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La procuradora general de la República instruyó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Con ese propósito, la magistrada Yeni Berenice Reynoso designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El equipo investigador está integrado, además, por los procuradores de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria. También, por Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
Alcance de la investigación
La instrucción establece que el equipo debe extender sus indagatorias a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.
Su objetivo es “determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural”, explica la instrucción de Yeni Berenice.
Asimismo, la Procuradora dispuso que la fuerza de tarea designada realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Compromiso con el patrimonio natural y la preservación de las fuentes hídricas
Al motivar la decisión, la Procuradora General afirmó que “la conservación y preservación de las áreas protegidas, representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, aseguran la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad dominicana en las presentes y futuras generaciones”.
Esta acción forma parte de una serie de medidas estratégicas que el Ministerio Público implementa para fortalecer su estrategia de persecución de los delitos ambientales que impactan áreas de conservación que son clave para la seguridad hídrica de toda la población que requiere del uso del agua potable y para todas las actividades productivas que garantizan su sostenibilidad e impulsan el desarrollo socioeconómico del país.
El Ministerio Público explicó que la instrucción de la Procuradora General conlleva un nuevo reenfoque, que implica un cambio estructural en la persecución de todos los delitos ecológicos que, por su lesividad para todo el tejido social, deben ser tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado, dado su impacto, muchas veces irreversible, para las presentes y futuras generaciones.
El sociólogo Cándido Mercedes consideró que el cierre de la oficina de la DEA en República Dominicana podría ser de corta duración, por lo que su reapertura podría posibilitar que vuelva a operar normalmente en un tiempo prudente.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, asegura que la medida del cierre es saludable hasta que sea investigado el caso.
Sin embargo, considera que no se puede dejar el país con debilidad institucional que solamente sea la Dirección Nacional de Control de Drogas que combata directamente el delito.
“Lo más saludable es cerrarla en lo que se investiga el caso, porque no sabemos la ramificación, si era una mafia, si era un crimen organizado o si era él aisladamente, lo cierto es que ya está preso”, adujo.
El académico precisó que el canciller Roberto Álvarez, de manera certera, llamó a la embajada norteamericana y ésta le dijo que la situación no tiene que ver con funcionarios de República Dominicana.
Asimismo, observó que tampoco tiene que ver nada con la lucha contra el narcotráfico, por lo que la diplomática asegura que Estados Unidos va a seguir trabajando con República Dominicana.
“De hecho ese mismo día habían venido un alto funcionario de la DEA, de nuevo a felicitar al mejor comandante que hemos tenido desde que fundaron la Dirección General de Control de Drogas, que es el vicealmirante Cabrera Ulloa, dedicado 100%, con unos valores extraordinarios”, acotó.
Mercedes afirmó que Cabrera Ulloa está trabajando de manera denodada y significativa para el bien del país, por eso no es en vano que le llame el zar antidrogas de América Latina.
RD mejora índice de percepción de la corrupción
El sociólogo Cándido Mercedes afirmó que República Dominicana es de los pocos países en los últimos cinco años que va mejorando de manera sostenida su índice de percepción de la corrupción.
El académico asegura que Transparencia Internacional este año evaluó 182 países y de América Latina solamente dos países mejoraron, que son Guyana y República Dominicana.
“Transparencia Internacional es la organización mundial con mayor crédito en términos de percepción de la corrupción pública, porque mide lo público”, agrega el ex coordinador general de Participación Ciudadana.
Mercedes sostuvo que ningún país nunca ha cuestionado la validez, pertinencia, confiabilidad, objetividad de ese índice de percepción.
El experto recordó que para el año 2018, 2019, 2020, el país tenía una nota de 28 de 100.
Sin embargo, observó que hoy tiene una nota de 37 de 100, registrando una mejoría de nueve puntos en cinco años.
El encuentro fue propicio para el intercambio de ideas y aspiraciones para una mejor nación, con servicios públicos que si funcionen y mayores oportunidades para las mujeres y la juventud.
Durante el encuentro, Jeanis de García agradeció el apoyo constante de las mujeres que forman parte activa del PLD, destacando el papel fundamental que desempeñan en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de una propuesta de nación inclusiva y solidaria.
“Las mujeres somos el corazón de nuestras comunidades y un pilar esencial en cada iniciativa que busca transformar positivamente nuestro país. Este compartir es una muestra del cariño, la unidad y la fuerza que nos inspiran a seguir trabajando con dedicación”, expresó.
Entre las dirigentes del PLD, podemos destacar la presencia de Flavia García, Sonia Mateo, Mary Kasse, Hayde Fadul, Maritza Lantigua, Tracy Zarzuela, Rosa de De La Rosa, Luisa Ramírez, Marina Espinal, Irma Abad(Chanita), Mirna Tejada, Liliana Marty de Vidal, Aquilina Alcequiez, Dra. Joselyn Sánchez, Esperanza González, Milna Pérez, Victoria Cortorreal, Kenia Castillo y muchas más mujeres valiosas de nuestro PLD.
