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El evento anual reunió a más de 200 suplidores y prestadores de servicios del Banco BHD y se realizó en el marco de Compras Sostenibles BHD, un foco de la estrategia de sostenibilidad del BHD que tiene como propósito de extender prácticas éticas y sostenibles a su cadena de suministro.
La jornada instó a los prestadores de servicios a seguir cumpliendo con las metas institucionales, éticas, legales y operativas. “Cada proveedor es un aliado clave dentro de la cadena de valor que promovemos fortalecer continuamente, basada en la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad.
Fortalecer a nuestros proveedores también significa fortalecer la cadena de valor, el ecosistema empresarial y seguir impulsando relaciones de negocio más responsables, sólidas y sostenibles”, destacó Rafael Arvelo, vicepresidente de Compras del Banco BHD.
Kirsys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Banco BHD, enfatizó que en los últimos años el Banco BHD ha promovido conversaciones sobre buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, compras sostenibles y cumplimiento regulatorio. “Este espacio representa mucho más que una agenda de trabajo o una actividad institucional. Es una oportunidad para fortalecer relaciones, compartir visión y seguir impulsando prácticas responsables”, dijo.
Una jornada que genera valor
El Encuentro con Proveedores 2026 inició con la presentación de la conferencia magistral “Finanzas responsables en la vida real del proveedor”, a cargo de Adrian Guzmán, vicepresidente sénior de la Unidad de Negocios Pyme del Banco BHD.
Luego, se desarrolló el panel “Cómo las finanzas responsables impactan el crecimiento de mi empresa”, con la participación de Raúl Camilo, CEO de Raúl Camilo y Asociados; José Delio Guzmán, vicepresidente regional del Banco BHD; Leandra Perozo, gerente sénior de Relaciones con Suplidores del Banco BHD, y moderado por Ancris Lied, segunda vicepresidenta de Segmento Empresas Pequeñas y Estrategia Segmento Pyme.
“Para el Banco BHD, las finanzas responsables no solo son números o balances; representan estabilidad, capacidad de cumplir y tomar decisiones que permitan crecer sin comprometer el futuro del negocio. Un proveedor financieramente organizado tiene más capacidad de innovar, de responder ante momentos difíciles, de mantener la calidad y de sostener relaciones comerciales duraderas”, finalizó Kirsys Abreu.
En el encuentro, los ejecutivos de la entidad financiera destacaron que promover buenas prácticas de negocio contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo #12 sobre producción y consumo responsable, enfocado en el uso eficiente de los recursos y la energía, así como en el desarrollo de infraestructuras respetuosas con el medio ambiente.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inspeccionó los trabajos del alcantarillado sanitario de Mao, provincia Valverde, y anunció que entregarán la obra a finales de este año.
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Arnaud comprobó que la planta de tratamiento de aguas residuales está avanzada en un 80 %.
«Pronto estaremos finalizando este proyecto tan importante. Este tipo de obras es el resultado de visión, liderazgo y seguimiento constante», expresó Arnaud.
Entre las comunidades que serán impactadas con este proyecto está el casco urbano: Villa Olímpica, San Antonio, María Auxiliadora, Motocross, Los Cayucos, Cerro Marino, Carlos Daniel, Los Cajuiles, La Mina, De Pericle, Sibila, barrio Militar, Las 300, La 40, El Rincón, El Samán, Copellito y Enriquillo (Los Camarones).
El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, quien ha cumplido su palabra de llevar salud y calidad de vida a la gente.
«Agradecemos la paciencia que ha tenido la población. Esta es una obra magnifica que muchos municipios quisieran tener y ya pronto el municipio de Mao la tendrá, porque el desarrollo se construye debajo de la tierra», dijo.
La obra contempla una planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología moderna, líneas colectoras, una estación de bombeo, acometidas domiciliarias, registros de inspección, así como cubrimiento con capa asfáltica.
Recordó que antes este tipo de obras no eran una prioridad porque las tuberías van por debajo de la tierra y no se ven, pero se sienten en la salud de la gente.
El director ejecutivo del INAPA recalcó la importancia de la planificación a la hora de desarrollar obras de esta naturaleza, por lo cual el país ha recibido el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como referente de saneamiento en la región y el mundo. Durante su recorrido, el funcionario estuvo acompañado del alcalde Yohendi Jiménez.
La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) expresó su firme e incondicional respaldo a la modificación de urgencia aprobada ayer por el Senado de la República al artículo 36 y al párrafo I del artículo 172 de la Ley No. 225-20 General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (modificada por la Ley No. 98-25).
El Ministerio Público espera que el próximo lunes se conozca la decisión de la jueza a la que pide el envío a prisión de dos de los procesados de la estructura que se aprovechó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y a pacientes con cáncer, así como al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
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El Ministerio Público mantuvo este jueves que deben ser enviados a prisión Héctor Antonio Lora Cruceta, su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y a arresto domiciliario la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Onco14.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, encabezó el equipo litigante, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago. También, lo integraron Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.
Los fiscales participaron en la audiencia celebrada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien ha encabezado tres audiencias en el proceso de conocimiento de la medida de coerción.
En la instancia presentada ante el tribunal, el órgano investigador solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán.
El Ministerio Público solicita que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad y la gravedad de los hechos imputados, así como por la posible pena a imponer en un juicio.
La investigación realizada del órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
El pasado viernes la jueza Santiago Reyes aplazó la medida para el martes a solicitud de los abogados de las defensas. Ese día, pasadas las 9:00 de la noche, la magistrada Reyes suspendió la audiencia hasta este jueves 25 de junio, a las 4:00 de la tarde, para iniciar la etapa de réplica y contrarréplica.
Este jueves, la jueza aplazó la audiencia hasta el próximo lunes, 29 de junio, a las 7:30 de la noche, cuando el Ministerio Público espera que dicte su resolución.
El proceso judicial
Durante la Operación Onco 14 fueron arrestados los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Los arrestos fueron ejecutados con orden judicial por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación del Ministerio Público, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago. Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
