psicoactivas: una respuesta clave ante el vapeo juvenil y sus efectos en la salud", moderado por la Dra. Viery Franco, del Ministerio de Salud Pública, e integrado por Emmanuel García Galán, médico internista, intensivista y paliativista; Katiuska Santana, técnica docente nacional de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación (MINERD); Luis Ottenwalder, director de Atención, Rehabilitación e Integración Social del Consejo Nacional de Drogas; Gervasio Castillo, psicólogo del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINNACSP); y Luzmila Argueta, asesora de Enfermedades No Transmisibles, Factores de Riesgo, Salud Mental, Violencia y Lesiones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), quienes analizaron los principales desafíos para fortalecer la prevención y la respuesta institucional frente al vapeo juvenil.
Conclusiones
Durante la jornada fueron presentadas las conclusiones institucionales construidas a partir de las reflexiones, investigaciones y evidencias científicas compartidas por especialistas y representantes de diversas instituciones nacionales e internacionales.
Entre ellas se destaca que el consumo de cigarrillos electrónicos constituye un desafío emergente de salud pública; que la exposición temprana a la nicotina afecta el desarrollo cerebral durante la adolescencia.
También la necesidad de ajustar el marco normativo para reducir efectivamente los factores que favorecen el inicio del consumo, mediante una regulación efectiva y moderna, ya que la actual es una de las más atrasada de America Latina.
En la actividad también estuvieron presentes, el señor Esteban de la Torre Ribadeneira, representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en República Dominicana; el contraalmirante Henry Abreu Vázquez, director de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); el coronel Hernández Tejada, director de Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Nacional; Kennedy Vargas, viceministro de Eventos Especiales del Ministerio de Deportes; y el general Oscar Padilla, miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas.
La mosca de la fruta representa un desafío para la producción agrícola dominicana, especialmente para el mango, un cultivo de gran importancia económica para el país por su impacto en zonas productoras como Baní, en la provincia Peravia, y otras comunidades agrícolas.
El planteamiento fue realizado por el economista, agrónomo y exsenador por la provincia Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por Julio Martínez Pozo, por Antena 7, donde analizó la incidencia de esta plaga, la suspensión de exportaciones hacia Estados Unidos y los retos que enfrenta el sector agropecuario dominicano.
Sánchez Roa explicó que la mosca de la fruta es un insecto propio de los países tropicales de América y que, debido a las condiciones climáticas de estas zonas, permanece activa durante gran parte del año. Indicó que existen diferentes tipos de mosca de la fruta y que la especie presente en estos climas afecta diversos cultivos.
Explicó que la hembra perfora el fruto con un órgano llamado ovipositor, mediante el cual deposita sus huevos, dando paso al desarrollo de larvas que provocan daños y pudrición en el producto.
Aunque la plaga puede afectar varias producciones agrícolas, Sánchez Roa destacó que el mayor impacto socioeconómico en República Dominicana se concentra en el mango, debido a la importancia de este cultivo para las exportaciones y para las comunidades productoras.
Señaló que el mango tiene una importancia económica significativa para la provincia Peravia, especialmente Baní, así como para otras zonas productoras como San Cristóbal y Azua. Agregó que la mosca de la fruta también puede afectar cultivos como la guayaba, el aguacate y la naranja, aunque con un impacto menor.
Técnicos especializados, un elemento clave para la sanidad vegetal
Al referirse a la capacidad de respuesta del país frente a esta amenaza, Sánchez Roa resaltó la importancia de contar con técnicos especializados en sanidad vegetal.
Explicó que la atención fitosanitaria no puede estar en manos de cualquier persona ni de cualquier productor, sino de profesionales especializados con la preparación necesaria para realizar labores de monitoreo y control.
El exsenador señaló que cientos de técnicos especializados en sanidad vegetal fueron cancelados desde el año 2020 en todo el país, y consideró que esa situación debe revisarse por la importancia de contar con personal capacitado para enfrentar las amenazas que afectan la agricultura.
Protocolos y recuperación de las exportaciones
Al referirse a la suspensión de las exportaciones de mango hacia Estados Unidos, Sánchez Roa explicó que antes de una medida de esa naturaleza existe un protocolo entre el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y el Ministerio de Agricultura de República Dominicana a través de sus áreas de sanidad vegetal.
Explicó que ese protocolo incluye inspecciones, monitoreo y seguimiento de las condiciones establecidas, y que cuando se detectan fallas se notifican para que puedan ser corregidas antes de llegar a una suspensión.
Sánchez Roa indicó que República Dominicana tiene la oportunidad de recuperar las condiciones necesarias para la exportación mediante un trabajo coordinado entre las autoridades, productores y organismos sanitarios estadounidenses.
Entre las acciones mencionó la instalación de trampas para monitorear la presencia del insecto, la limpieza de las plantaciones, las podas y el manejo adecuado de los frutos afectados para evitar la propagación de la plaga.
Finalmente, destacó que el caso del mango debe verse dentro de una visión más amplia de protección agrícola nacional, debido a que otros cultivos también requieren vigilancia y atención frente a las amenazas fitosanitarias.
Con la suma de las nueve preseas, el país llegó a 59 metales, repartidos en 10 de oro, 12 de plata y 35 de bronce, manteniéndose en el quinto puesto general.