Las asistentes resaltaron las capacidades de Francisco Javier como hombre de Estado, lo que garantiza que retornemos a un gobierno que dé respuestas oportunas a la gente basado en la participación, el respeto y el desarrollo integral.
Las autoridades del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa del municipio de Baní, provincia Peravia.
NUEVA YORK.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea abrir unos centros de detención en el estado Nueva York, según reportes de prensa. ICE adquirió unas instalaciones para abrir un centro de detención en Chester (NY), confirmó un portavoz sin precisar la ubicación, pero generando protestas de activistas.
“Estas instalaciones estarán muy bien estructuradas y cumplirán con nuestros estándares de detención habituales”, declaró la agencia en un comunicado citado por NY1.
“Los sitios se someterán a estudios de impacto comunitario y a un riguroso proceso de diligencia debida para garantizar que no afecten a los servicios públicos ni a la infraestructura local antes de su adquisición”.
Al parecer la dirección es 29 Elizabeth Drive, un almacén de IEP Chester LLC. que figuraba previamente en un aviso público de compra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Sin embargo, hasta la mañana de ayer no se había presentado la transferencia de la propiedad del almacén ni ninguna otra compra realizada por el ICE en Chester, según la secretaria del condado Orange, Kelly Eskew, publicó Times Herald-Record.
Además se ha informado que la agencia federal de inmigración tiene un contrato de arrendamiento de oficinas en la ciudad New Windsor, en el número 843 Union Avenue, cerca del Aeropuerto Internacional Stewart.
Esto se hizo sin ninguna coordinación con los representantes locales o federales en el área, señaló el supervisor de la ciudad, Stephen Bedetti, según Mid Hudson News.
El congresista demócrata Pat Ryan (NY-18) se mostró furioso por ese informe y está exigiendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que le informe cuándo ICE alquiló u ocupó por primera vez la oficina de New Windsor, cuál fue la duración, el costo y el propósito.
“El gobierno continúa intensificando sus acciones directamente contra la voluntad de los habitantes del Valle del Hudson, quienes rechazan enérgicamente los intentos peligrosos, inconstitucionales y antiamericanos de ICE de invadir nuestra comunidad, aterrorizar a nuestros vecinos y comprometer nuestra seguridad”, declaró Ryan el miércoles.
“Especialmente después de lo que hemos visto en Minnesota: la oleada de agentes que matan civiles, detienen a niños y allanan hogares, deberíamos estar preocupados por sus repetidos intentos de invadir nuestra comunidad”.
Por su parte, el senador estatal (NY) James Skoufis indicó: “Me uní al supervisor Brandon Holdridge y a un grupo bipartidista de funcionarios electos del Valle del Hudson para enviar una carta al Departamento de Seguridad Nacional, donde recalcamos nuestra preocupación por la propuesta instalación del ICE en Chester.
Estas “instalaciones de procesamiento”, que han sido comparadas inhumanamente con los centros de distribución de Amazon Prime, no tienen cabida en el condado Orange. Si bien apoyo la deportación de personas indocumentadas que cometen delitos graves, esta instalación traería el caos a nuestra comunidad.
Además de las obvias y significativas preocupaciones sobre la seguridad pública, existen serios problemas de infraestructura que ponen en peligro la seguridad de quienes serían retenidos allí, de las fuerzas del orden y de los residentes locales”.
El jueves Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en su cruzada compartida contra las redadas de ICE.
Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.
En la víspera, el miércoles la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al anunció una ofensiva contra las posibles acciones represivas de ICE, un día después de que oficiales federales de inmigración abrieron fuego a un auto en Roxbury Township mientras detenían a un hombre hispano.
Según una reciente consulta de Siena College, aunque 43% de los votantes neoyorquinos apoya la deportación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una abrumadora mayoría (61%) desaprueba las tácticas de la administración Trump y las operaciones del ICE en Minneapolis.
(FUENTE: ELDIARIONY)
El Ministerio Público inició este viernes las réplicas a las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, demostrando con pruebas fehacientes la falsedad de los planteamientos de sus abogados en la audiencia preliminar del proceso por la sustracción de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el valor de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
“Ha quedado más que claro, con los elementos el Ministerio Público ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo dentro del tribunal, sino, también a la prensa, tomando datos aislados que por sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.
“Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”, apuntó.
Durante la réplica del Ministerio Público, la titular de la Pepca dijo a la jueza Altagracia Ramírez que las barras de abogados de los acusados se vieron imposibilitadas de defender a sus clientes de la sólida acusación contra los cabecillas de una red de corrupción enfrentada por el Ministerio en el año 2023 cuando puso en marcha la Operación Calamar.
Pidió el rechazo al pedimento de exclusión de las pruebas que fueron debidamente recolectadas por el Ministerio Público.
Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey. “En su afán de confundir, la defensa usa los metadatos de forma maliciosamente incorrecta”, expresó ante el tribunal.
El expediente por corrupción
Los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel Lockward, y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.