Los deportes de remo, tiro al plato y natación fueron los autores de las medallas de plata, mientras que racquetbol agregó cuatro de bronce, otra de tiro al plato y la natación.Los equipos de voleibol playa se alzaron con triunfos y se situaron en la ronda de cuartos de final.
El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que rechace el incidente sin fundamento jurídico planteado otra vez por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez con el propósito de que el sistema de justicia lo favorezca con una declaratoria de extinción de la acción penal y le evite ir a juicio a responder por los hechos de corrupción que se le imputan.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó a periodistas que la abordaron que el Ministerio Público desmontó todas las argumentaciones planteadas por las defensas, estableciendo un cronológico que demuestra la conducta recurrente de los acusados para retardar el proceso.
“En el día de hoy hemos continuado con el conocimiento del incidente de extinción presentado por la defensa de Jean Alain Rodríguez en las que otras defensas se adhirieron”, dijo Ortiz a los miembros de la prensa que la abordaron a la salida del tribunal la tarde del miércoles, luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes.
“El Ministerio Público desmontó, una a una, todas las argumentaciones planteadas por esta defensa, estableciendo un cronológico real del transcurrir del proceso, cronológico que no tenemos que contarles a ustedes, porque ustedes lo vivieron, estuvieron ahí, día con día, desde el Juzgado de la Instrucción, recogiendo todas las incidencias del proceso”, indicó.
Recordó que las actas de audiencia, que también suministraron al tribunal, “demuestran cuál fue la conducta de los imputados desde el primer día, intentando retardar el conocimiento del proceso para, precisamente, ahora, pretender beneficiarse del vencimiento del plazo máximo”.
“Una de las tantas cosas que ocurrieron en esa audiencia preliminar fue que la defensa del propio imputado, que hoy pretende ser favorecido, solicitó más de cien días de plazo hábil para producir su escrito de defensa”, destacó.
“Entonces, una defensa que se comporta de esa manera, no puede alegar hoy y pretender que se le reconozca plazo razonable”, sostuvo Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.
“Otro aspecto importante a resaltar es que este criterio no es un criterio del Ministerio Público, demostramos con jurisprudencia de los tribunales de primer grado, de la Corte de Apelación (Distrito Nacional), de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional que los casos complejos se miden bajo criterios y estándares distintos, tal y como ahora lo ha establecido el legislador en los artículos del 146 al 150 del Código Procesal Penal”, señaló.
La titular de la Pepca sostuvo que, por tanto, “no podemos hablar de extinción, y este tribunal, tal cual lo ha hecho en otras ocasiones, va a rechazar la solicitud planteada por el imputado”.
En la jornada del miércoles, durante las primeras horas de la mañana, Ortiz inició la réplica a la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el acusado Jean Alain Rodríguez.
La representante del Ministerio Público recordó que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, amplió el aspecto de las dilaciones. “Se hace necesario puntualizar o recalcar lo plasmado en la sentencia TC1106-2024, del 30 de diciembre de 2024, relativo a que si bien es cierto que la superación del plazo previsto en la norma procesal penal se inscribe en un plazo razonable atendiendo a las particularidades del caso y la capacidad de respuesta del sistema, no es menos cierto que en la especie y conforme a lo ya comprobado del estudio de la sentencia recurrida, no revela de manera detallada y pormenorizada, cuáles fueron las particularidades del caso que generaron la dilación”, dijo Ortiz durante su intervención en la audiencia.
En ese mismo orden, recordó que lo que manda el Tribunal Constitucional es que cuando los tribunales se aparten del plazo que está establecido, lo justifiquen de manera correcta, permitiendo entonces a los jueces ponderar, razonar y decidir en base a plazos de razonabilidad con criterios de razonabilidad y no de plazos taxativamente legales.
Durante su turno para replicar el pedimento de la extinción de la acción penal, el fiscal Enmanuel Ramírez presentó una cronología de todo el proceso judicial que demuestra las tácticas dilatorias utilizadas por las defensas para retardar el proceso.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, luego de concluir con la agenda del día, aplazaron la audiencia para el próximo 3 de agosto, a las 10:00 de la mañana.
Persecución a la red
El expediente acusatorio establece que Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez, quienes solicitaron al tribunal mantener la prisión preventiva del procesado en virtud de que siguen sin variar los presupuestos presentados por la defensa en la audiencia donde se le impuso inicialmente la medida de coerción.
Nancy María Joaquín Guzmán, en funciones de jueza de la Instrucción Especial, rechazó el pedimento de la defensa de variar la prisión preventiva durante la audiencia donde se conoció la solicitud de revisión de la coerción que le fue impuesta a Valdez Alcántara el pasado mes de mayo por espacio de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El pasado 29 de junio la jueza Joaquín Guzmán dejó sin efecto la revisión de la medida de coerción a Valdez Alcántara como consecuencia del recurso que conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 3 de junio, cuando, igualmente, le ratificó la medida privativa de libertad.
La magistrada Joaquín Guzmán fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público le imputa a Valdez Alcántara la violación de varios artículos del Código Penal dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida de coerción fue impuesta el pasado mes de mayo por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.
Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz.
